Prohibir chatarra, no elimina obesidad

De acuerdo con el sector empresarial, la prohibición de productos chatarra para menores de edad en Oaxaca no soluciona el problema de raíz, sólo afecta la economía de las familias oaxaqueñas.



El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) aseguraron que la decisión tomada por Oaxaca al prohibir la venta, distribución o promoción de productos chatarra a menores de edad no es la solución adecuada a los problemas de salud y sólo afecta la economía de las empresas de ese sector, en especial de los pequeños productores.

Con 31 votos a favor, el pleno de la Cámara de Diputados de Oaxaca, aprobó la reforma al artículo 20 Bis de la Ley de los Derechos de Niñas, Niñas, Adolescentes del estado de Oaxaca y con el respaldo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Oaxaca se convirtió en la primera entidad en México en prohibir venta de comida y bebidas chatarra a menores de edad.

“La #LXIVLegislatura del estado de Oaxaca aprueba modificar la Ley de los Derechos de Niñas, Niñas, Adolescentes para prohibir vender, regalar, distribuir o promocionar productos no saludables a menores de edad”, indicó el Poder Legislativo de Oaxaca en su cuenta de Twitter.

Según Unicef, uno de cada 20 menores de cinco años y uno de cada tres que se ubican entre los 6 y 19 años padecen obesidad o sobrepeso en México. Esa situación ubica a México entre los primeros lugares en obesidad infantil del mundo.

Economía de familias oaxaqueñas, afectada

Ante la decisión tomada en Oaxaca, el sector empresarial externó sus preocupaciones y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) fueron las primeras instituciones en evidenciar los contras que ese decreto podría traer a la economía mexicana.

Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que es liderado por Carlos Salazar Lomelín, indicó que clasificar a los alimentos como buenos o malos, y prohibirlos no es la ruta para combatir los problemas de salud en el país.

“Esta medida, además de no generar acciones reales para atacar el problema de raíz, daña a las cadenas de valor en plena pandemia, en particular a los pequeños comercios”, comentó el CCE por medio de un comunicado publicado en su cuenta de Twitter y recalcaron que la mayoría de los comercios pequeños obtienen la mayoría de sus ingresos de la venta de esos productos.

Además, el CCE aseguró que como la reforma a la Ley sólo se refiere a productos envasados, la nueva prohibición podría generar una competencia desleal y fomentar el comercio informal, con “afectaciones a las miles de familias que laboran en el sector de producción, venta y distribución de esos productos”.


El CCE también aseguró estar consciente de los retos de salud que tiene la población, particularmente en el tema de la obesidad infantil. “Hacemos un llamado a las autoridades estatales y federales a establecer un verdadero diálogo para atender los problemas de salud de la población”, finalizó el Consejo.

Por otro lado, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) publicó en sus redes sociales un comunicado en conjunto con instituciones como la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas (ANPRAC), la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (Antad), la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), entre otras y aseguró que la decisión tomada en Oaxaca afecta el bienestar de las familias oaxaqueñas.

“Los sectores productivos estamos a favor de la salud y bienestar de los oaxaqueños, de manera proactiva no vendemos productos directamente en instituciones educativas”, afirmaron las instituciones en el comunicado y rechazaron la reforma a la ley, pues afecta la economía y bienestar de las familias de ese estado.

En el comunicado se puso el ejemplo de la venta de chocolate oaxaqueño, granolas, yogures y cereales, que no se venderán en restaurantes o tienditas y esa situación no sólo no va a resolver el problema de obesidad, sino que también va a incentivar el mercado informal. “Impactará negativamente a las familias de miles de oaxaqueños que dependen de su venta, distribución y comercialización”.

Por último, las instituciones reiteraron su disposición a trabajar de la mano de los Poderes Legislativo y Ejecutivo para buscar soluciones que incentiven el desarrollo económico y social de las familias oaxaqueñas.

 

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@yoinfluyo

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