México vive una paradoja brutal: mientras el país exige justicia en las calles, el gobierno propone que el Poder Judicial sea “electo por el pueblo”, pero bajo una simulación jurídica, una propaganda encubierta y escándalos que lo deslegitiman de origen.
La llamada “elección del Poder Judicial” —impulsada desde Palacio Nacional— carece de legalidad, transparencia, garantías de autonomía y limpieza democrática. Los once candidatos preseleccionados están bajo sospecha por vínculos con el crimen organizado, y las restricciones legales impiden hacer campaña… aunque todos la hacen.
“Esto no es justicia popular. Es una operación de subordinación institucional disfrazada de participación”, denunció el jurista José Ramón Cossío, exministro de la Suprema Corte.
Candidatos “populares”… pero con vínculos criminales
La lista de los once aspirantes preseleccionados por el Ejecutivo para los nuevos órganos judiciales ha encendido todas las alarmas. Reportes de inteligencia filtrados por medios nacionales y agencias extranjeras vinculan a al menos siete candidatos con grupos del crimen organizado, particularmente en los estados de Sinaloa, Guerrero y Veracruz.
Uno de los aspirantes, exjuez de distrito, fue denunciado por encubrir a operadores financieros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Otro, exfuncionario judicial en la frontera norte, tiene investigaciones abiertas por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
La organización México Unido Contra la Corrupción advirtió en un informe:
“La ausencia de filtros y el control del Ejecutivo sobre la selección ha permitido que perfiles con nexos criminales lleguen a la boleta judicial.”
Campañas que no deben existir… pero existen
La ley prohíbe que los candidatos hagan campaña política abierta por tratarse de órganos jurisdiccionales. Sin embargo, en redes sociales, giras encubiertas, foros “académicos” y entrevistas pagadas en medios, los aspirantes han comenzado a vender sus méritos como si se tratara de una elección presidencial.
“He recorrido más de 15 estados para escuchar al pueblo y llevar la justicia a donde nunca ha llegado”, dijo uno de los postulantes, exasesor de Presidencia, en un acto que fue calificado como “ilegal” por el Instituto Nacional Electoral.
La contradicción es absoluta: ni campañas, ni difusión, ni claridad en el voto… pero sí propaganda oficiosa y encubrimiento del proceso.
El silencio forzado: imposible difundir, imposible elegir
El INE ha declarado que no puede promover la elección judicial porque no hay un marco normativo que la regule, y los medios de comunicación no tienen permitido difundir perfiles o propuestas judiciales de los aspirantes.
Es una elección a ciegas. Ni los ciudadanos saben por quién votan, ni los candidatos saben qué pueden decir. Es una aberración jurídica y democrática.
Esta ambigüedad favorece a quienes tienen recursos, estructuras clientelares y apoyo mediático gubernamental, es decir, los afines al poder.
El respaldo incondicional del gobierno y la desconfianza internacional
Desde la mañanera, la presidenta Sheinbaum ha defendido la elección judicial como un acto de “democratización profunda”. Sin embargo, los organismos internacionales, las calificadoras y los mercados no piensan igual.
- Moody’s, Fitch y Standard & Poor’s han expresado preocupación por la pérdida de independencia judicial.
- Human Rights Watch y la CIDH han advertido que este modelo vulnera el sistema de contrapesos y puede derivar en persecución judicial selectiva.
“Un juez que llega al cargo por un aparato político no será juez del pueblo, sino del poder que lo colocó allí”, afirmó Tamara Taraciuk, directora de HRW para las Américas.
La contradicción de fondo: elegir para subordinar
Aunque se pregona que esta reforma busca acercar la justicia al pueblo, todo el diseño apunta a su subordinación al Ejecutivo.
En Centesimus Annus, san Juan Pablo II advierte que una verdadera democracia está basada en el Estado de derecho y en una división efectiva de poderes que asegure el bien común y la justicia para todos.
Lo que se está gestando en México no es justicia popular, sino colonización judicial.
El poder que no equilibra, legitima la injusticia
La elección judicial en curso es una simulación disfrazada de democracia. No hay normas claras, no hay campañas legales, no hay filtros técnicos, no hay autonomía garantizada. Lo que hay es un cochinero: perfiles cuestionables, ilegalidad estructural y propaganda ideológica.
Si la justicia es subordinada, el pueblo no gana nada: pierde la garantía de sus derechos, la protección frente al abuso del poder y la esperanza de vivir en un país con legalidad.
Papa Francisco lo comentó en diversos momentos, particularmente en su discurso a los participantes del encuentro de Comités para los Derechos Sociales (2019), cuando expuso que: “Cuando la justicia se desentiende del sufrimiento de los pobres, deja de ser justicia y se convierte en instrumento del poder.” También manifestó y queda como anillo al dedo en la situación actual de México que “No puede haber democracia con una justicia parcializada o instrumentalizada.”… Habrá que estar atentos a la futura “elección”
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