En el artículo pasado me referí especialmente al retroceso y a la ideologización de los Libros de Texto de primaria y secundaria por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Ahora quiero resaltar aquí la violación al Derecho por parte de este gobierno y en este y otros temas.
Señalo algunos ejemplos de cómo la impresión y distribución de los libros de texto constituyen una violación a la Constitución mexicana, en particular al artículo 3°:
1) La Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito (Conaliteg) se encarga de producir y distribuir en todas las escuelas (públicas y privadas) los Libros de Texto. Pero estos libros deben diseñarse conforme a planes y programas de estudio que se revisen y se elaboren de acuerdo con el artículo 3° constitucional. Sobra decir que no hicieron ni planes ni programas.
Esta es la primera violación a su propia reforma constitucional del 2019, que en el párrafo 10° señala que estos planes y programas deben considerar “la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y de diversos actores sociales en la educación…” Además, la SEP se reservó la información por ¡cinco años! ¿Por qué? lo hace además a sabiendas de que el Instituto de la Transparencia (Inai) no puede sesionar.
2) La propia SEP decidió sin consultar a nadie eliminar los libros de matemáticas cuando el artículo 3° (del 2019), en su párrafo 1°, ordena incluir la “enseñanza de las matemáticas”. Todos los errores de contenidos, la anulación de las matemáticas, las lagunas en la parte científica y las confusiones que generan por las fallas pedagógicas violentan el referido artículo 3°.
3) El mismo artículo, en su cuarto párrafo, señala que se debe dar prioridad al principio del interés superior de la niñez, algo que ya se establecía como obligación en el artículo 4° constitucional, pero que en 2019 quiso reiterar en la reforma educativa. Aquí hay otra violación a la Constitución: basta leer en redes sociales la defensa que hacen funcionarios del gobierno de Morena, de profesionales de la adulación o del señor Marx Arriaga para entender que el criterio que prevaleció fue el interés trasnochado de un grupo de personas que tiene más resentimientos que ideas y que lo que terminó de orientar dichos libros fueron “los fanatismos y los prejuicios” que la fracción I del mismo artículo prohíbe.
Organizaciones como la Unión de Padres de Familia presentaron, hace unos meses, un amparo. Una juez federal concedió la suspensión definitiva y ordenó la no impresión y, por lo tanto, la no distribución de los libros de texto.
Pero a la Conaliteg no le importó y mandó a imprimir y distribuir los libros a las entidades que, reitero, no fueron consultadas.
Afortunadamente el gobierno de Guanajuato se negó a distribuirlos porque tenía que acatar lo que establecía la Suprema Corte de Justicia; algo parecido hizo el gobierno de Alfaro en Jalisco; así como el gobierno de Chihuahua encabezado por Maru Campos que, además, valientemente inició una controversia constitucional. Felicidades a quienes encabezan estos tres gobiernos de oposición. Pero no sé por qué los otros gobiernos de los estados -que no son de Morena- no se han pronunciado ni para pedir información. Un silencio que puede ser muy costosos en términos de congruencia.
Vivimos una clara violación sistemática a la Constitución y a las resoluciones del Poder Judicial. Aquí van otros tres ejemplos recientes: la detención del fiscal de Morelos que, aun teniendo fuero confirmado por la Corte el 12 de julio, fue arrestado por orden de la fiscalía de la Ciudad de México y con elementos de la Guardia Nacional (que se incluyen miembros de las fuerzas armadas y que también están obligadas a seguir las resoluciones de la Corte), fue detenido y llevado a la capital; b) el Tren Maya que es una violación diaria a la legalidad; c) el cierre de puertas de Palacio Nacional a Xóchitl Gálvez para acudir a la mañanera.
En México hay una violación sistemática a la Constitución, a las leyes, a las resoluciones de la Suprema Corte. Y todavía hay quienes callan, quienes voltean a otro lado, constitucionalistas que los defienden, gobernadores que guardan silencio… ¿Así creen que se va a respetar una elección?
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