A meses de la revisión formal del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el Senado mexicano encendió las alarmas: la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, aprobada apresuradamente en años pasados, contiene fallas estructurales que podrían volverse un obstáculo para el país en la mesa trinacional. La advertencia, recogida por Expansión en su cobertura más reciente, no solo revela un desorden legislativo; también expone la urgencia de que México llegue con reglas claras a la revisión del tratado comercial más importante del continente.
Los sectores involucrados —telecomunicaciones, radiodifusión, economía digital, comercio y derecho internacional— coinciden en que el país está en un punto de inflexión. El riesgo no es solo perder competitividad: México podría incumplir compromisos adquiridos en materia de inversión, libre competencia, neutralidad regulatoria y estándares técnicos.
El debate no es técnico solamente. En un país donde la conectividad está profundamente ligada a la dignidad humana, el acceso a la información y las oportunidades de desarrollo, una falla legislativa tiene un impacto directo en millones de familias.
La reforma que no salió bien: vacíos, contradicciones y riesgos
La reforma cuestionada fue aprobada bajo la intención de “actualizar” un sector de rápido crecimiento. Sin embargo, especialistas advierten que careció de consulta pública, evaluación de impacto regulatorio y análisis técnico profundo.
Entre las fallas señaladas están:
- Ambigüedades en los criterios para concesiones.
- Contradicciones en la regulación del espectro radioeléctrico.
- Falta de claridad en la supervisión del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
- Ausencia de mecanismos que garanticen neutralidad tecnológica.
- Riesgos de discrecionalidad que podrían interpretarse como barreras al comercio.
El senador Gustavo Madero lo dijo con claridad en una sesión reciente: “No podemos llegar a la revisión del T-MEC con una ley parchada y ambigua. Esto pone en riesgo inversiones y abre la puerta a reclamos internacionales”.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, Cora Cecilia Pinedo, reconoció que “hay inconsistencias que deben corregirse antes de que el T-MEC las vuelva objeto de controversia o paneles de solución de disputas”.
El T-MEC como espejo y como presión
La revisión del T-MEC, programada para 2026 pero ya anticipada en el intercambio diplomático de 2025, obliga a México a demostrar que su marco regulatorio es estable, predecible y compatible con las obligaciones del capítulo 18 (Telecomunicaciones) del tratado.
Los puntos más delicados incluyen:
- Independencia regulatoria del IFT
El tratado exige que los reguladores sean autónomos y libres de presiones políticas.
Cualquier señal de debilitamiento institucional podría abrir controversias. - Acceso equitativo al mercado
El T-MEC prohíbe medidas que discriminen a proveedores extranjeros.
La ambigüedad actual podría interpretarse como una barrera. - Transparencia y procesos claros de licitación
Las reformas deben evitar la discrecionalidad o la incertidumbre jurídica. - Neutralidad tecnológica
México debe garantizar que su regulación no privilegie tecnologías o actores específicos.
Un análisis del United States Trade Representative (USTR) publicado en marzo de 2025 alertó precisamente sobre “marcos regulatorios inestables” en México, particularmente en energía, transporte y telecomunicaciones.
En paralelo, la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI) adelantó que México debe corregir cuanto antes:
“El T-MEC no es un examen: es una auditoría permanente. No podemos improvisar”.
Telecomunicaciones: un sector clave para la economía… y para las familias
Más allá de las mesas diplomáticas, el impacto se siente en la vida diaria de las y los mexicanos:
- La conectividad permite estudiar, trabajar, acceder a servicios de salud, participar en la vida democrática y comunicarse con familiares.
- Según el INEGI (ENDUTIH 2024), el 78% de los hogares tiene acceso a internet, pero la brecha rural sigue siendo mayor al 35%.
- México requiere inversiones superiores a 10 mil millones de dólares anuales en infraestructura digital para cerrar la brecha, según la OCDE.
Cualquier incertidumbre regulatoria aleja inversiones y afecta directamente a los sectores trabajadores más vulnerables.
María de los Ángeles, madre de familia en Zacatecas, compartió: “Cuando falló la señal durante la pandemia, mis hijos perdieron clases y yo perdí ventas porque no pude subir mis productos. Si la ley no funciona, nosotros somos los primeros afectados”. Las estructuras injustas terminan golpeando siempre a los más pobres.
¿Cómo llegamos aquí? Los errores detrás de la reforma
Según especialistas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones, la reforma se aprobó con:
- Poca evidencia técnica.
- Insuficiente diálogo con la industria.
- Escasa coordinación entre el Senado, el IFT y la Secretaría de Economía.
- Minimal participación de organismos ciudadanos.
Para la especialista Irene Levy, presidenta de Observatel: “El marco jurídico no puede improvisarse. Una mala ley se convierte en un problema internacional cuando hay un tratado como el T-MEC de por medio”.
La investigadora del ITAM, Clara Luz Ramírez, agrega: “Los paneles internacionales no perdonan los errores técnicos. La ley mexicana debe estar blindada jurídicamente”.
Comparativa internacional: ¿dónde estamos parados?
Países competidores directos —como Vietnam, Malasia y Corea del Sur— están implementando marcos regulatorios:
- Más rápidos en su actualización.
- Consistentes con estándares de la OMC.
- Alineados a los modelos de competencia de la OCDE.
- Atractivos para la instalación de Data Centers, cloud computing y servicios 5G.
México, en contraste, mantiene:
- Procesos lentos.
- Cambios sorpresivos.
- Falta de alineación jurídica con compromisos internacionales.
La GSMA publicó en 2024 que México es uno de los países con mayor potencial de expansión 5G en LATAM… pero también uno de los que más incertidumbre generan para operadores e inversionistas.
Lo que está en juego
- La competitividad regional: Si México no corrige su marco jurídico, Estados Unidos y Canadá podrían promover paneles de revisión y sanciones bajo los mecanismos del T-MEC.
- Las inversiones: Empresas como AT&T, Telefónica o Altán Redes dependen de reglas claras para operar.
- El empleo: La industria de telecomunicaciones genera más de 300 mil empleos directos y 1.2 millones indirectos.
- La dignidad humana: Sin conectividad no hay igualdad de oportunidades, una exigencia ética insistida por Juan Pablo II y Francisco: “La comunicación es un bien común que debe servir al desarrollo humano integral”. (Mensaje de Francisco para la Jornada Mundial de las Comunicaciones, 2021)
El camino para corregir
El Senado ha anunciado que revisará:
- El régimen de concesiones.
- La redacción sobre regulación del espectro.
- La independencia del IFT.
- La compatibilidad con los compromisos del T-MEC.
- La obligación de consulta pública en futuras reformas.
Organizaciones civiles como R3D, Article 19 y CPCO Telecomunicaciones han pedido incorporar una visión de derechos humanos, transparencia y legalidad.
México está a tiempo —pero el margen es estrecho—. La revisión del T-MEC será un examen sobre nuestra capacidad para ofrecer certeza jurídica, independencia regulatoria e instituciones sólidas.
Una fallida reforma telecom no es solo un error técnico; es un riesgo para la economía, la confianza internacional y la justicia social. Corregirla es una responsabilidad ética y política, poniendo siempre al centro a la persona y el bien común.
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