México y sus programas sociales: ¿eficiencia o dependencia?

México vive un momento decisivo en materia de política social. A pesar de que los programas gubernamentales han ampliado su cobertura y representan una fuente fundamental de apoyo para millones de familias, la pobreza y la desigualdad permanecen prácticamente intactas. En un país donde más de 46 millones de personas viven en condición de pobreza y donde la informalidad condiciona el futuro laboral de casi la mitad de la población, surge la pregunta clave: ¿qué programas sociales han demostrado mayor eficiencia y cuáles siguen sin resolver los problemas de fondo?

En medio de un aumento histórico del gasto social, la discusión ya no gira solo en torno a cuánto se destina, sino a cómo se gestiona, a quién llega y qué impacto real tiene en la transformación del bienestar.

Un país sostenido por transferencias: el rostro real de la asistencia social

México atraviesa un panorama social marcado por la persistencia de la pobreza y la desigualdad, en el que los programas sociales se han convertido en una herramienta indispensable para millones de hogares. Sin embargo, esta dependencia también refleja que las problemáticas estructurales no han sido resueltas.

De acuerdo con Coneval, 46.8 millones de mexicanos viven en pobreza, de los cuales 9.1 millones permanecen en pobreza extrema. Al mismo tiempo, aunque la pobreza laboral alcanzó su cifra más baja desde que se mide, 44.2 millones de personas todavía no pueden adquirir una canasta básica con su ingreso mensual.

A este contexto se suma la decisión de 2025 de transferir las funciones del Coneval al INEGI, aún sin un marco legal definido. Especialistas han advertido que esta medida puede comprometer la evaluación independiente y rigurosa de la política social, afectando la calidad de los diagnósticos y los mecanismos de corrección.

Programas con mayor alcance: ¿eficiencia o cobertura?

El presupuesto destinado al desarrollo social continúa creciendo. Para 2024, el gasto social alcanzó 3.75 billones de pesos, equivalente al 41 % del presupuesto federal. La Secretaría del Bienestar recibió 544 mil millones de pesos, un incremento de 25.2 % respecto a 2023.

Entre los programas más destacados por su cobertura y continuidad se encuentran:

  • Pensión para el Bienestar de Personas Adultas Mayores, que absorbe casi dos terceras partes del presupuesto de programas sociales y llega a millones de beneficiarios mensualmente.
  • Sembrando Vida, con un apoyo mensual de 6,250 pesos para productores rurales, enfocado en regeneración ambiental y apoyo al campo.
  • Programa de Apoyo para Madres Trabajadoras, con hasta 3,600 pesos bimestrales, dirigido a mujeres que no tienen acceso a guarderías o cuidados formales.

Si bien la cobertura de estos programas es amplia, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos (ENIGH) detectó un fenómeno preocupante: entre 2018 y 2022, las transferencias fueron regresivas, beneficiando en mayor proporción a los deciles de ingresos más altos. Es decir, los apoyos no siempre llegaron primero a quienes más los necesitaban.

El impacto limitado: dependencia, informalidad y falta de enfoque estructural

Aunque en 2025 se destinaron 772 mil millones de pesos a programas sociales, la desigualdad persiste e incluso se ha ampliado en ciertos sectores. Más de 28 millones de personas reciben algún tipo de apoyo, pero el entorno laboral y económico no muestra avances equivalentes.

Entre 2022 y 2023, creció en 676 mil personas el grupo de quienes no trabajan ni buscan empleo y tampoco manifiestan interés en hacerlo. Para expertos, este fenómeno podría estar vinculado a la percepción de suficiencia que generan ciertos apoyos, especialmente en hogares donde no existen incentivos para la formalización.

La informalidad continúa afectando a casi 45 % de la población ocupada, lo que implica falta de acceso a pensiones, servicios de salud y mecanismos de estabilidad económica.

El asistencialismo sin transformación: una herramienta que no cambia la estructura

Durante el año en curso, México opera 69 programas de subsidios, que en conjunto representan 1.1 billones de pesos, cerca del 3.1 % del PIB. A pesar de esta inversión, los programas no han resuelto los factores que profundizan la desigualdad: brechas regionales, falta de acceso a salud y educación de calidad, informalidad laboral, inseguridad y desigualdad de género.

Aunque los apoyos alivian el día a día, la estructura social permanece sin cambios. El modelo continúa centrado en la entrega de dinero, sin estrategias integrales que promuevan autonomía, movilidad social o desarrollo sostenible.

El reto hacia adelante: construir un bienestar que no dependa del reparto

Las transferencias monetarias cumplen un papel crucial en la reducción inmediata del impacto de la pobreza, pero su efectividad está condicionada por el acompañamiento de políticas públicas profundas. El país requiere:

  • Educación inclusiva y de calidad.
  • Salud universal y accesible.
  • Empleo formal y productivo.
  • Seguridad social efectiva.
  • Transparencia en padrones y distribución de apoyos.

Sin estos elementos, el riesgo es claro: dependencia prolongada, baja productividad, crisis fiscal y perpetuación del círculo de vulnerabilidad.

El desafío es transformar la estructura

Programas como la pensión para adultos mayores, Sembrando Vida o el apoyo a madres trabajadoras cumplen con objetivos inmediatos, pero no necesariamente modifican las condiciones que sostienen la desigualdad en México.

El reto no está en eliminar estos programas, sino en complementarlos con políticas integrales que garanticen movilidad social, educación de calidad, empleo formal y seguridad social. La eficiencia en la entrega de recursos debe acompañarse de transparencia, evaluación independiente y estrategias de largo plazo.

Mientras los apoyos sean el principal mecanismo para sostener a las familias mexicanas, sin abordar las causas económicas y sociales que originan la pobreza, el país continuará atrapado en un modelo asistencial que alivia, pero no transforma. La verdadera eficiencia de los programas sociales se medirá no por la cantidad de dinero entregado, sino por su capacidad de construir autonomía, estabilidad y equidad para las futuras generaciones.

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