La irrupción de tractores en las calles de París a inicios de enero visibilizó el descontento del sector agrícola francés frente a un escenario marcado por tensiones sanitarias, económicas y comerciales.
La protesta, encabezada por sindicatos agrarios, se produce en un momento clave para la relación entre la Unión Europea y el Mercosur, tras la firma de un acuerdo de libre comercio que promete beneficios industriales y estratégicos, pero que ha encendido alertas entre productores rurales preocupados por la competencia, los estándares sanitarios y la viabilidad de su actividad en el largo plazo.
Agricultores irrumpen en París por crisis sanitaria y rechazo al acuerdo UE–Mercosur
A inicios de enero, un centenar de tractores ingresó a París pese a la presencia policial, como parte de una movilización encabezada por agricultores franceses. La protesta contó con el respaldo de organizaciones sindicales como la Coordinación Rural y la Federación Nacional de Sindicatos de Explotadores Agrícolas (FNSEA), y se centró en dos ejes principales: el rechazo al acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, y la gestión gubernamental de la crisis sanitaria provocada por la dermatosis nodular contagiosa (DNC).
En los días previos a la manifestación, representantes sindicales sostuvieron reuniones con el primer ministro Sébastien Lecornu. No obstante, los encuentros no lograron frenar la presión del sector, que desde diciembre se había expresado mediante bloqueos de autopistas y carreteras, principalmente en el sur del país.
Dermatosis nodular contagiosa: el detonante sanitario del conflicto
Uno de los principales reclamos de los agricultores se relaciona con el protocolo oficial aplicado frente a la dermatosis nodular contagiosa, el cual establece el sacrificio total del ganado en explotaciones donde se detecta un caso positivo. Diversos sindicatos han rechazado esta medida, al considerarla desproporcionada y económicamente inviable para los productores afectados.
La gestión de esta enfermedad animal fue señalada como el punto de partida del movimiento de protesta agrícola que se intensificó a finales de 2025 y se prolongó durante los primeros meses de 2026.
Un acuerdo comercial de alcance global
El contexto de las protestas coincide con la firma del acuerdo de asociación entre el Mercosur y la Unión Europea, concretada el pasado 16 de enero, tras casi 25 años de negociaciones. El tratado crea la mayor zona de libre comercio del mundo, al involucrar a dos bloques que representan aproximadamente el 25% del Producto Interior Bruto (PIB) global.
El acuerdo deberá ahora obtener el consentimiento del Parlamento Europeo y ser ratificado por los congresos de los países miembros del Mercosur. En términos comerciales, prevé la eliminación progresiva del 90% de los aranceles entre ambos bloques a lo largo de los próximos 15 años. En 2024, el intercambio comercial entre ambas regiones alcanzó los 128 mil 830 millones de dólares.
Aunque el texto contempla cuotas para productos sensibles como carne, azúcar, arroz o miel, y permite la intervención en caso de desequilibrios severos de precios, se establece que las tarifas aplicadas al 77% de las exportaciones agropecuarias del Mercosur hacia la UE se eliminarán en un plazo de diez años.
Temor a la competencia y exigencias del sector agrícola europeo
Los agricultores y ganaderos europeos encabezan las objeciones al pacto comercial, al considerar que enfrentarán una competencia desigual frente a productos sudamericanos, cuyos costos de producción son menores debido a estándares laborales y ambientales distintos.
En respuesta a estas preocupaciones, el Gobierno francés ha planteado tres condiciones clave: una cláusula de salvaguardia que permita suspender la reducción de aranceles en caso de desequilibrios, y la inclusión de cláusulas espejo. Estas últimas exigen que los productos importados cumplan los mismos estándares fitosanitarios, sanitarios y de bienestar animal que rigen para los productores europeos.
Normas ambientales y el peso del Pacto Verde Europeo
El debate sobre el acuerdo UE–Mercosur se inscribe también en el marco del Pacto Verde Europeo, presentado en diciembre de 2019. Este plan contempla un presupuesto cercano a un billón de euros para avanzar hacia una economía sostenible, reducir emisiones contaminantes y promover políticas ambientales y sociales.
Entre sus objetivos centrales se encuentra la descarbonización del sistema energético, responsable de más del 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero en la Unión Europea. Asimismo, la estrategia “de la granja a la mesa” busca garantizar la seguridad alimentaria sin comprometer la biodiversidad, integrando principios de economía circular.
