El pasado 19 de septiembre, el Infonavit publicó en el Diario Oficial de la Federación una medida que, en el discurso, busca apoyar a los trabajadores de menores ingresos: fijar un precio máximo de 630 mil pesos para las viviendas que construya o rehabilite bajo el Programa de Vivienda para el Bienestar.
El instituto asegura que con ello se garantiza que los trabajadores que ganan entre uno y dos salarios mínimos accedan a vivienda digna. Pero la realidad del mercado inmobiliario mexicano muestra un panorama más complejo y, en muchos casos, poco alentador.
El divorcio entre los sueldos y la vivienda
En México, más de 19 millones de personas enfrentan rezago habitacional, según el Coneval. Y aunque el salario mínimo se ha incrementado en los últimos años, sigue siendo insuficiente frente a los precios del mercado inmobiliario.
De acuerdo con la Sociedad Hipotecaria Federal, el costo promedio de una vivienda nueva en zonas urbanas supera el 1.3 millones de pesos. Es decir, el doble de lo que Infonavit propone como techo.
Para muchos trabajadores, el anuncio suena desconectado de su realidad. Claudia Ramírez, empleada de limpieza en la Ciudad de México, lo expresa con crudeza:
“630 mil suena bien, pero aquí en la capital no hay casas en ese rango. Si me mandan a vivir hasta el Estado de México, ¿qué gano? Voy a gastar más en transporte que en renta”.
Este testimonio evidencia el riesgo de que el programa se convierta en una política de números y no de soluciones.
El espejismo de las casas baratas
El Infonavit plantea dos modalidades: construir nuevas viviendas y rehabilitar las abandonadas. Sobre el papel, ambas parecen viables. En la práctica, la historia reciente advierte lo contrario.
Un estudio del Colegio de México mostró que más del 30% de las viviendas financiadas por Infonavit en las últimas dos décadas terminaron abandonadas. Las razones: lejanía, falta de servicios, inseguridad y costos de transporte insostenibles.
“Lo que preocupa es que volvamos al mismo modelo: casas baratas en zonas sin hospitales, sin escuelas y sin transporte. Eso no es vivienda digna, es expulsar a los pobres a la periferia”, advierte Ernesto López, investigador del Instituto de Geografía de la UNAM.
Una medida con sabor a propaganda
Si bien el discurso oficial habla de bienestar y justicia social, la medida también parece responder a una necesidad política: mostrar que se “atiende” a los trabajadores justo en un momento en que la carestía y la especulación inmobiliaria son cada vez más visibles.
La Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) ha sido clara: con un tope de 630 mil pesos es prácticamente imposible construir viviendas en las principales zonas urbanas del país. “Tal vez en municipios pequeños funcione, pero en ciudades como Guadalajara, Monterrey o CDMX, es insostenible por el precio del suelo y materiales”, explicó su presidente Luis Gutiérrez.
El riesgo, advierten especialistas, es que este programa se convierta en una vitrina propagandística, con pocas viviendas efectivamente habitables y una nueva oleada de fraccionamientos fantasmas.
Vivienda y justicia social: el trasfondo ético
La filosofía centrada en la persona ha insistido en que la vivienda no es un lujo, sino un derecho humano ligado a la dignidad y la estabilidad de las familias. Sin embargo, la política habitacional mexicana ha reducido históricamente el concepto de “hogar” a créditos y metros cuadrados, ignorando la calidad de vida que implica habitar un espacio integrado a la comunidad.
El padre José Luis Segura, párroco en Ecatepec, lo resume así: “El gobierno presume casas baratas, pero si la gente no puede vivir en ellas con dignidad, no sirven. Sin servicios, sin seguridad, sin comunidad, no hay hogar”.
Para trabajadores como Alfredo Hernández, operador de tráiler en Querétaro, la noticia despierta ilusión: “Después de 15 años de aportar al Infonavit, por fin veo una oportunidad. Pero temo que me manden a vivir a una colonia donde no haya transporte ni seguridad. No quiero que me pase lo mismo que a mis primos, que terminaron abandonando la casa”.
Por el contrario, para Mariana López, cajera en Monterrey, el programa suena insuficiente:m“El Infonavit dice que me ayuda, pero en realidad no hay casas en mi ciudad que entren en ese rango. No sé si reír o llorar”.
Ambas voces muestran la tensión entre la promesa oficial y la realidad cotidiana.
El reto que Infonavit no enfrenta
Más allá de topes de precio, el verdadero desafío es la planeación urbana. México lleva décadas construyendo ciudades fragmentadas, donde los más pobres son expulsados a la periferia mientras los servicios y empleos se concentran en el centro.
El urbanista Roberto Eibenschutz lo advierte: “El problema de la vivienda en México no es financiero, es estructural. Hemos normalizado la exclusión territorial. Si no se corrige ese modelo, el nuevo programa fracasará como los anteriores”.
El Infonavit presume un tope de 630 mil pesos como una solución a la crisis habitacional, pero en el mejor de los casos se trata de un paliativo limitado y, en el peor, de un nuevo espejismo político.
La vivienda digna no puede reducirse a un precio máximo. Se trata de garantizar hogares con servicios, transporte, seguridad y comunidad. Sin esto, el programa solo repetirá los errores de las últimas décadas: casas baratas, pero inhabitables.
Como recuerda Mariana, la trabajadora regiomontana: “No quiero una casa que tenga precio bajo, quiero un hogar donde mis hijos vivan seguros y con oportunidades”.
Ese es el verdadero pendiente que ni el Infonavit ni los gobiernos recientes han logrado resolver.
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