En un país marcado por la diversidad cultural y espiritual, México conmemora un aniversario más de la garantía constitucional de la libertad de cultos, uno de los pilares más trascendentes de la vida democrática y un derecho humano que ha costado décadas construir. Esta celebración no es solo un acto simbólico; es un llamado urgente a reconocer que la libertad religiosa es condición para la dignidad humana, para la convivencia y para una sociedad verdaderamente justa.
A diferencia de otras efemérides que suelen perderse en el calendario público, esta fecha toca fibras profundas. Como dijo alguna vez el historiador Jean Meyer: “La libertad religiosa en México no fue un regalo del Estado, sino el fruto de luchas largas, dolorosas y, a veces, sangrientas”. El propósito de este artículo es profundizar en el significado ético, social y espiritual de este derecho, su historia, sus desafíos actuales y el papel que desempeñan las comunidades y las instituciones para garantizar que la libertad de culto siga siendo un cimiento de la paz social.
Contexto histórico y legal: de la prohibición a la garantía constitucional
La historia de la libertad religiosa en México es una historia de tensiones y aprendizajes. Durante el siglo XIX, tras la independencia, México adoptó un modelo liberal que buscaba limitar el poder del clero en asuntos públicos. Las Leyes de Reforma (1855–1863) marcaron un parteaguas: establecieron la separación Iglesia–Estado pero también generaron restricciones severas a la vida religiosa organizada.
Más tarde, la Constitución de 1917 —influenciada por el anticlericalismo revolucionario— impuso nuevas limitaciones, como impedir que los ministros de culto participaran en política o que se impartiera educación religiosa. La tensión llegó al extremo en la Guerra Cristera (1926–1929), un conflicto armado que costó miles de vidas. Según el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM), murieron entre 70,000 y 90,000 personas.
El cambio profundo llegó con las reformas constitucionales de 1992. Por primera vez en 75 años se reconoció jurídicamente a las iglesias, se permitió la posesión de templos, la educación religiosa privada y la participación social de asociaciones religiosas registradas.
Hoy, el artículo 24 constitucional establece: “Toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión”. México reconoce —como país firmante de la Declaración Universal de los Derechos Humanos— que la libertad religiosa es indivisible y universal.
La perspectiva de la Doctrina Social de la Iglesia: la dignidad humana como fundamento
La Doctrina Social de la Iglesia (DSI) sostiene que la libertad religiosa es “la piedra angular del edificio de los derechos humanos” (San Juan Pablo II). No es un derecho accesorio; es la base que permite al ser humano buscar la verdad, vivir su fe y realizar su dignidad como persona.
El Compendio de la DSI señala que la libertad de culto no se limita a la esfera privada, sino que abarca la vida social, institucional y comunitaria. Implica que cada persona pueda:
- Creer o no creer.
- Cambiar de creencia.
- Manifestar públicamente su fe.
- Organizarse comunitariamente.
- Recibir formación religiosa.
- No ser discriminada por motivos de religión.
Esta visión coincide con el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que protege tanto la libertad interna (creer) como la externa (practicar, educar, reunirse).
El Papa Francisco, en su discurso a líderes interreligiosos en Kazajistán (2022), afirmó: “La libertad religiosa es el mejor camino para construir sociedades inclusivas. Sin respeto por la conciencia del otro, no hay convivencia pacífica”. Desde esta perspectiva, celebrar la libertad de culto significa reconocer que toda persona es imagen de Dios y que la pluralidad religiosa no es una amenaza, sino una riqueza cultural.
Análisis de la situación actual: avances, tensiones y desafíos
Aunque México cuenta con un marco jurídico sólido, la realidad muestra retos. El Informe Anual de Libertad Religiosa 2024 de la Secretaría de Gobernación registró 257 incidentes que involucraron agresiones contra templos, ministros de culto o comunidades religiosas. Entre ellos:
- Discriminación y hostigamiento en espacios públicos.
- Restricciones a fiestas o celebraciones religiosas comunitarias.
- Amenazas del crimen organizado en regiones rurales.
