Venezuela atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente tras la captura del presidente Nicolás Maduro y la intervención directa de Estados Unidos en el país. Este episodio se produce sobre una base social profundamente deteriorada, marcada por más de una década de crisis económica, migración forzada, restricciones a la libertad de expresión y una emergencia humanitaria documentada por organismos internacionales.
En este contexto, la atención se ha centrado no solo en las implicaciones políticas y geopolíticas del acontecimiento, sino en su impacto inmediato sobre la población civil y en la respuesta de la comunidad internacional para atender las necesidades humanitarias derivadas del conflicto.
Una crisis social prolongada
Durante más de una década, organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos han documentado de forma sistemática el deterioro de las condiciones de vida en Venezuela. Instituciones como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y organizaciones no gubernamentales como Provea, Foro Penal y Espacio Público han construido un registro detallado del impacto social, económico y humanitario del periodo de gobierno de Nicolás Maduro.
La falta de información oficial se convirtió en una constante. El Instituto Nacional de Estadística (INE) dejó de publicar durante años indicadores clave como los niveles de pobreza. Cuando en 2018 retomó la difusión de cifras, aseguró que la pobreza había disminuido, pese a que el país atravesaba una hiper inflación acumulada de 130,060 %. Esta opacidad obligó a organismos internacionales a recurrir a metodologías propias para dimensionar la crisis.
Las protestas sociales marcaron varios momentos críticos. Entre 2013 y 2018, al menos 215 personas murieron en el contexto de manifestaciones antigubernamentales, de acuerdo con Provea. En 2019 se documentaron 67 fallecimientos adicionales durante y después de protestas, y en 2024, otras 25 personas perdieron la vida en apenas cuatro días de manifestaciones postelectorales. En 2018, un panel de expertos independientes designado por la Organización de Estados Americanos (OEA) concluyó que existían fundamentos razonables para afirmar que en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad, responsabilizando tanto a fuerzas de seguridad estatales como a grupos civiles armados.
El colapso económico ha sido uno de los más severos registrados en tiempos de paz. Según el FMI, en 2024 la economía venezolana representaba apenas el 28 % de su tamaño en 2013. Casi tres cuartas partes del producto interno se perdieron en poco más de una década, una contracción comparable únicamente con países devastados por conflictos armados. Las consecuencias sociales han sido profundas: la última Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) estima que el 86.9 % de la población vive en situación de pobreza, con carencias generalizadas de alimentos y medicamentos.
Migración forzada y deterioro del espacio informativo
La crisis interna derivó en un éxodo masivo. De acuerdo con ACNUR, 7.9 millones de personas han abandonado Venezuela, cerca del 30 % de la población que tenía el país al inicio del gobierno de Maduro. Se trata de la segunda mayor crisis migratoria contemporánea, solo detrás de Siria. La mayoría de las personas desplazadas permanece en América Latina y el Caribe, con Colombia, Perú y Chile entre los principales países de acogida.
Las proyecciones indican que esta tendencia continuará. La Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V) prevé que el número de migrantes y refugiados venezolanos alcanzará 7.03 millones en 2025 y 7.32 millones en 2026.
En paralelo, el espacio informativo se redujo de forma significativa. Reporteros Sin Fronteras documentó la desaparición de más de 100 ediciones impresas de periódicos como consecuencia del control estatal sobre el papel prensa y de un marco legal restrictivo. Espacio Público contabiliza al menos 300 emisoras de radio clausuradas desde 2003, con la mayoría de los cierres ocurridos durante la gestión de Nicolás Maduro.
El escenario posterior a la captura de Nicolás Maduro
El 5 de enero de 2026, Estados Unidos negó ante el Consejo de Seguridad de la ONU estar en guerra contra Venezuela, tras la detención del presidente Nicolás Maduro y el anuncio de una administración provisional hasta que se concrete una transición política. Washington descartó que la operación constituyera una ocupación, aunque reconoció la activación inmediata de procesos judiciales en territorio estadounidense, incluyendo cargos por narcotráfico contra Maduro y otros dirigentes del chavismo.
