En un momento crítico para la salud de los ecosistemas y la economía global, el informe Estado de la financiación para la naturaleza 2026, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), expone una contradicción profunda: mientras gobiernos y empresas hablan de sostenibilidad, el dinero sigue fluyendo en sentido contrario. El documento revela que por cada dólar invertido en proteger la naturaleza, el mundo destina alrededor de 30 dólares a actividades que la destruyen, una brecha que pone en entredicho los compromisos ambientales internacionales.
Las cifras son contundentes. En 2023, las inversiones consideradas perjudiciales para la naturaleza alcanzaron los 7.3 billones de dólares, frente a apenas 220 mil millones destinados a soluciones basadas en la naturaleza. Este desequilibrio no solo acelera la pérdida de biodiversidad y agrava la crisis climática, sino que compromete la estabilidad económica a largo plazo, al sostener modelos productivos que dependen de la degradación de los ecosistemas.
El informe identifica a varios sectores como los principales responsables de este daño financiero-ambiental. Las mayores inversiones destructivas provienen de servicios públicos, la industria en general y, de manera destacada, de las empresas de energía y materiales básicos. A este flujo privado se suman cuantiosos subsidios públicos que continúan favoreciendo actividades altamente contaminantes y extractivas.
Entre los apoyos estatales más cuestionados se encuentran los dirigidos a los combustibles fósiles, la agricultura intensiva, el uso insostenible del agua, el transporte y la construcción. Estos incentivos, lejos de corregir las fallas del mercado, refuerzan prácticas que profundizan la deforestación, el agotamiento de suelos y la contaminación del aire y del agua, generando costos sociales y ambientales que no aparecen en las cuentas nacionales.
“Si se sigue el rastro del dinero, se ve la magnitud del reto que tenemos por delante”, advirtió Inger Andersen, directora ejecutiva del PNUMA, al presentar el informe. Para la funcionaria, el contraste es claro: mientras las soluciones basadas en la naturaleza avanzan lentamente, las inversiones y subsidios dañinos continúan creciendo a gran velocidad. “O invertimos en la destrucción de la naturaleza o impulsamos su recuperación; no hay término medio”, afirmó.
Más allá del diagnóstico, el informe plantea una ruta de transformación. Los autores proponen un “gran cambio en la naturaleza”, basado en reorientar los flujos financieros hacia actividades que restauren los ecosistemas y, al mismo tiempo, fortalezcan la economía. La clave, sostienen, no es solo gastar más, sino gastar mejor y eliminar de forma progresiva las inversiones que socavan el capital natural del planeta.
Entre las soluciones que ya muestran resultados positivos se encuentra la ecologización de las zonas urbanas, una estrategia que reduce las islas de calor, mejora la calidad del aire y hace más habitables las ciudades. También se plantea integrar la naturaleza en infraestructuras viales y energéticas, mediante corredores verdes y diseños que minimicen la fragmentación de los ecosistemas.
Otra de las apuestas es el desarrollo de materiales de construcción con emisiones negativas, capaces de absorber más carbono del que generan. Estas innovaciones, aún incipientes, podrían transformar sectores tradicionalmente contaminantes y abrir nuevas oportunidades económicas alineadas con los objetivos climáticos y de biodiversidad.
El informe subraya que alcanzar las metas globales requerirá multiplicar por 2.5 la financiación anual destinada a soluciones basadas en la naturaleza antes de 2030. En términos macroeconómicos, el esfuerzo es relativamente modesto equivalente a alrededor de 0.5 por ciento del PIB mundial, pero exige decisiones políticas firmes y una reforma profunda de los sistemas financieros.
La advertencia es clara: seguir financiando la destrucción de la naturaleza no solo pone en riesgo los ecosistemas, sino también los cimientos de la economía global. Reorientar el dinero hacia la restauración ambiental podría marcar la diferencia entre un futuro de crisis recurrentes y uno de mayor resiliencia, equidad y bienestar.
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