Desde 2003, cada 10 de octubre se conmemora el Día Mundial contra la Pena de Muerte, una fecha que busca generar conciencia sobre la defensa de los derechos humanos y promover la abolición de esta práctica en todo el mundo. La iniciativa fue impulsada por la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte (WCADP, por sus siglas en inglés), una organización fundada en Roma, en mayo de 2002, que reúne a instituciones, asociaciones civiles y activistas comprometidos con la erradicación de la pena capital.
El objetivo principal de esta conmemoración no se limita únicamente a alzar la voz contra las condenas a muerte, sino también a visibilizar las condiciones en las que viven quienes ya se encuentran sentenciados bajo este castigo. A través de campañas, conferencias y actividades internacionales, la WCADP busca fomentar el debate público, promover reformas legales y defender la dignidad humana en todos los países donde la pena de muerte aún persiste.
Uno de los principales puntos de debate respecto a la pena de muerte gira en torno a qué delitos o acciones deberían considerarse merecedoras de tal castigo. Sin embargo, la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte (WCADP) ha señalado que, en muchos países, la aplicación de esta sanción no siempre responde a criterios de justicia imparcial, sino que está profundamente influenciada por factores de discriminación y desigualdad social.
Según la organización, estas condiciones provocan que ciertos grupos, como minorías étnicas, personas en situación de pobreza o con escasa representación legal, sean más vulnerables a recibir una condena de muerte. Además, la WCADP advierte que estas circunstancias pueden agravar el trato cruel, inhumano y degradante que enfrentan las personas condenadas, lo que refuerza su postura de que la pena capital constituye una violación directa a los derechos humanos fundamentales.
Es por ello que en los últimos dos años, la comunidad internacional ha intensificado los esfuerzos por reflexionar sobre la relación entre la pena de muerte y la tortura, así como sobre otros tratos crueles, inhumanos o degradantes asociados a su aplicación.
La Coalición Mundial contra la Pena de Muerte (WCADP) ha documentado diversos casos en los que las confesiones de los acusados fueron obtenidas bajo tortura o mediante malos tratos durante los interrogatorios, lo que pone en duda la legitimidad de muchas sentencias. Estas prácticas, además de vulnerar los derechos fundamentales de los detenidos, refuerzan la preocupación de que la pena capital no solo castiga, sino que también perpetúa un ciclo de abuso e injusticia dentro de los sistemas judiciales.
Afortunadamente, la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte (WCADP) cuenta hoy con el respaldo de más de 160 organizaciones no gubernamentales, colegios de abogados, autoridades locales y sindicatos de todo el mundo que trabajan de manera conjunta para abolir la pena capital. Estas instituciones comparten la convicción de que ningún crimen justifica la privación deliberada de la vida por parte del Estado, pues consideran que se trata de una práctica inhumana, irreversible y contraria a los derechos fundamentales.
El trabajo colectivo de esta red internacional ha permitido mantener viva la conversación sobre la necesidad de sustituir la pena de muerte por alternativas basadas en la justicia, la reinserción y el respeto a la dignidad humana, principios que hoy son pilares esenciales en la defensa global de los derechos humanos.
En caso de querer apoyar, se pueden apoyar eventos como exposiciones de arte y representaciones dramáticas y emitir algún tipo de donación a su causa en la página oficial de la WCADP: https://worldcoalition.org/es/contacto/
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