- Conflictos comunitarios, especialmente en zonas indígenas.
Un caso reciente ocurrió en Chiapas, donde familias evangélicas denunciaron ante la CNDH la prohibición de practicar su fe por autoridades comunitarias que privilegian usos y costumbres.
Ana Lucero, una joven de 23 años que vive en Los Altos de Chiapas, relata: “Nos dijeron que si seguíamos reuniéndonos para orar nos cortarían el agua y la luz. Lo que queremos es convivir en paz, no pelear. Solo pedimos respeto”. Estos episodios muestran que el reto es más cultural que jurídico: persistente intolerancia, tensiones comunitarias y, en algunos casos, violencia armada.
Por otro lado, hay avances importantes. Organizaciones como México Evalúa, Cencos y la Red Interreligiosa de Derechos Humanos han impulsado espacios de diálogo y capacitación. El Estado mexicano ha promovido mesas de conciliación y mediación en conflictos religiosos.
El papel de las instituciones y de la sociedad: corresponsabilidad y diálogo
La libertad religiosa no se sostiene sola: requiere la acción constante de múltiples actores.
La SEGOB, a través de la Dirección General de Asuntos Religiosos, coordina esfuerzos para garantizar el derecho de culto. Cada año gestiona cientos de solicitudes de mediación en comunidades. El gobierno federal también trabaja en campañas de cultura cívica para promover tolerancia y pluralismo.
Iglesias, templos, sinagogas y comunidades espirituales juegan un papel fundamental en la construcción de la paz social. Su presencia en barrios, colonias y zonas rurales crea redes de confianza y ayuda mutua.
Monseñor Ramón Castro, cuando era secretario general de la CEM, insistió: “La libertad religiosa también exige responsabilidad de los creyentes: ser constructores de paz, no instrumentos de división”.
Universidades y organizaciones de derechos humanos investigan y denuncian casos de intolerancia. La UNAM ha señalado en estudios recientes que el 34% de los jóvenes mexicanos ha presenciado algún tipo de discriminación religiosa en sus escuelas o redes sociales.
Dimensión ética: convivir desde la misericordia, la justicia y el respeto
Más allá de leyes, la libertad de culto es un desafío ético. Implica aprender a convivir con quienes piensan distinto, respetar prácticas que no comprendemos y reconocer la diversidad como parte del tejido nacional.
Desde la Doctrina Social de la Iglesia, valores como:
- misericordia,
- justicia,
- solidaridad,
- responsabilidad,
- bien común,
son indispensables para construir comunidades fraternas.
En palabras del Papa Benedicto XVI: “La libertad religiosa es la vía para la paz, porque abre el corazón al otro y derriba los muros del miedo”. Para millones de jóvenes mexicanos, esto se traduce en algo muy concreto: poder estudiar, trabajar, expresarse y vivir sin burlas, persecución o presiones por sus creencias.
María Fernanda, 29 años, psicóloga en la Ciudad de México, lo resume así: “Mi papá es católico, mi mamá es cristiana evangélica y mi hermano se considera agnóstico. En casa nunca hubo imposición; cada quien podía buscar su camino espiritual. Eso me enseñó que la fe es libertad, no obligación. Hoy agradezco vivir en un país donde podamos ir a distintos templos sin miedo”.
Su experiencia refleja una realidad creciente: México es un mosaico religioso donde conviven católicos, cristianos evangélicos, judíos, musulmanes, personas no creyentes y espiritualidades indígenas.
Celebrar la libertad de culto no es un acto de nostalgia; es una apuesta por el futuro. Cada año, esta conmemoración nos recuerda que:
- La dignidad humana está por encima de cualquier diferencia.
- La diversidad es una fuerza que puede unirnos.
- La paz social se construye desde el respeto y el diálogo.
La libertad de culto no solo es un derecho constitucional: es un reto ético y espiritual que exige corresponsabilidad. En un país agraviado por la polarización, el odio en redes y la violencia, esta libertad es un puente que nos invita a reconocernos como hermanos, ciudadanos y personas con una vocación común: construir un México más justo, respetuoso e inclusivo.
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