El próximo 1 de junio, México celebrará por primera vez en su historia elecciones para designar a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial mediante voto popular. Esta reforma, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y respaldada por la actual presidenta Claudia Sheinbaum, busca democratizar la justicia y acercarla al pueblo. Sin embargo, la falta de información, la politización del proceso y la inclusión de candidatos con antecedentes cuestionables han generado un profundo debate sobre la conveniencia de participar en estos comicios.
Contexto Electoral
La reforma judicial aprobada en 2024 establece la elección popular de 881 cargos federales y más de 2,800 estatales, incluyendo ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados del Tribunal Electoral y jueces de distrito. Esta medida posiciona a México como el primer país en el mundo en implementar una elección de esta magnitud para su Poder Judicial. No obstante, expertos y organizaciones internacionales han expresado su preocupación por el posible debilitamiento de la independencia judicial y la politización de la justicia.
A pesar de la relevancia “histórica”, como lo ha manejado el gobierno, de estas elecciones, la ciudadanía enfrenta una notable desinformación. Una encuesta realizada por Enkoll para EL PAÍS y W Radio revela que, aunque el 86% de los ciudadanos está al tanto de la convocatoria, solo el 48% conoce la fecha exacta del evento. Además, la mayoría desconoce a los candidatos y las funciones de los cargos en disputa.
La complejidad del proceso, que incluye seis boletas y más de 3,400 candidatos, ha contribuido a la confusión generalizada. La escasa publicidad institucional y la limitada cobertura mediática han impedido que la población comprenda la importancia y las implicaciones de su voto.
Impacto de la Desinformación
La falta de información y la apatía ciudadana podrían traducirse en una baja participación electoral. Estimaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) sugieren que la participación podría oscilar entre el 8% y el 23%. Una participación reducida podría comprometer la legitimidad de los funcionarios electos y perpetuar la desconfianza en las instituciones judiciales.
Además, la ausencia de un voto informado podría facilitar la elección de candidatos sin las competencias necesarias o con antecedentes cuestionables, afectando la calidad y la imparcialidad de la justicia en el país.
La elección de jueces y magistrados mediante voto popular representa una oportunidad para fortalecer la democracia y acercar la justicia a la ciudadanía. Sin embargo, diversos sectores han cuestionado la idoneidad de este mecanismo en el contexto actual. La inclusión de candidatos con vínculos con el crimen organizado y la politización del proceso han generado dudas sobre la autenticidad de la reforma.
Organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción han decidido abstenerse de participar como medida de protesta, mientras que otras, como Defensorxs, promueven un voto informado como mecanismo de resistencia.
Llamado a la ¿Participación?
La ciudadanía se enfrenta a un dilema: participar en una elección que podría legitimar un proceso cuestionado o abstenerse y dejar el camino libre a candidatos potencialmente inadecuados. La presidenta Claudia Sheinbaum ha instado al INE a garantizar un voto libre, secreto y directo, en respuesta a la difusión de “acordeones” que orientan el voto hacia candidatos afines al oficialismo.
Sin embargo, el INE ha confirmado que no cancelará las candidaturas de aspirantes señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado antes de la jornada electoral, lo que ha intensificado las críticas al proceso.
María López, una ciudadana de 45 años residente en la Ciudad de México, expresa su incertidumbre: “Quiero votar porque creo en la democracia, pero no conozco a los candidatos ni sé si realmente son personas honestas. Me preocupa que mi voto termine favoreciendo a alguien que no merece el cargo o que es cargada del partido que promovió esto”.
La elección judicial del 1 de junio representa un hito en la historia democrática de México. Sin embargo, la falta de información, la politización del proceso, la manipulación del partido oficial y la inclusión de candidatos con antecedentes cuestionables han generado un ambiente de desconfianza y escepticismo.
Es fundamental que las autoridades electorales y los medios de comunicación redoblen esfuerzos para informar a la ciudadanía y garantizar la transparencia del proceso. Solo a través de una participación informada y consciente se podrá fortalecer la democracia y asegurar una justicia verdaderamente independiente y al servicio del pueblo.
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