La estrategia debería ser el empleo

Entre las muchas frases que se le escapan al titular del Ejecutivo en sus conferencias mañaneras hay algunas que resultan más alarmantes que otras y otras lo retratan de cuerpo completo. “Ayudando a los pobres va uno a la segura, porque ya sabe que cuando se necesite defender, en este caso la transformación, se cuenta con el apoyo de ellos”, expresó el miércoles pasado y agregó: “No así con sectores de clase media, ni con los de arriba, ni con los medios, ni con la intelectualidad. Entonces, no es un asunto personal, es un asunto de estrategia política”.

Esas palabras disipan cualquier duda de que los programas sociales tienen esa única función en la mente del titular del Ejecutivo y en cierto modo las remesas, a las que se ha referido muchas veces a lo largo de su gobierno casi como un triunfo personal, son también “ayudas sociales”. Considerar estas dos entradas de dinero para las familias como algo positivo es festejar las muletas en lugar de buscar que una persona lastimada recupere la capacidad de moverse sin ellas y esa capacidad de moverse es tener un empleo bien pagado.

Es cierto que este sexenio se ha incrementado “como nunca” el salario mínimo y presume que los trabajadores ahora están mejor pagados. Sin embargo, cabe hacer tres aclaraciones, la primera es que la idea y el empuje original para subir el salario mínimo no fue del titular del Ejecutivo, sino del sector empresarial, en específico de Coparmex, desde finales del sexenio pasado.

La segunda, el aumento del salario mínimo es una buena base, pero precisamente como este monto era tan bajo, los salarios reales incluso entre los trabajadores con menores ingresos estaban por arriba de ese salario mínimo en la mayor parte de los casos. Por lo que en términos reales, el incremento del salario mínimo no genera per se un incremento en los ingresos de la mayoría de la fuerza productiva y los incrementos negociados se quedan muy por debajo de la subida al mínimo.

La tercera, el incremento del salario mínimo de los últimos dos años se ha visto seriamente mermado en su poder adquisitivo por la inflación. El poder adquisitivo de los trabajadores, y de toda la población, se ha visto afectado porque los precios han ido aumentando a niveles no vistos desde hace décadas. Los “remakes” de los pactos ochenteros no han tenido gran éxito en contener la escalada de precios como tampoco lo han tenido los juegos con los subsidios al precio de la gasolina, pero sí han puesto presión innecesaria en el erario.

Pero el escenario realmente negro es que diciembre de 2022 fue el de mayor pérdida de puestos de trabajo en años con una caída de 345 mil 705 empleos, esto provocó que este año se generan menos empleos que el año pasado y se están teniendo empleos con menos sueldo (por encima del mínimo pero por muy poco). Y así el mismo erario también sufre cuando no generan empleos y también cuando no se generan empleos de calidad porque los ingresos por pago de ISR se contraen. (Incluso la reducción generalizada de los sueldos de los burócratas en el primer año de gobierno tuvo un impacto negativo en los ingresos público del que se habló poco).

En otras palabras, al Estado, incluso a uno con un titular que aspira a que las ayudas sociales sean la piedra angular de su gobierno, le conviene tener ingresos y una fuente de ingresos también es tener más empleos de los niveles que generen pago de ISR (además claro de que más empleo sólo se da con más empresas que también generen más ISR). Sin embargo, el titular del Ejecutivo se ha convertido en el principal enemigo del empleo quizá porque en su razonamiento quien tiene empleo deja de depender de las ayudas sociales o de las remesas.

Es el principal enemigo, entre otras cosas, porque constantemente provoca incertidumbre jurídica lo cual espanta la inversión nacional e internacional; porque los cobros por derecho de piso y los gastos para paliar la inseguridad se han convertido en una carga importante ante la falta de acciones contundentes; porque ha vuelto al pasado en donde en lugar de apoyar a los privados, insisten gastar presupuesto en crear empresas estatales nuevamente como el Gas del Bienestar, Litiomex o la compra del nombre de Mexicana para contar con una aerolínea del Estado.

Este último aspecto conviene resaltarlo porque todos esos “emprendimientos” se están haciendo con dinero que debería ser destinado a paliar cientos de huecos que hay en el presupuesto en área de educación, salud, seguridad, etc. y segundo porque el titular del Ejecutivo sí está concretando así una política económica profundamente regresiva que sí apunta a socavar la libertad económica, a vulnerar al erario y a reforzar un círculo viciosos de dependencia de las ayudas sociales que más temprano que tarde será imposible sostener y pueden acelerar la quiebra de las finanzas del país.

Por todo lo anterior, es necesario alzar la voz para hablar de este tema medular en la construcción del México que queremos. Urge presionar para detener ya ese fomento a la dependencia en las ayudas sociales y la concentración del poder económico en el Estado. Hay que impulsar que se aprovechen las ventajas del T-MEC, la debilidad de China en ciertas áreas y las grandes posibilidades de crecimiento que la libertad económica pueden traer a los mexicanos. Es imperativo lograr que la estrategia sea el empleo.

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