El próximo 1 de junio, México vivirá una jornada inédita en su historia democrática: por primera vez, la ciudadanía podrá elegir por voto popular a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este cambio, derivado de una profunda reforma constitucional promovida por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador en 2024, ha desatado un debate nacional sobre el futuro de la justicia en el país.
Mientras el gobierno argumenta que se trata de un paso hacia la democratización del Poder Judicial, voces críticas dentro y fuera del país alertan sobre los riesgos que esto representa para la autonomía, la especialización técnica y el equilibrio entre poderes. La elección popular de cargos judiciales — una práctica poco común a nivel internacional — abre múltiples interrogantes sobre el impacto institucional, político y ciudadano de esta medida.
Un giro histórico: el origen de la reforma
Impulsada por el ex mandatario en febrero de 2024, y aprobada por el Congreso en septiembre del mismo año, la reforma al Poder Judicial plantea un cambio radical: que todos los jueces federales, magistrados y ministros sean elegidos directamente por la población. Bajo esta premisa, 881 cargos estarán en juego en la próxima elección, incluyendo nueve ministros de la Suprema Corte, magistraturas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y cargos en el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.
La narrativa oficial ha defendido esta transformación bajo el argumento de “acercar la justicia al pueblo”, combatir la corrupción y garantizar una mayor representatividad en el sistema judicial. Sin embargo, el contexto político en el que se gesta esta reforma genera suspicacias: el sexenio de López Obrador estuvo marcado por constantes ataques a ministros y jueces, a menudo como reacción a decisiones contrarias a la agenda presidencial.
“La justicia debe estar en manos del pueblo, no de una élite desconectada de la realidad social”, fue uno de los lemas repetidos por Morena y por el propio mandatario saliente.
Del nombramiento institucional al voto popular
Hasta ahora, los jueces y magistrados eran designados mediante mecanismos institucionales que incluían al Poder Ejecutivo, al Senado y al Consejo de la Judicatura Federal. En términos generales, el Ejecutivo proponía ternas que debían ser ratificadas por el Senado, mientras que el Consejo de la Judicatura tenía la facultad de nombrar a jueces de distrito y magistrados de circuito.
Con la reforma, ese modelo será sustituido por elecciones directas. Los candidatos serán ciudadanos egresados de derecho, evaluados por su promedio académico, reputación y trayectoria profesional. Para garantizar una aparente imparcialidad, se prohíbe la participación de partidos políticos, así como la contratación de espacios en medios de comunicación, espectaculares o pautas en redes sociales para hacer campaña.
A pesar de estas restricciones, algunas figuras ligadas al oficialismo, como la ministra Yazmín Esquivel y la ex consejera jurídica Lenia Batres, han sido señaladas por recibir apoyo indirecto desde la tribuna presidencial y de liderazgos de Morena, lo cual pone en duda la neutralidad del proceso.
Una elección inédita: mecanismos y restricciones
El proceso de campaña de los aspirantes judiciales es, por diseño, atípico. Las reglas impuestas buscan evitar que las candidaturas se contaminen con prácticas partidistas, pero también han generado inquietud por su complejidad y por el riesgo de invisibilizar perfiles valiosos.
Los candidatos tienen permitido asistir a debates y foros públicos, siempre y cuando se garantice equidad entre participantes. También pueden usar redes sociales (sin el uso de pautas), repartir propaganda impresa, y conceder entrevistas. En contraste, se prohíbe la contratación de espacios en radio, televisión, internet y transporte público. También se impide el uso de templetes, espectaculares y/o bardas, así como el respaldo directo o indirecto de partidos políticos.
La consecuencia inmediata ha sido una campaña silenciosa y difusa, que contrasta con la intensidad de otras contiendas electorales. El Instituto Nacional Electoral (INE) ha tratado de llenar ese vacío con herramientas digitales como “Conóceles”, una plataforma que permite a los votantes revisar la trayectoria profesional y académica de los candidatos, así como simular el voto con boletas idénticas a las que se usarán en la jornada electoral.
Aun así, expertos como el Mtro. Carlos Maldonado, de la Universidad Iberoamericana, advierte sobre los retos de un proceso que exige a los ciudadanos evaluar cientos de perfiles en un tiempo limitado. “Un ciudadano promedio, que tiene otras responsabilidades diarias, ¿cuánto puede dedicar realmente a revisar estos perfiles? Son seis boletas con múltiples nombres. Es una tarea casi imposible”, señaló en un foro reciente.
Una elección desigual
El nuevo diseño judicial enfrenta otro problema: la desproporción territorial. Mientras que en el ámbito legislativo existen 300 distritos que buscan garantizar una representación homogénea, en el caso del Poder Judicial los distritos no guardan proporción con el padrón electoral. Esto podría traducirse en sobrerrepresentación en algunas entidades federativas y subrepresentación en otras.
Además, al tratarse de cargos altamente técnicos, la calidad de las decisiones que adopten los nuevos jueces y magistrados dependerá de su experiencia y especialización. “La legitimidad del Poder Judicial no se gana con votos, sino con conocimientos, imparcialidad y dominio técnico”, advirtió Maldonado, recordando que, a diferencia del Legislativo o el Ejecutivo, el Poder Judicial no formula políticas públicas, sino que interpreta la Constitución.
Mirada internacional: ¿es un modelo viable?
