El Instituto Nacional Electoral (INE) anuló la designación de 45 jueces y magistrados que habían resultado electos en las recientes elecciones judiciales, al detectar que no cumplían con los requisitos académicos mínimos establecidos por la ley. La decisión, tomada el 27 de junio, se basó en la revisión de expedientes que revelaron promedios inferiores a ocho en licenciatura y nueve en especialidad, como exige la normativa. La medida afectó a aspirantes de diversas entidades, incluyendo un caso notorio en Veracruz, donde un candidato fue electo desde prisión preventiva. Además, el árbitro electoral determinó que 24 aspirantes adicionales a magistraturas tampoco reunían las condiciones necesarias, elevando a 69 el número total de exclusiones por criterios académicos.
Durante este proceso electoral inédito, más de 900 jueces federales y mil 800 cargos judiciales locales fueron sometidos al voto ciudadano. Sin embargo, la participación apenas superó el 13 por ciento del padrón, lo que amplificó el peso de mecanismos de influencia informal, como las llamadas listas de “acordeones”. Estos documentos impresos, distribuidos entre votantes, contenían los nombres de candidatos recomendados y fueron ampliamente replicados en redes sociales y medios locales. Datos del propio INE revelaron que en el caso del Tribunal de Disciplina Judicial, el 90 por ciento de los votos emitidos coincidió con los nombres incluidos en estos acordeones.
La autoridad electoral invalidó mil 322 casillas por irregularidades como coacción, manipulación de urnas o presencia de propaganda ilegal. Aunque el organismo avaló en términos generales los resultados de la jornada, cinco de sus once consejeros votaron en contra, al considerar que el proceso estuvo viciado por prácticas que distorsionaron la voluntad ciudadana. La crítica se centró en la falta de garantías para un voto informado y libre, especialmente en regiones donde hubo denuncias por entrega masiva de instructivos.
Organizaciones de la sociedad civil como México Evalúa, Artículo 19 y el Centro de Investigación para la Corrupción (MCCI), además de observadores internacionales como la Misión de la OEA, señalaron múltiples deficiencias en la organización y transparencia del proceso. Entre los principales señalamientos están la escasa difusión de perfiles de los candidatos, la falta de criterios uniformes de evaluación, y la posibilidad de que el voto fuera condicionado o manipulado. También se alertó sobre un modelo de elección judicial que privilegia la popularidad o el respaldo partidista por encima del mérito profesional.
El debate sobre la justicia plebiscitaria se intensificó a raíz de estos resultados. La elección vía voto popular fue defendida por el gobierno federal y la presidenta Claudia Sheinbaum como una medida democratizadora que busca romper con las élites judiciales y combatir la corrupción. No obstante, para la oposición y buena parte del gremio jurídico, este modelo representa un riesgo estructural: socava los filtros técnicos, debilita la independencia judicial y abre la puerta a la politización del sistema de justicia.
Datos previos al proceso ya mostraban que más del 50 por ciento de los jueces federales tenían vínculos familiares dentro del Poder Judicial, lo que cuestiona la existencia real de una carrera meritocrática. En ese contexto, la elección judicial no solo no resolvió esas dudas, sino que introdujo nuevas interrogantes sobre la idoneidad de los candidatos y la legitimidad de su llegada al cargo. La inclusión de perfiles sin experiencia judicial, la aprobación de aspirantes con antecedentes penales y la ausencia de exámenes técnicos avivaron la crítica sobre el carácter político de la selección.
El costo del proceso también generó controversia: se destinaron más de siete mil 300 millones de pesos para organizar los comicios, una cifra superior al presupuesto inicialmente aprobado. Aunque el gobierno justificó el gasto como una inversión en participación ciudadana, organizaciones sociales cuestionaron el uso de recursos frente a resultados tan opacos y cuestionables.
El caso ha evidenciado la urgencia de replantear los mecanismos de acceso a la carrera judicial. Más allá del modelo electoral, las voces críticas coinciden en la necesidad de establecer filtros técnicos rigurosos, procesos colegiados con supervisión independiente, y mecanismos que garanticen la transparencia desde la selección de aspirantes hasta la evaluación de su desempeño. También se exige mayor acceso público a las sentencias, la publicidad de audiencias, y la rendición de cuentas por parte del Poder Judicial, temas que continúan pendientes en la agenda de justicia abierta.
La anulación de cargos por razones académicas no es solo una sanción administrativa, sino un reflejo de un sistema en tensión. El reto de fondo sigue siendo construir una judicatura confiable, profesional e independiente, donde el acceso esté regido por el mérito y no por la afinidad política, la popularidad o la presión externa.
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