Morelos y Jalisco son los estados que representan mayores riesgos para la adecuada implementación de sus sistemas locales anticorrupción, aseguraron Juan Pardiñas y Max Kaiser, del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO); Eduardo Bohórquez, de Transparencia Mexicana, y Gerardo Trejo, de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Las instituciones antes mencionadas han dado a conocer al público el “Semáforo Anticorrupción”, que observa el avance legislativo de las entidades federativas respecto del Sistema Local Anticorrupción, en dos ámbitos: la reforma correspondiente a la Constitución local, así como las de las leyes ordinarias en la materia, y se verifica si existen estas normas, si en su caso existe una iniciativa ante el Congreso y si éstas tienen características satisfactorias, regulares o deficientes, o si definitivamente no las hay.
Respecto a la observación hecha hasta el momento, sólo Nayarit y Chiapas están en condiciones legales de echar a andar sus sistemas anticorrupción. Jalisco, por su parte, sólo incorpora el Sistema de manera general, pero sin modificar el Tribunal Administrativo ni incluir un nuevo régimen de Responsabilidades Administrativas, en tanto que Morelos tiene un alto riesgo de inconstitucionalidad, ya que el Comité de Participación Ciudadana es electo por el Congreso del Estado, lo que es contrario al modelo del Sistema Nacional Anticorrupción. En Veracruz, la reforma también es deficiente. En general, sólo 10 estados tienen una reforma constitucional satisfactoria y otros 9 aún no cuentan con la misma.
Por otro lado, en cuanto a las leyes secundarias locales, 24 estados aún no cuentan con una Ley del Sistema Local Anticorrupción ni con una iniciativa al respecto. IMCO, Coparmex y Transparencia Mexicana destacan como casos de llamar la atención la ley de Guanajuato que incluye sistemas municipales, los cuales -en su opinión- son innecesarios y podrían complicar el funcionamiento del Sistema local. Morelos procesa una iniciativa de ley que reproduce los problemas de la reforma constitucional, y que prevé una Secretaría Ejecutiva dependiente de la Fiscalía Anticorrupción, lo que inhibe la operación independiente del órgano técnico del Comité Coordinador del Sistema.
La fecha límite para que los estados de la República tengan el marco legal propio de sus sistemas locales, es el 18 de julio, por lo que esta estrategia de monitoreo e información se lanza con el objetivo de que dichas leyes se produzcan en tiempo y forma, haciendo el llamado con algunos meses de anticipación para que la sociedad presione a los legisladores a cumplir con esta obligación, aun cuando no exista una sanción de tipo jurídico.
Eduardo Bohórquez señaló que lo que están haciendo es “poner orden en la casa”, integrar estructuras de control y fiscalización, que hoy parecen muy sofisticadas, pero que son básicas, así se pretende en un tiempo muy corto “lo que debimos hacer los último 100 años”.
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