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Morena viola la ley al contratar inserciones de la Consulta Popular

El Poder Legislativo tiene atribuciones claras sobre las consultas populares, en las que no se incluye la difusión, menos aún si esta se aparta del principio de imparcialidad, neutralidad y busca influir en las preferencias de los ciudadanos, indicó el INE.



Por unanimidad los integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenaron a los grupos parlamentarios de Morena en la Cámara de Diputados, del Senado, y de cualquier Congreso estatal, así como al periódico La Jornada, se abstengan de contratar y difundir cualquier tipo de inserción sobre la Consulta Popular a celebrarse el próximo domingo 1 de agosto.

La medida cautelar fue emitida en su vertiente de tutela preventiva por considerar que "bajo la apariencia del buen derecho, existe una campaña o estrategia propagandística auspiciada, contratada o patrocinada por un grupo de diputadas y diputados de Morena relacionada con la difusión de la Consulta Popular, contraviniendo con ello, el marco constitucional y legal, toda vez que es el INE como autoridad del Estado quien tiene la facultad exclusiva para difundir información relacionada con ese ejercicio ciudadano".

Esta disposición se dio en respuesta a la queja presentada ante el árbitro electoral por el diputado local en la Ciudad de México, Federico Döring (PAN) quien solicitó al INE emitir una medida cautelar en contra de las publicaciones hechas en la portada del periódico La Jornada los días 23, 24, 25, 26 y 27 de julio, relacionadas con inserciones alusivas a la Consulta Popular, en las que aparece como responsable de la publicación la “diputación del partido Morena”, lo que del diputado panista indicó que contraviene la normatividad al implicar un posible uso de recursos públicos para buscar incidir en el resultado de dicha Consulta, solicitando como medida se ordene a los denunciados dejen de realizar tales publicaciones.

Los consejeros Adriana Favela, Claudia Zavala y Ciro Murayama, integrantes de la comisión, advirtieron que los hechos y datos que se incluyen en las inserciones objeto de denuncia pueden provocar confusión y desinformación en la ciudadanía, en detrimento de las garantías constitucionales y convencionales que deben observarse en dicho ejercicio de democracia directa, particularmente el del voto u opinión libre e informada, pues el planteamiento que se contiene en las inserciones denunciadas se aparta de la pregunta aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que será motivo de la Consulta Popular.

Sobre el posible uso de recursos públicos en las inserciones de prensa señaladas, los consejeros consideraron que se trata de un asunto de fondo sobre el que deberá pronunciarse la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Los consejeros de la Comisión de Quejas subrayaron que el Poder Legislativo y los grupos parlamentarios tienen atribuciones claras sobre las consultas populares, en las que no se incluye la difusión, menos aún si esta se aparta del principio de imparcialidad, neutralidad y busca influir en las preferencias de los ciudadanos.

 

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@yoinfluyo 

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