Una vez más, cuál es su costumbre, Morena y su 4T buscan sorprender a los mexicanos con una iniciativa de ley que trata de imponerse con un procedimiento “fast track” para volver a restringir derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan, logros de muchas luchas sociales históricas.
El pasado 23 de abril el Senado recibió de la presidente Claudia Sheinbaum la iniciativa que pretende una nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la cual inmediatamente fue turnada a comisiones para su discusión y dictamen. Obvio que aun sin haberla leído, todos los legisladores de la autollamada 4T apoyaron su contenido e iniciaron la defensa de la propuesta presidencial.
Cabe recordar que esta iniciativa fue presentada por el ejecutivo como respuesta a que algunos medios de comunicación nacionales transmitieran un comercial de la Secretaria de Seguridad de los Estados Unidos de Norteamérica (USA), Kristi Noem, respecto del programa de expulsiones de migrantes por parte de la administración del presidente Donald Trump, lo que actualmente es legal en México.
Dicha iniciativa, que fue presumida por la 4T a través de sus Senadores, con argumentos populistas tales como: “los principios que la sustentan son soberanía nacional, acceso igualitario a los servicios de comunicación y combate a las injerencias extranjeras en el sistema mediático mexicano”, “garantizará el desarrollo de los sectores de las telecomunicaciones y la radiodifusión”, y que “el Estado asumirá un rol activo y responsable en la administración del espectro radioeléctrico”, la administración será “eficiente, equitativa y transparente, con el objetivo de que los servicios lleguen a todos los sectores de la población, con plena inclusión de las comunidades indígenas y afromexicanas”. * Argumentos tomados del Boletín de Prensa de fecha 25 de abril de 2025, del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Senadores.
Si bien, contiene apartados que según la exposición de motivos pretende establecer las bases políticas en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, en los hechos, no toda reforma tiene los resultados esperados, o dichos.
Pero…… como siempre las iniciativas que responden a conveniencias políticas más que a la búsqueda del bien común, ésta cuenta con muchos peros en las llamadas “letras pequeñas” de la propuesta.
Los legisladores de oposición, así como estudiosos de la materia, después de haber circulado el texto de la iniciativa de Sheinbaum, han encontrado motivos suficientes para argumentar en contra de la iniciativa, pues en verdad atenta a los derechos de los mexicanos.
La iniciativa tiene sesgos de dictadura, pues pretende prohibir a gobiernos de otros países influir a través de propaganda en medios de comunicación nacionales en asuntos nacionales, reforma que de ser aprobada es restrictiva de la libertad de expresión, además de ser contraria a lo acordado por México con USA y Canadá en el T-MEC; y las empresas de radio y televisión que transmitieran propaganda política de gobiernos extranjeros serían sancionadas con multas equivalentes hasta el 5 % de sus ingresos o con la revocación de concesiones y bloqueo de plataformas.
Además, la iniciativa pretende otorgar más facultades a la Secretaría de Gobernación y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, de manera que esta medida podría ser la vía para censurar las críticas al gobierno, en particular en las plataformas digitales.
Como ejemplo de la opinión pública quiero citar lo escrito en Nexos por Raúl Trejo Delarbre, ganador del Premio Nacional de Periodismo en 1994: “la censura es lo más grave. Junto con ella, la Ley que propone el gobierno crearía un sistema de control autoritario, ceñido a criterios políticos y no necesariamente técnicos, sobre las telecomunicaciones y la radiodifusión”. Así las cosas, con el real fondo de la iniciativa morenista.
La iniciativa ya es conocida como la “Ley censura” y ha propiciado la movilización de partidos políticos de oposición y de ciudadanos que se ven amenazados en su libertad de expresión.
El proceso legislativo se pretendió ser realizado en una forma apurada por los senadores cuatroteros, y a los 12 días de presentada la iniciativa, se quería aprobar el dictamen ya elaborado.
Ante la cascada de críticas recibidas a través de diversos actores políticos y sociales, la presidente Sheinbaum ha ordenado a “sus legisladores” detener la aprobación del dictamen, e instruye “para que no se diga que estamos imponiendo, que se abra la discusión sin problema, que se enriquezca la propuesta que hicimos, en el marco de lo que se presentó, y que una vez que esté clara la orientación de esta ley se llame a un período extraordinario. (…) Todos los artículos tienen que aclararse, para que no demos ningún argumento ni a la oposición ni a nadie de que lo que queremos es censurar”.
Hoy en día, la iniciativa de ley se encuentra en comisiones de la Cámara de Senadores y habrá de ser “foreada” antes de su aprobación. Pero los legisladores de oposición ya han criticado fuertemente el proceso de los conversatorios convocados por Morena sobre la Ley de Telecomunicaciones, calificándolos como una burda estrategia para legitimar una iniciativa a todas luces autoritaria, señalan que dichos foros carecen de seriedad, profundidad y efectos reales, por lo que han decidido no participar. “A los expertos les darán solo cinco minutos y a los senadores tres para intervenir. Eso no es debate”, argumentan los panistas.
En mi concepto, en verdad los gobiernos de la 4T tienen esa tendencia al autoritarismo que por tantos años sus miembros condenaron, pero ahora en el poder público no dejan de caer en la tentación de lograr, a como dé lugar, el control totalitario y su venganza. El proceso de publicitar y “forear” el contenido de la iniciativa antes de aprobarla, no dejará de ser solo una forma de lograr que “el pueblo bueno y sabio” valide, aun sin conocer ni entender, los alcances de la ley, ese perverso contenido que señala la oposición.
Esta reforma huele a dictadura, pues tiene entre sus principales características una concentración de todo el poder, falta de libertades, censura, inseguridad jurídica, y otras formas típicas del actuar en el gobierno de un dictador.
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