México, 3 Abr (Notimex).- El director del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), Juan Pardinas, consideró necesario mejorar las condiciones de operación del sistema de procuración de justicia para ver resultados palpables en materia de seguridad en el país.
“Antes de reformar las leyes y construir más edificios, es indispensable saber cómo funciona el Sistema de Justicia Penal”; señaló, por lo que existe una brecha en materia de información y ausencia de datos que impide la creación de estrategias y decisiones informadas para el desarrollo de políticas públicas.
En conferencia de prensa para presentar el estudio denominado “Nueve años de ocurrencias en justicia penal: evidencias para entender la crisis de la impunidad”, reconoció sin embargo que existen mejorías tras la puesta en marcha del nuevo sistema de justicia penal, aunque no se han conseguido los resultados esperados.
Mediante el estudio, que consistió en una auditoría ciudadana en el estado de Morelos que fue uno de los primeros en implementar el Nuevo Sistema de Justicia Penal, y que a decir del directivo es un reflejo de lo que ocurre en el país, se observó la importancia de contar con datos que originen a su vez políticas públicas para mejorar la calidad de la impartición de justicia penal en el país.
Hizo ver la importancia de implementar un sistema de cuadrantes para los policías, aumentar el número de defensores públicos y peritos, así como distribuir la plantilla con base en la incidencia delictiva, sumar personal en las agencias del Ministerio Público y atender el rezago.
Pardinas detalló que la auditoría realizada en Morelos ofrece un panorama de las necesidades del país en esa materia y ya existen avances para replicar el estudio en Jalisco; sin embargo subrayó la necesidad de replicarlo en el resto del país para el desarrollo de políticas concretas debido a que “donde no hay evidencia, hay improvisaciones de política pública”.
La investigación, liderada por el director jurídico del organismo, Ricardo Corona, consideró información de los ciudadanos, defensores públicos, policías y empleados de la Fiscalía como peritos y defensores públicos.
Así, 73 por ciento de los ciudadanos no regresaría al Ministerio Público debido a que considera que pierde el tiempo sin obtener resultados, mientras que 48 por ciento percibe que los servidores públicos insinúan algún pago o beneficio, 43 por ciento reconoció haber hecho un pago extra a algún agente del Ministerio Público y 21 por ciento a policías.
En cuanto a los servidores públicos, la investigación arrojó que 76 por ciento considera que la causa del rezago en ministerios públicos es la falta de agentes, 38 por ciento considera que el mayor reto en casos de homicidio está en la calidad de las investigaciones y 28 por ciento mencionó que no se realizan acciones exitosas para atender la violación de los derechos humanos.
En tanto, 87 por ciento de los policías opina que su salario no corresponde a la carga de trabajo que realiza, 65 por ciento de trabajar más de 60 horas a la semana y 42 por ciento no ha recibido capacitación en materia de derechos humanos.
Mientras que 93 por ciento de los empleados de la Fiscalía (peritos y ministerios públicos) considera que su salario no coincide con el trabajo que realiza, 75 por ciento refirió trabajar 50 horas en promedio por semana y 53 por ciento señala que la mayor causa de rezagos en el Ministerio Público es la insuficiencia de agentes.
Así, refirió Corona, con base en el estudio se puede observar que los servidores públicos entrevistados tienen poco conocimiento de los requisitos mínimos de atención durante el procedimiento penal.
Mediante un análisis de 811 expedientes criminales de homicidio y robo concluidos tanto en el nuevo como en el viejo sistema de justicia penal, se observó que los policías cometen omisiones importantes de sus funciones, tales como el registro del modo, tiempo y lugar del delito, así como en la preservación del lugar de los hechos y la búsqueda efectiva de testigos.
En cuanto a las actuaciones de las policías Ministerial o de Investigación, los encargados de investigar el modo, la fecha y el lugar de los delitos y que realizan un informe de investigación al Ministerio Público aportan información limitada para esclarecer los hechos.
Mientras que los servicios periciales, encargados de establecer un método científico y técnicas para resolver un crimen, elaboran dictámenes en los que no hay una búsqueda exhaustiva de indicios ni un correcto procesamiento.
En los Ministerios Públicos, abundó la investigación, con el nuevo sistema de justicia penal existe poca intervención en el lugar de los hechos, aunado a que no se ordenan dictámenes periciales y trámites indispensables para una investigación adecuada.
Además, existen pocas medidas de protección a víctimas, ofendidos, testigos y servidores públicos; ello, aunado a que se archiva un número considerable de expedientes sin la realización de una investigación exhaustiva.
Por lo anterior, aunado a la mejora de las condiciones de operación del sistema de procuración de justicia referidas, el Imco propone la creación de un Comité de Auditoría y Seguimiento, así como la generación de una Unidad Especializada en Investigación de los delitos de robo y homicidio en donde se tramiten las denuncias con las condiciones necesarias para integrar expedientes criminales más completos.
redaccion@yoinfluyo.com
