México vuelve a confrontar la doble fisura de la tragedia natural y la debilidad humana. En los últimos días, las lluvias torrenciales que azotaron el centro-este del país —Hidalgo, Veracruz, Puebla— dejaron al menos 76 personas muertas, decenas desaparecidas, más de 100 000 hogares afectados. Las imágenes de comunidades aisladas, ríos desbordados, carreteras arrancadas desde sus cimientos, hablan no solo de la furia del clima sino de la urgencia de una respuesta enraizada en la dignidad de la persona.
El fenómeno meteorológico, con lluvias de hasta 600 mm en pocos días, no es un accidente menor: es una advertencia de lo que la ciencia llama “nuevo normal” del clima, y exige un replanteamiento de los sistemas de alerta, la infraestructura pública y la cultura ciudadana. Expertos del sistema universitario mexicano señalan que las medidas de monitoreo, como pluviómetros y sensores de ríos, están atrasadas; muchos poblados sólo reaccionaron cuando el río ya los rodeaba.
Desde la óptica del bien común, cabe preguntarse: ¿cómo construir una sociedad donde cada persona – incluyendo a quienes viven en comunidades remotas o vulnerables – tenga la oportunidad real de protección y rehabilitación? En Veracruz, por ejemplo, 300 000 personas quedaron afectadas, 29 de ellas muertas inicialmente en ese estado; en Hidalgo la tragedia dejó centenares sin vivienda.
El Estado mexicano, por su parte, movilizó soldados y puentes aéreos para atender la emergencia; sin embargo, la crítica se concentra en la decisión de desmantelar en 2021 el fondo (FONDEN) especializado para desastres, lo que plantea un interrogante de responsabilidad institucional y estructura.
Es momento de reconocer que poner a la persona en el centro no es una frase retórica. Significa que la prevención debe llegar a todos lados: a la aldea que ve subir la corriente sin señal, al margen de la ciudad que depende de la infraestructura básica, al ciudadano que espera que la solidaridad institucional no sea tardía. Solidaridad que se traduce en recursos, organización y cultura de riesgo. Subsidiariedad, en que el Estado, los gobiernos locales y las comunidades actúen juntos —no en competencia, sino en colaboración— para que la ayuda sea ágil y personalizada.
La economía y la política no pueden estar al margen: ¿cuánto cuesta no invertir en prevención? ¿Cuál es el costo social-humano de reconstruir sin una educación de riesgo profunda? Los datos duros no engañan: los fondos comprometidos apenas superan los 3 000 millones de pesos de los 19 000 millones dispuestos, y muchas zonas siguen sin caminos abiertos, sin atención médica adecuada. Frente a este panorama, la ética de la responsabilidad exige que no esperemos al próximo desastre para reaccionar.
En ese contexto, el ejercicio del periodismo que cumple con su función social es clave: informar con claridad, visibilizar lo que se omite, cuestionar lo que se descuida, proponer caminos de reparación. En yoinfluyo.com creemos que el desarrollo tecnológico también debe infiltrarse en la prevención: sistemas de alerta temprana, drones de monitoreo, análisis de datos localizados, conectividad para comunidades remotas. La innovación puede ser herramienta de dignidad.
Como sociedad, estamos en un punto de bifurcación: podemos seguir permitiendo que la tragedia encuentre un escenario propicio o podemos construir resiliencia real, donde cada persona tenga garantizado un mínimo de protección, y donde el bien común no sea un ideal abstracto sino una práctica viva. Que este episodio nos sacuda no para lamentar, sino para levantar —juntos— una nueva medida de humanidad.
Porque cuando el cielo se desborda, la respuesta no puede esperar. Y esa espera es una elección.
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