Coneval, Inegi y la vida real

El discurso oficial ha celebrado en los últimos años lo que parece un triunfo: la disminución de la pobreza multidimensional y extrema en México. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), entre 2022 y 2024 más de 5 millones de personas dejaron atrás la pobreza extrema, en gran parte gracias al aumento en los ingresos laborales y a las transferencias gubernamentales.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) respalda estas cifras con su Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), que mostró un incremento real en el ingreso laboral promedio de las familias mexicanas. Sin embargo, detrás de estos avances se esconde una verdad inquietante: el número de personas vulnerables por carencias sociales ha crecido.

Esto significa que millones de mexicanos, si bien han rebasado la línea estadística de pobreza, aún carecen de acceso pleno a derechos fundamentales como salud, educación, vivienda digna o seguridad social.

El doctor José Nabor Cruz, secretario ejecutivo de CONEVAL, lo ha explicado con claridad: “La pobreza no puede medirse solo en términos de ingresos; se trata de un fenómeno multidimensional que refleja la fragilidad del acceso a derechos básicos”.

Testimonios que revelan la otra cara de las cifras

Las cifras oficiales, aunque necesarias, no cuentan toda la historia. Lo hace, en cambio, la voz de quienes viven en carne propia los límites de estos avances.

María del Carmen Hernández, madre soltera en Iztapalapa, comparte: “Ahora gano un poco más porque me subieron el sueldo en la tienda donde trabajo, pero sigo sin seguro social. Cuando mi hijo se enferma, gasto todo lo que tengo en medicinas. No me siento menos pobre que antes”.

Por su parte, Javier López, trabajador de la construcción en Querétaro, explica: “Los apoyos del gobierno me han ayudado a completar para la comida, pero no me alcanzan para pagar una casa. Vivo rentando y cada año es más caro”.

Estos testimonios reflejan lo que los expertos llaman “pobreza oculta”: una mejora en el bolsillo que no garantiza un piso mínimo de dignidad.

El papel del sector privado: del costo al beneficio social

En este contexto, el sector empresarial ha comenzado a adoptar un discurso diferente. Iniciativas como la campaña por un “ingreso digno” impulsada por organizaciones como Coparmex han mostrado que garantizar un salario que cubra la canasta básica no es solo una obligación ética, sino también una estrategia que genera productividad y fidelidad laboral.

Patricia Debeljuh, directora del Centro Walmart de la Universidad Austral y experta en ética empresarial, lo ha expresado en foros recientes: “La justicia social no es un costo, es una inversión que permite a las empresas crecer de la mano de las familias trabajadoras”.

Este cambio de paradigma conecta con UNA VISIÓN HUMANISTA, que en documentos como Rerum Novarum o Caritas in Veritate insiste en que el trabajo humano debe ser fuente de dignidad, no de explotación.

Programas sociales: entre la ayuda y la tentación política

El actual gobierno federal ha apostado fuertemente por programas sociales de transferencia directa. Según datos de la Secretaría de Bienestar, más de 25 millones de mexicanos reciben apoyos en efectivo. Si bien estos programas han sido determinantes para reducir la pobreza extrema, expertos advierten sobre los riesgos de su uso electoral.

En México Evalúa se ha recalcado que Los programas sociales son necesarios, pero deben acompañarse de políticas estructurales en salud, educación y empleo. De lo contrario, se corre el riesgo de perpetuar la dependencia y la fragilidad social.

El equilibrio entre eficiencia técnica y enfoque humanista es crucial. La política social debe responder a las necesidades reales de la población y no a la lógica de los votos.

La pobreza como herida en la dignidad

Más allá de estadísticas y programas, la pobreza erosiona la dignidad de la persona. El papa Francisco lo expresó en Evangelii Gaudium: “La inequidad es la raíz de los males sociales”.

En México, donde más del 35% de la población sigue en situación de pobreza según CONEVAL, esta inequidad se traduce en sufrimiento físico y psicológico. No se trata solo de ingresos, sino de oportunidades truncadas: niños que dejan la escuela, mujeres que deben elegir entre trabajar o cuidar a sus hijos, adultos mayores sin acceso a medicamentos.

Escenarios futuros: hacia un crecimiento justo

El reto de México no es solo reducir la pobreza en términos numéricos, sino garantizar que la movilidad social sea una realidad. Para ello, expertos plantean al menos tres escenarios futuros:

  1. Fortalecer la educación y la salud pública. Sin estas bases, cualquier mejora en ingresos será insuficiente.
  2. Impulsar la formalidad laboral. Hoy más del 55% de los trabajadores están en la informalidad, sin prestaciones ni seguridad social.
  3. Construir un sistema de corresponsabilidad. Gobierno, empresas y sociedad civil deben colaborar. La justicia social no puede recaer en un solo actor.

El economista Enrique Provencio, investigador de la UNAM, sintetiza esta visión: “La pobreza se combate con ingresos, pero se supera con derechos”.

La lucha contra la pobreza en México no puede reducirse a un juego de cifras. Se trata de una misión ética y colectiva. El futuro de un país más justo no dependerá únicamente de cuánto dinero tenga cada familia, sino de si puede vivir con dignidad, ejercer sus derechos y desarrollarse plenamente.

La construcción de un México solidario exige políticas públicas responsables, empresas comprometidas y ciudadanos activos. Solo así podremos dar contenido real a una promesa que aún está pendiente: que nadie quede atrás en el camino del progreso.

 

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