El dato parece frío, casi burocrático: el Banco de México recorta la previsión de crecimiento para 2025 a 0.3%, la mitad de lo que proyectaba hace apenas unos meses, después de que la economía se contrajera 0.3% en el tercer trimestre y 0.2% a tasa anual. La inflación, por su parte, se mantiene en 3.61% anual en la primera mitad de noviembre, dentro del rango objetivo pero por encima de lo esperado. Sobre el papel, todo cabe en un comunicado técnico; en la vida diaria, cabe en una frase incómoda: México está caminando más despacio de lo que podría y debiera.
Al mismo tiempo, mientras Banxico dibuja con cifras la desaceleración, en las carreteras se dibuja a fuerza de tráileres detenidos y filas interminables de autos. Los megabloqueos encabezados por organizaciones de transportistas y agricultores han cerrado autopistas estratégicas durante días, frenando el acceso de camiones a los puertos fronterizos con Estados Unidos, retrasando entregas de alimentos y mercancías, encareciendo la logística y generando pérdidas que nadie se toma la molestia de calcular en tiempo real. El enojo por la inseguridad en las rutas y por una propuesta de ley de aguas que se percibe como amenaza al campo es legítimo; la forma de canalizarlo, sin embargo, multiplica los costos para quienes menos margen tienen: pequeños productores, choferes, familias que viven al día.
La fotografía de final de año es paradójica. Por un lado, México registra niveles récord de inversión extranjera directa, más de 40,900 millones de dólares en los primeros nueve meses de 2025, impulsados por la relocalización de cadenas globales y la expectativa de que el T-MEC se mantenga como columna vertebral del comercio norteamericano. Por el otro, el propio banco central admite que el desempeño de 2025 es el peor desde la pandemia y que la economía llegó débil a la revisión del tratado que podría definir la próxima década. El mensaje implícito es claro: sin reglas claras, sin seguridad, sin infraestructura funcional, el milagro del nearshoring puede quedarse en un eslogan.
La renuncia del fiscal general, aprobada por el Senado tras semanas de rumores y en medio de la indignación por el asesinato del alcalde de Uruapan, es otro síntoma de fondo. No se trata solo de un relevo en la cúspide de la procuración de justicia, sino de la constatación de que la violencia ligada al crimen organizado sigue horadando la confianza en el Estado, en lo federal y en lo local. Cuando un alcalde cae asesinado y el mensaje que queda es que nadie está a salvo, la inversión no solo se mide en puntos de PIB; se mide en familias que deciden emigrar, en empresarios que posponen proyectos, en jóvenes que se resignan a la informalidad porque la formalidad luce frágil e insegura.
Es comprensible que los sectores agrario y del transporte levanten la voz ante unos costos que sienten desproporcionados y ante una inseguridad que convierte cada viaje en ruleta rusa. Pero también es cierto que bloquear carreteras, impedir el paso de mercancías y tensar la cuerda logística de un país que aspira a ser “hub” de manufactura para Norteamérica es dispararse en el pie colectivo. La política, cuando funciona, sirve para que la presión legítima se traduzca en reformas y presupuestos, no en colapsos intermitentes de la vida económica.
En paralelo, el mundo manda señales mezcladas. La zona euro pelea por mantener la inflación cerca de 2% sin dañar más el crecimiento y el Banco Central Europeo prefiere pausar nuevos recortes de tasas; la Reserva Federal comienza a bajar lentamente el costo del dinero tras años de endurecimiento. México, en cambio, llega a esta coyuntura con una economía debilitada, una inflación todavía pegajosa y una autoridad monetaria que ha tenido que recortar la tasa de referencia once veces seguidas para no asfixiar la actividad. El margen de error se estrecha.
La pregunta de fondo es si seremos capaces de transformar esta combinación de alerta y oportunidad en un punto de inflexión. Banxico prevé que el crecimiento podría repuntar a 1.1% en 2026 y 2% en 2027, siempre y cuando el T-MEC sobreviva bien a su revisión, la inversión siga fluyendo y el país sea capaz de corregir algunas de sus vulnerabilidades internas. Eso implica cosas muy concretas: seguridad en carreteras, certeza regulatoria, acuerdos razonables en torno al agua y al uso del territorio, disciplina fiscal y una apuesta seria por el capital humano. Nada de esto se resuelve a golpe de bloqueo ni con discursos triunfalistas que ignoran la realidad.
Tal vez la verdadera disyuntiva para México no sea entre crecer 0.3% o 2%, sino entre seguir administrando el conflicto —económico, social, territorial— a base de parches, o dar el salto incómodo hacia una cultura de responsabilidad compartida. El Estado tiene la obligación de garantizar seguridad y reglas parejas; el sector privado, de asumir su papel en la formalización del empleo y en la inversión de largo plazo; la sociedad organizada, de ejercer presión sin destruir los puentes por los que transita la vida de millones. No se trata de pedir paciencia a quienes ya agotaron la paciencia, sino de proponerles algo mejor que el encono estéril.
En un año en el que el Papa viaja a regiones marcadas por la guerra para recordar que la paz es vocación y tarea, México haría bien en recordar que también la prosperidad lo es. No basta con que el mundo nos mire como destino atractivo para sus fábricas; necesitamos mirarnos a nosotros mismos como un país capaz de dejar de estorbarse a sí mismo. De lo contrario, el 0.3% de hoy será solo el preludio de una década perdida más. Si, en cambio, logramos convertir el malestar en acuerdos y los bloqueos en rutas seguras, tal vez dentro de unos años podamos mirar atrás y decir que aquí empezó algo distinto.
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