En un continente donde la mayoría profesa la fe católica, hablar de eutanasia sigue siendo tocar una fibra moral profunda. América Latina, históricamente vinculada a valores de vida, familia y religiosidad, vive hoy una tensión inédita: el envejecimiento poblacional, las enfermedades crónicas y la precariedad en los sistemas de salud están empujando a un debate que antes parecía impensable.
Colombia se convirtió en pionera regional al legalizar la eutanasia bajo control constitucional. Uruguay, Ecuador, Chile y Argentina discuten nuevas rutas legales. México, en cambio, oscila entre la compasión y la prohibición, mientras la opinión pública se divide entre la fe y la libertad de elección.
Este reportaje recorre los caminos —y contradicciones— de América Latina ante uno de los dilemas éticos más intensos del siglo XXI.
Colombia: el primer país de la región en abrir la puerta
La historia colombiana es singular en el mundo hispano. En 1997, la Corte Constitucional emitió la Sentencia C-239, que declaró inconstitucional penalizar al médico que ayudara a morir a un paciente terminal, siempre que existiera consentimiento libre e informado.
Aquel fallo, adelantado a su tiempo, no provenía del Congreso sino del Poder Judicial, y se basó en un principio clave: “La dignidad humana comprende el derecho a morir sin sufrimientos intolerables.”
Durante casi 20 años, esa sentencia no se tradujo en legislación. No fue sino hasta 2015, tras el caso de Ovidio González, un zapatero con cáncer terminal, que el Ministerio de Salud emitió el primer protocolo para aplicar eutanasia en hospitales públicos. El procedimiento se realizó en Cali, y marcó un hito: América Latina entraba al mapa mundial del “derecho a morir”.
En 2021, la Corte amplió el alcance, autorizando la eutanasia para pacientes no terminales, con sufrimiento físico o psíquico grave. Un año después, en 2022, avaló el suicidio médicamente asistido, consolidando a Colombia como el país con la legislación más amplia de la región.
Según cifras del Ministerio de Salud, hasta 2024 se habían realizado alrededor de 250 procedimientos legales.
“No se trata de promover la muerte, sino de respetar la voluntad”, afirmó el médico Gustavo Quintana, pionero en aplicar eutanasias en Bogotá. “La verdadera compasión está en aliviar, no en imponer la vida a toda costa.”
La Iglesia colombiana, por su parte, ha mantenido una postura firme. El cardenal Luis José Rueda Aparicio advirtió en 2022:
“No existe un derecho a morir; existe el deber moral de acompañar al que sufre. La eutanasia rompe la ética médica y el mandamiento de no matar.”
Uruguay y Ecuador: avances y giros inesperados
Uruguay: la primera discusión parlamentaria abierta
En 2023, Uruguay —país pionero en laicismo y en legalizar el aborto y el matrimonio igualitario— debatió en su Parlamento la “Ley de Eutanasia y Suicidio Médicamente Asistido”, propuesta por el diputado Ope Pasquet.
La iniciativa establece que un médico puede ayudar a morir a un paciente con enfermedad irreversible y sufrimiento insoportable, bajo supervisión de una comisión ética.
Aunque aún no ha sido aprobada, el debate en Montevideo ha sido uno de los más racionales y seculares del continente, sin la polarización ideológica vista en otros países.
La Academia Nacional de Medicina de Uruguay advirtió, sin embargo, que “la misión del médico es cuidar y aliviar, nunca matar”, y propuso reforzar la ley de cuidados paliativos aprobada en 2008, una de las más completas de América Latina.
El sociólogo uruguayo Fernando Filgueira resume el dilema: “En una sociedad que envejece, la muerte asistida puede verse como libertad o como renuncia colectiva a cuidar.”
Ecuador: el caso que cambió la conversación
En diciembre de 2023, la Corte Constitucional del Ecuador emitió un fallo histórico al despenalizar la eutanasia en el caso de Paola Roldán, una mujer con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) que pidió morir dignamente.