Expertos señalan que las diferencias en normas sanitarias, uso de pesticidas, hormonas y bienestar animal entre la UE y el Mercosur son significativas, lo que ha generado rechazo tanto entre productores como entre consumidores europeos.
Impacto político y sectores en disputa
En países como Francia, Polonia e Irlanda, el sector agropecuario tiene un peso electoral relevante, por lo que la ratificación del acuerdo implica riesgos políticos internos. Analistas coinciden en que los principales beneficios del tratado recaerán en la industria y los servicios, mientras que los costos de ajuste afectarían a sectores agrícolas como la carne bovina, las aves de corral, el azúcar y el etanol.
De acuerdo con estimaciones, una vez implementado en su totalidad, los exportadores europeos podrían ahorrar alrededor de 4 mil 600 millones de dólares anuales en aranceles, principalmente en productos químicos, farmacéuticos, maquinaria industrial y automóviles.
Con el objetivo de contener el descontento del sector, la ministra francesa de Agricultura, Annie Genevard, presentó un plan de medidas con un presupuesto de 300 millones de euros. El paquete incluye 130 millones de euros para el arranque de vides en el suroeste del país, el incremento del fondo del agua de 20 a 60 millones de euros y la duplicación del fondo de apoyo a ganaderos afectados por la dermatosis nodular bovina, que pasó de 11 a 22 millones de euros.
En materia fiscal, el gobierno ha implementado deducciones y exenciones ante el impacto de la inflación, el aumento del valor contable del ganado y la caída del 15% en el valor añadido del sector agrícola durante 2024. Pese a ello, los agricultores continúan señalando la carga burocrática y los acuerdos comerciales internacionales como factores de presión sobre su actividad.
La preocupación global por la pobreza y el papel del campesinado
En el contexto del debate sobre el futuro del sector agrícola y la seguridad alimentaria, la preocupación por las condiciones de vida del campesinado ha sido abordada también desde espacios religiosos y humanitarios. El papa León XIV dedicó el primer gran documento de su pontificado a la defensa de los pobres y a la denuncia de las desigualdades sociales persistentes, incluso en países desarrollados.
En octubre de 2025 se publicó la exhortación apostólica Dilexi te (“Te he amado”), un texto iniciado por su predecesor, Francisco I, y retomado por León XIV tras su elección como pontífice en mayo de ese mismo año. En el documento, el papa advierte que miles de personas mueren diariamente por causas vinculadas a la malnutrición y subraya que la pobreza ya no se limita a los países en desarrollo, sino que se manifiesta de manera creciente en regiones económicamente avanzadas, como Europa.
El pontífice señala que la pobreza es un fenómeno diverso que no se reduce únicamente a la carencia material, sino que incluye formas de empobrecimiento social y estructural asociadas a la desigualdad. En ese marco, expresó su preocupación por las dificultades de acceso a agua y alimentos, así como por las condiciones en las que se encuentran amplios sectores productivos vinculados a la alimentación.
León XIV también cuestiona las interpretaciones que atribuyen la pobreza exclusivamente a la falta de mérito individual y advierte sobre los riesgos de generalizaciones que invisibilizan las causas estructurales del empobrecimiento. Estas reflexiones se insertan en un debate más amplio sobre la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y el papel del campesinado en un contexto de transformación económica, ambiental y comercial.
Entre el libre comercio y la fragilidad del campo
La movilización de agricultores en Francia expone una tensión estructural entre los objetivos de apertura comercial, sostenibilidad ambiental y protección del sector primario. Mientras el acuerdo UE – Mercosur avanza como una apuesta estratégica para fortalecer la posición geopolítica y económica europea, el malestar del campesinado revela los límites de una transición que no logra disipar el temor a la pérdida de competitividad, el impacto de las crisis sanitarias y la presión fiscal acumulada.
En este contexto, el debate trasciende lo estrictamente comercial y se inserta en una discusión más amplia sobre el futuro de la producción de alimentos, la equidad en las reglas del intercambio global y la protección de quienes sostienen los sistemas alimentarios. La preocupación expresada desde distintos ámbitos — económicos, políticos y humanísticos — refleja que el desafío no radica únicamente en eliminar aranceles, sino en construir mecanismos que equilibren el desarrollo económico con la dignidad del trabajo agrícola y la cohesión social.
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