Prometido como motor de justicia social y desarrollo regional, el Tren Maya ha terminado por consolidarse como uno de los proyectos más onerosos, controvertidos y desiguales en la historia moderna de México. Detrás de la propaganda oficial y del discurso de “rescate del sureste” se esconde un costo monumental no solo en dinero, sino en vidas comunitarias, servicios públicos y oportunidades perdidas.
Un proyecto que cambió de ruta… financiera
Originalmente presupuestado en 156 mil millones de pesos, el Tren Maya hoy asciende a 511 mil 200 millones, según la Auditoría Superior de la Federación. Esa cifra equivale a:
- Todo el presupuesto anual conjunto de la UNAM, el IPN y el Conacyt por más de dos años.
- La construcción de al menos 280 hospitales de segundo nivel, como los de especialidades en zonas urbanas.
- El financiamiento de más de 20 mil escuelas primarias rurales nuevas, con servicios dignos y maestros capacitados.
- La cobertura de alimentos escolares para 25 millones de niños durante todo un ciclo escolar.
Y, sin embargo, la apuesta fue por una obra que en sus primeros seis meses generó apenas 275 millones de pesos en ingresos, contra 2 mil 837 millones en gastos operativos, lo que arroja pérdidas superiores a los 2 mil 500 millones de pesos.
Costos invisibles: lo que no se hizo
En un país con 53.4 millones de personas en pobreza, según Coneval, cada peso cuenta. En lugar de invertir en infraestructura social clave, como drenaje, agua potable, vivienda y caminos rurales, se eligió cubrir la selva con durmientes. Este gasto implicó recortes o subejercicios en programas como:
- Escuelas de Tiempo Completo, canceladas en 2022.
- Seguro Popular y el Fonden, sustituidos por estructuras menos operativas.
- Proyectos de conectividad rural y puentes federales, muchos de los cuales se pospusieron indefinidamente.
El gasto en el Tren Maya ha tenido un efecto de desplazamiento. Para financiarlo, el gobierno ha priorizado obras con poco retorno social inmediato, mientras pospone otras que alivian la desigualdad estructural.
Una deuda disfrazada
El financiamiento del proyecto incluye esquemas poco transparentes a través del FONADIN y Banobras, que no son supervisados con el mismo rigor que el presupuesto federal. El endeudamiento a largo plazo compromete recursos futuros que deberán ser pagados incluso por administraciones posteriores, sin una garantía clara de retorno.
“Estamos hipotecando el país”, alerta el exsubsecretario de Hacienda Arturo Herrera, “con compromisos que no fueron debatidos abiertamente ni aprobados con base en estudios de costo-beneficio sólidos”.
El costo humano: testimonio desde la selva
María López, madre de tres hijos en un ejido de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, resume la contradicción:
“Nos dijeron que habría trabajo y turismo, pero lo que hubo fue ruido, miedo y árboles talados. Vinieron sin pedirnos permiso y ahora tenemos un tren que ni siquiera se detiene aquí. Perdimos nuestros cultivos y nuestra paz”.
Ella y otras 40 familias fueron desplazadas sin un plan de reubicación digno. El Programa de Mejoramiento Urbano prometido para su comunidad aún no se materializa.
Una rentabilidad incierta
El Tren Maya fue diseñado con una lógica turística, pero sin estudios serios de proyección de afluencia. Reportes internos de la SICT revelan que la ocupación promedio en algunos tramos no supera el 30%. Además, el modelo de operación militar (a través del Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares Olmeca-Maya-Mexica) complica la fiscalización ciudadana y el acceso a la información.
El Tren Maya es más que un proyecto ferroviario: es un espejo del modelo de desarrollo que eligió el gobierno. Uno que prioriza lo espectacular sobre lo urgente, lo visible sobre lo funcional, y que ignora el altísimo costo de oportunidad que implica desviar recursos públicos hacia obras de bajo impacto social.
La discusión no debe ser si el sur merece inversión —por supuesto que la merece—, sino si el modelo adoptado realmente lo beneficia o lo condena a nuevas formas de exclusión.
“No hay desarrollo sin justicia. Y aquí, ni nos consultaron, ni nos compensaron. Nos tocó ver cómo el tren pasa, pero no se detiene. Nos prometieron futuro, pero nos arrebataron el presente”.
— María López, habitante desplazada de Quintana Roo
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