México no es el único país que ha intentado una reforma de este tipo. Desde 2011, Bolivia elige por voto popular a sus jueces, aunque el proceso ha sido criticado por su bajo nivel de participación y por la influencia política encubierta. En Estados Unidos, algunos estados aplican modelos de elección judicial, aunque combinados con procesos técnicos de preselección, y muchas veces bajo esquemas no partidistas.
Otros países como Suiza y Japón también incorporan formas de participación ciudadana en el ámbito judicial, pero en contextos institucionales sólidos y con mecanismos de control bien establecidos. En todos los casos, la preocupación es la misma: evitar que la justicia quede sujeta a las presiones de la opinión pública o de los intereses de coyuntura.
Expertos y voces críticas: entre la esperanza y la alarma
La reforma ha generado un amplio abanico de reacciones. Mientras algunos sectores ven en ella una oportunidad para renovar un sistema judicial históricamente cerrado y opaco, otros alertan sobre los riesgos de un debilitamiento institucional que podría comprometer el Estado de Derecho.
Desde la academia, las críticas se concentran en la falta de claridad sobre cómo garantizar que los nuevos jueces cumplan con criterios de idoneidad técnica. La elección por voto popular, aunque democrática en apariencia, no garantiza por sí sola imparcialidad ni conocimiento jurídico. “No basta con que un juez sea popular; debe ser preparado, ético e independiente”, advirtió el Mtro. Carlos Maldonado, de la IBERO.
Organismos empresariales como la Coparmex han manifestado su preocupación abiertamente. En un comunicado, advirtieron que “la posibilidad de elegir jueces y magistrados de manera popular puede comprometer la independencia judicial, un pilar fundamental de nuestra democracia”. Agregaron que, al aprobar esta reforma, el gobierno mexicano envía una señal preocupante sobre la fragilidad institucional, lo cual podría afectar la confianza de inversionistas y socios comerciales.
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) también expresó inquietud por el “ambiente de incertidumbre” que rodea al llamado “Plan C” del Ejecutivo federal, pues podría agravar el estancamiento económico y deteriorar la confianza en las instituciones.
Desde el ámbito internacional, el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, reiteró que la confianza en el Estado de Derecho es “un valor compartido entre ambas naciones” y una condición clave para la estabilidad y la inversión extranjera. Por su parte, el New York Times publicó un editorial en el que califica la reforma como “una amenaza a la independencia judicial”, y llamó a los líderes mexicanos a “abandonar el plan por completo”, por el riesgo de dejar al país sin un contrapeso efectivo frente a los abusos de poder.
¿Qué está en juego?
Más allá del proceso electoral del 1 de junio, la reforma al Poder Judicial representa un parteaguas para el país. Lo que se define en las urnas no es solo quién ocupará cada uno de los 881 cargos judiciales, sino también el tipo de justicia que regirá en México en los próximos años.
Están en juego la credibilidad del sistema judicial, la separación de poderes, el equilibrio institucional, y el precedente para futuras reformas constitucionales. En un contexto de creciente polarización política y de concentración de poder en el Ejecutivo, la elección judicial se convierte en un espejo que refleja los dilemas más profundos de la democracia mexicana.
La posibilidad de democratizar la justicia no debe confundirse con su sometimiento a mayorías circunstanciales ni con la pérdida de tecnicismo. Una judicatura fuerte, preparada y verdaderamente independiente es condición indispensable para cualquier república moderna.
Los jueces, magistrados y ministros que resulten electos en esta histórica jornada del 1 de junio no ocuparán cargos simbólicos ni de representación: tendrán en sus manos decisiones que afectan libertades, patrimonios, procesos electorales y derechos fundamentales de los ciudadanos. Su función será interpretar la Constitución, garantizar el acceso a la justicia, resolver conflictos entre poderes, y, en el caso de la Suprema Corte, invalidar leyes contrarias al marco legal vigente. Es decir, tendrán un poder real de control constitucional, arbitraje institucional y salvaguarda de los derechos humanos.
En un país donde la corrupción judicial ha sido históricamente una preocupación, la esperanza de una judicatura más cercana al pueblo resulta legítima. Sin embargo, el diseño del proceso electoral y la influencia indirecta del poder político han encendido alertas sobre los riesgos de la judicialización política, un fenómeno en el que los tribunales dejan de actuar como árbitros imparciales y se convierten en extensiones del poder dominante o del clamor popular.
Cuando los jueces dependen de la aprobación pública para llegar o mantenerse en el cargo, existe la posibilidad de que sus resoluciones respondan más al cálculo electoral que al análisis jurídico. Esa lógica compromete la esencia misma de la justicia: su imparcialidad, objetividad y vocación técnica.
La judicialización política también tiene consecuencias a largo plazo: socava la credibilidad del sistema, debilita la confianza en las instituciones y expone al país a crisis de gobernabilidad. En lugar de ser un contrapeso, el Poder Judicial corre el riesgo de convertirse en un engranaje más del aparato político o, en el peor de los casos, en rehén de mayorías circunstanciales o intereses ideológicos.
Por eso, la elección del próximo 1 de junio no debe ser tomada a la ligera. Más allá de su carácter inédito, será una prueba crucial para medir el compromiso del país con los principios democráticos, con el Estado de Derecho y con la defensa de una justicia independiente y profesional.
México se encuentra ante una bifurcación histórica. La ciudadanía tiene la palabra… y también la responsabilidad. Ahora sabiendo esto, tú influye en la conversación, y aporta la verdad en un México atravesado por cambios y reformas controversiales. ¡A influir!
Te puede interesar: La cruz frente al algoritmo: el desafío de León XIV frente a la IA
Facebook: Yo Influyo
