La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reconoció la labor que lleva a cabo el Poder Judicial federal mexicano, al considerar que con las sentencias que emite en materia de competencia económica brinda certidumbre jurídica.
De acuerdo con un reporte elaborado por ese organismo, en coordinación con la Secretaría de Economía y el Poder Judicial en 2016, esa certidumbre jurídica está a cargo de los órganos jurisdiccionales especializados.
El informe proporciona un panorama general de experiencias internacionales relacionadas con el papel de dichos órganos en la aplicación de la política de competencia.
También se confirma que México cumple con los estándares internacionales en la materia, mediante la implementación de las mejores prácticas, tal y como ocurre en Reino Unido, Australia y Francia, entre otros países miembros de la OCDE.
De manera particular y en el caso de México, destaca la especialización en el derecho de la competencia y los beneficios que genera, como son mayor eficiencia, uniformidad y decisiones de calidad.
Con ello se garantiza certidumbre jurídica, indispensable en la toma de decisiones en beneficio de los consumidores, los participantes de mercado y la economía nacional.
El reporte fue presentado inicialmente en México por el secretario general del organismo internacional, José Ángel Gurría Treviño; el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal; y el ministro Alberto Pérez Dayán, el 9 de enero de pasado en el foro Competencia y Regulación.
Ahora se presentará a nivel internacional, en el seno de la 127 Reunión Oficial del Comité de Competencia de la OCDE, el próximo 23 de junio en el centro de conferencias de esa organización, en París, Francia.
En ese evento, el Poder Judicial de la Federación, a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, expondrá sus experiencias en la materia.
En concreto, se reseñarán los casos más emblemáticos resueltos hasta ahora por la Suprema Corte y los Tribunales Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones.
Asimismo, la forma en que éstos han incidido en el cumplimiento de los objetivos constitucionales que rigen la competencia económica.
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