Trabajo decente: el derecho que millones aún no tienen

El 7 de octubre de cada año, la Jornada Mundial por el Trabajo Decente convoca a millones de trabajadores, sindicatos, empresas y gobiernos a reflexionar y actuar sobre una realidad urgente: el empleo digno sigue siendo un derecho negado para buena parte de la humanidad.

La iniciativa fue lanzada en 2008 por la Confederación Sindical Internacional (CSI), que representa a más de 200 millones de trabajadores en 163 países. Desde entonces, se ha convertido en un símbolo de resistencia frente a la precariedad, la desigualdad y la explotación. “El trabajo decente es la base de sociedades justas, democráticas y sostenibles”, recordó Sharan Burrow, ex secretaria general de la CSI, en uno de los llamados más difundidos en redes sociales de la última década.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define el trabajo decente como “la aspiración de toda persona a contar con oportunidades de empleo productivo, con un ingreso justo, seguridad en el lugar de trabajo y protección social para su familia”. Este concepto, lejos de ser una abstracción, responde a demandas concretas de quienes día a día enfrentan salarios insuficientes, jornadas extenuantes o la incertidumbre de la informalidad.

El corazón del trabajo decente

De acuerdo con la OIT, el trabajo decente implica:

  • Un salario justo y equitativo, que permita cubrir necesidades básicas.
  • Condiciones de trabajo seguras y saludables, evitando accidentes y enfermedades.
  • Libertad sindical y negociación colectiva, pilares para equilibrar relaciones laborales.
  • Protección social universal, con acceso a salud, pensiones y seguridad frente al desempleo.
  • Igualdad de oportunidades, sin discriminación por género, raza, edad o discapacidad.

Sin embargo, como advierte el economista mexicano Enrique de la Garza Toledo, especialista en sociología del trabajo, “el gran desafío de América Latina no es solo generar empleo, sino garantizar que ese empleo no sea sinónimo de pobreza y vulnerabilidad”.

Obstáculos para un derecho universal

La realidad dista mucho del ideal. En México, según el INEGI, el 54.8% de la población ocupada labora en condiciones de informalidad. Esto significa que más de 30 millones de personas carecen de seguridad social, prestaciones y estabilidad.

A esta cifra se suma la brecha salarial de género: el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) estima que las mujeres ganan en promedio un 14% menos que los hombres por el mismo trabajo. Además, la precarización se refleja en la falta de acceso a la capacitación: 6 de cada 10 trabajadores nunca han recibido formación profesional.

“Trabajo desde los 15 años en la venta ambulante; hoy tengo 43 y nunca tuve seguridad social ni un contrato formal. Si me enfermo, me quedo sin ingresos”, relata María Hernández, comerciante en Ciudad de México. Su testimonio refleja la vida de millones de trabajadores invisibles para las estadísticas oficiales, pero fundamentales para la economía.

La discriminación es otro obstáculo. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha documentado que personas con discapacidad enfrentan tasas de desempleo mucho más altas y, cuando logran colocarse, suelen percibir ingresos menores y estar relegadas a labores de baja productividad.

Impacto social y económico de la falta de trabajo decente

La precariedad laboral no es solo un problema individual; erosiona el tejido social. La OIT advierte que la falta de trabajo decente:

  • Aumenta la pobreza y la desigualdad, al mantener a millones atrapados en empleos sin derechos.
  • Limita el crecimiento económico, pues la informalidad reduce la recaudación fiscal y debilita la inversión en infraestructura y servicios.
  • Deteriora la salud y el bienestar, al exponer a los trabajadores a largas jornadas sin cobertura médica.
  • Debilita la democracia, ya que la exclusión laboral alimenta la desconfianza hacia las instituciones.

En México, los datos del IMSS muestran que cada año se registran más de 400 mil accidentes laborales, muchos de ellos prevenibles con mejores condiciones de seguridad. Además, la falta de pensiones amenaza con condenar a millones de adultos mayores a la pobreza en las próximas décadas.

Actividades y voces en México

Cada 7 de octubre, sindicatos y organizaciones sociales mexicanas se suman a la jornada con marchas, foros y campañas. Este año, la Unión Nacional de Trabajadores llamó a priorizar la reducción de la informalidad y la mejora del salario mínimo, mientras que colectivos juveniles han impulsado en redes el lema: “Sin trabajo decente, no hay futuro”.

Para Jorge Sánchez, obrero en una maquiladora de Tijuana, la jornada es un recordatorio de que la dignidad no se negocia: “Nosotros no pedimos lujos, pedimos lo justo: que el sueldo alcance, que las condiciones no nos enfermen y que podamos aspirar a una vida mejor”.

Caminos hacia el empleo digno

Expertos y organismos internacionales coinciden en que hay medidas claras para avanzar:

  1. Formalización laboral: incentivos fiscales para micro y pequeñas empresas que registren a sus trabajadores.
  2. Fortalecer la inspección laboral, combatiendo la evasión patronal y garantizando cumplimiento de derechos.
  3. Diálogo social: gobiernos, empresas y sindicatos deben establecer mesas permanentes de negociación.
  4. Educación y capacitación: inversión en competencias digitales y técnicas para jóvenes.
  5. Cobertura universal de seguridad social, desligada exclusivamente de la formalidad.

La Agenda 2030 de la ONU coloca al trabajo decente como el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 8, recordando que sin empleo digno no hay crecimiento inclusivo ni justicia social.

La Jornada Mundial por el Trabajo Decente es mucho más que una fecha en el calendario: es un recordatorio de que la dignidad del trabajador debe estar en el centro de toda economía.

En palabras de Juan Somavia, ex director general de la OIT: “El trabajo no es una mercancía, es la expresión de la dignidad humana”.

Hoy, México y el mundo enfrentan la disyuntiva de seguir tolerando empleos precarios o comprometerse con un futuro más justo. Apostar por el trabajo decente no es un gasto: es la mejor inversión en cohesión social, en democracia y en el bienestar de las familias.

La voz de millones de trabajadores como María y Jorge reclama que gobiernos, empresarios y sociedad civil actúen. Porque sin trabajo decente, no habrá desarrollo sostenible ni futuro para las próximas generaciones.

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