La Corte ordenó al Congreso elaborar una ley en 12 meses, reconociendo el “derecho a decidir sobre el final de la propia vida”. Paola, que sigue con vida, declaró desde su cama: “No estoy eligiendo morir. Estoy eligiendo no seguir sufriendo en una vida que ya no puedo vivir.”
El fallo ecuatoriano podría marcar el inicio de una segunda ola regional de debates judiciales.
Chile, Argentina y Perú: la discusión moral en sociedades católicas
En Chile, el Congreso aprobó en 2021 la llamada “Ley de Muerte Digna y Cuidados Paliativos”, que garantiza alivio del dolor, pero no autoriza la eutanasia. El proyecto de eutanasia, presentado en 2020, avanza lentamente en el Senado. La Conferencia Episcopal Chilena ha sido una de las más activas en oposición, señalando que “la verdadera dignidad está en el acompañamiento, no en la eliminación”.
En Argentina, donde el papa Francisco tiene un peso moral especial, el debate cobró fuerza tras el caso de Melina Romero, una joven con atrofia muscular espinal que pidió ayuda para morir en 2022. Aunque el país no ha legalizado la eutanasia, varias provincias han aprobado leyes de “voluntad anticipada” que permiten rechazar tratamientos, pero no recibir asistencia para morir.
En Perú, el caso de Ana Estrada, psicóloga con una enfermedad neuromuscular degenerativa, llegó al Tribunal Constitucional, que en 2021 le concedió el derecho a la eutanasia de manera individual y excepcional. Sin embargo, el Congreso no ha legislado al respecto.
México: entre la compasión, la fe y la legalidad
En México, la eutanasia sigue siendo ilegal y penalizada por el Código Penal Federal (artículo 312), que castiga con prisión a quien “cause la muerte por piedad”.
No obstante, desde 2008, existe un marco alternativo: la Ley de Voluntad Anticipada, vigente primero en la Ciudad de México y ahora en 14 estados, que permite al paciente rechazar tratamientos que prolonguen artificialmente la vida.
La eutanasia activa —inyectar una sustancia letal— sigue prohibida, pero los cuidados paliativos avanzan lentamente.
El IMSS estima que más de 400 mil pacientes en etapa terminal requieren atención paliativa cada año, aunque menos del 30% recibe ese servicio.
La discusión social avanza más rápido que la legislación. Según una encuesta de Parametría (2023), el 59% de los mexicanos considera que “una persona debería poder decidir sobre su muerte en casos de enfermedad incurable”, aunque el 70% también se declara católico practicante.
La filósofa mexicana María del Carmen Tapia, especialista en bioética, lo explica así: “El mexicano vive una contradicción moral. Rechaza la eutanasia por convicción religiosa, pero la aprueba emocionalmente cuando ve el sufrimiento cercano.”
La Iglesia católica mexicana mantiene una postura firme: “La vida no es negociable ni propiedad privada. Cada anciano, cada enfermo, tiene un valor infinito”, recordó la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) en 2022.
América Latina: la línea delgada entre libertad y abandono
El mapa latinoamericano muestra un patrón claro: cuanto más frágil el sistema de salud, más peligrosa la eutanasia como política pública.
En países donde millones carecen de medicamentos básicos, hablar de “muerte digna” puede volverse un eufemismo del abandono.
El sacerdote y bioeticista Carlos Novoa, de la Universidad Javeriana (Colombia), advierte: “En contextos de pobreza, la eutanasia puede disfrazar un acto de exclusión. No se elige morir libremente cuando no hay acceso a alivio, compañía ni tratamiento.”
La Doctrina Social de la Iglesia propone una respuesta distinta:
- Solidaridad intergeneracional, para cuidar a los mayores.
- Subsidiariedad, donde la familia y el Estado comparten la responsabilidad del cuidado.
- Dignidad, que no depende de la salud física, sino del reconocimiento humano y espiritual.
En esa visión, la verdadera pregunta no es si las personas tienen derecho a morir, sino si las sociedades están dispuestas a acompañar el sufrimiento sin convertir la muerte en solución.
Facebook: Yo Influyo
comentarios@yoinfluyo.com
