En las últimas semanas, el país entero ha sentido el peso de una crisis que dejó de ser rural para convertirse en un problema nacional. Bloqueos en más de 20 estados, cierres de carreteras federales, aduanas, puentes fronterizos y accesos industriales han paralizado el tránsito de mercancías y han revelado el grado de desesperación del campo mexicano. No es una protesta aislada ni un conflicto local: es el síntoma más visible de un sector que se dice abandonado y, peor aún, amenazado.
Los agricultores y transportistas que levantan estas protestas coinciden en tres reclamos: un sistema de precios que no alcanza para vivir, una reforma al agua que consideran les arrebata derechos históricos, y una violencia que los ha dejado solos frente a grupos criminales que controlan rutas, cosechas y territorios. Y aunque el gobierno ha pedido paciencia y diálogo, los productores aseguran que no están siendo escuchados, que la respuesta oficial llega tarde y llega incompleta.
El origen del estallido recorre varios frentes. Por un lado, está el rechazo frontal a la propuesta de Ley General de Aguas Nacionales, que ha generado desconfianza en todo el campo. Organizaciones agrícolas denuncian que esta iniciativa podría complicar la herencia de concesiones, restringir permisos y concentrar el control del agua en manos del Estado, lo que para ellos significaría perder el acceso a uno de los bienes más esenciales para la producción. La oposición no surgió de un día para otro: se ha acumulado en asambleas, reuniones y advertencias que hoy se traducen en bloqueos de carreteras y de aduanas como las de Ciudad Juárez, donde se han detenido operaciones de comercio internacional en plena temporada alta.
A la crisis del agua se suma la batalla por un precio justo. Productores de maíz rechazaron el apoyo de 950 pesos por tonelada ofrecido por el gobierno, señalando que ni siquiera cubre los costos mínimos de producción. La exigencia es clara: un precio garantizado cercano a los siete mil 200 pesos por tonelada, cifra que aseguran es la única que puede mantenerlos activos sin caer en pérdidas. Esta disputa provocó otro paro nacional que cerró vías en Sinaloa, Guanajuato, Querétaro, Michoacán y varios estados más durante días, afectando cadena logística, abasto y transporte de carga.
Pero el reclamo más urgente y el más peligroso es el que tiene que ver con la seguridad. Campesinos denuncian que la presencia del crimen organizado es la causa silenciosa del derrumbe del campo. Extorsiones, cobro de piso, robo de maquinaria y camiones, control de rutas agrícolas, amenazas para sembrar ciertos cultivos y hasta prohibiciones para mover mercancía sin pagar cuotas se han vuelto parte del día a día. Organizaciones rurales hablan de regiones donde el Estado prácticamente no entra y donde los productores operan bajo reglas criminales. Varios especialistas han advertido que si el gobierno no interviene, el país enfrentará la expansión de territorios controlados por grupos que ven en el campo una fuente inagotable de ingresos.
Frente a este panorama, el gobierno ha intentado mostrar apertura al diálogo. La Secretaría de Gobernación anunció mesas de negociación, apoyos para pequeños productores, créditos agrícolas y ajustes a los puntos más polémicos de la reforma al agua. Sin embargo, los líderes de las movilizaciones consideran que estas medidas apenas tocan la superficie del problema y que las conversaciones avanzan “a paso burocrático” mientras el campo se hunde. La desconfianza se alimenta también de la falta de resultados visibles: los bloqueos continúan reapareciendo, las protestas se extienden y la inconformidad sigue creciendo. La pregunta se repite entre los productores: ¿realmente el gobierno está dispuesto a cambiar algo de fondo?
El impacto de esta crisis ya se refleja en la economía. Los bloqueos han detenido exportaciones, frenado cadenas industriales y afectado la distribución de granos, frutas y mercancías en todo el país. Analistas advierten que, de seguir así, México podría entrar en una etapa de inestabilidad alimentaria, con menor producción nacional, aumento de precios y una dependencia aún mayor de importaciones. A esto se suma el riesgo de un éxodo rural, pues miles de familias podrían verse obligadas a abandonar sus tierras por falta de ingresos o por la presión del crimen organizado.
Detrás de cada cierre y cada protesta hay una señal de alarma: el campo está atrapado entre políticas insuficientes, una infraestructura hídrica rezagada, condiciones climáticas cada vez más extremas y la expansión silenciosa de grupos delictivos que llenan el vacío donde el Estado no aparece. Lo que hoy vemos en las carreteras es la superficie de una crisis que se gestó durante años y que ahora explota con fuerza.
Si el gobierno mantiene el ritmo lento y reactivo que ha mostrado hasta ahora, los efectos podrían ser devastadores. El país depende del campo mucho más de lo que se reconoce en los discursos oficiales. Ignorar sus reclamos, minimizar los bloqueos o reducirlos a un tema administrativo sería un error estratégico. Lo que está en juego no es solo la cosecha del próximo año, ni el precio del maíz o el control de un acuífero: está en riesgo la estabilidad de un sector que sostiene alimentariamente al país y que hoy exige algo tan básico como la posibilidad de seguir existiendo.
El campo ya habló. El país ya resintió el golpe. La pregunta ahora es si el gobierno reaccionará antes de que la crisis se vuelva irreversible.
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