La intervención ha sido comparada con la operación estadounidense en Panamá a finales del siglo XX, cuando fue derrocado Manuel Noriega bajo acusaciones similares. En el contexto actual, la Casa Blanca ha vinculado sus acciones a una estrategia de seguridad que retoma elementos de la doctrina Monroe, ahora bajo lo que funcionarios han denominado el “corolario Trump”.
Desde el inicio de la presión contra el régimen chavista, Estados Unidos calificó a Venezuela como un narcoestado y a su liderazgo como una estructura criminal. El ejército estadounidense ha realizado operaciones navales en el Caribe y el Pacífico, incluyendo bombardeos a embarcaciones señaladas como narcolanchas, con un saldo de 107 personas fallecidas, así como la incautación de cargamentos petroleros.
Impacto humano inmediato: víctimas y colapso de servicios
Tras los ataques estadounidenses, el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, informó la muerte de 100 personas entre civiles y militares. Cuba confirmó el fallecimiento de 32 de sus ciudadanos que participaban en misiones oficiales en el país. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, decretó siete días de duelo nacional.
Organizaciones civiles y medios locales reportaron cifras divergentes. Algunas estimaciones señalan 42 militares fallecidos y al menos dos civiles muertos, además de decenas de heridos. Entre las víctimas civiles identificadas se encuentran una mujer de 80 años en Catia La Mar y una mujer colombiana de 45 años en el sector de El Volcán, zonas afectadas por impactos de misiles.
La infraestructura de Caracas y del estado La Guaira resultó dañada. Explosiones registradas durante la madrugada provocaron la caída del suministro eléctrico en amplias zonas del sur de la capital, así como fallas intermitentes en Miranda y Aragua. También se reportaron interrupciones en telecomunicaciones, escasez de agua y combustible, y afectaciones a estaciones de bombeo.
El espacio aéreo quedó prácticamente paralizado. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos emitió restricciones de emergencia que derivaron en la cancelación masiva de vuelos en el Caribe, mientras las fronteras venezolanas permanecen bajo vigilancia reforzada.
Ayuda humanitaria y respuesta internacional
Ante el riesgo de un colapso sanitario, Brasil anunció una operación de ayuda humanitaria dirigida a Venezuela. El ministro de Sanidad brasileño, Alexandre Padilha, informó que el país vecino mantiene alrededor de 16,000 personas bajo tratamiento de diálisis, lo que representa cerca del 10 % de los pacientes renales atendidos en Brasil. La destrucción de un centro de distribución sanitaria en Venezuela puso en riesgo el suministro de insumos médicos esenciales.
Brasil priorizó el envío de equipos y medicamentos para pacientes con insuficiencia renal, destacando la necesidad de actuar con rapidez para evitar una crisis de salud pública con impacto regional. La operación contempla la participación del sistema público de salud brasileño y del sector privado.
La ONU continúa brindando asistencia tanto dentro de Venezuela como a los casi ocho millones de personas desplazadas en el extranjero. Asimismo, ha reiterado su llamado al levantamiento de las sanciones económicas y financieras impuestas desde 2017 y mantiene una respuesta coordinada junto con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en 17 países de América Latina y el Caribe. Esta plataforma ha facilitado la regularización migratoria de más de 4.5 millones de venezolanos, otorgándoles acceso a documentación, protección y servicios esenciales.
La situación en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro se desarrolla sobre un tejido social previamente fracturado por años de colapso económico, violencia política y debilitamiento institucional. Los efectos inmediatos de la intervención — pérdidas humanas, afectaciones a infraestructura crítica, interrupción de servicios básicos y parálisis operativa del país — han profundizado una crisis que ya había provocado el desplazamiento de millones de personas dentro y fuera de sus fronteras.
La activación de mecanismos de ayuda humanitaria, particularmente en el ámbito sanitario, evidencia el reconocimiento regional e internacional de los riesgos que enfrenta la población venezolana, así como el potencial impacto transfronterizo de una crisis prolongada. Mientras persisten la incertidumbre política y las restricciones a la movilidad, el desarrollo de los acontecimientos dependerá tanto de la evolución del escenario interno como de la capacidad de los actores internacionales para articular respuestas que mitiguen el impacto social y humanitario de una de las crisis más complejas del continente.
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