Ni sotanas ni altares detienen al crimen

En México, portar una sotana puede ser una sentencia de muerte. La violencia que asfixia al país también alcanzó a los sacerdotes, a los templos y a las comunidades que la Iglesia articula en regiones dominadas por el crimen organizado. No se trata de hechos aislados ni de disputas religiosas: es una violencia estructural que expone la ausencia del Estado y la normalización de la impunidad.

El Centro Católico Multimedial (CCM) documentó que al menos 13 sacerdotes han sido asesinados en los últimos siete años, mientras que más de 80 religiosos, sacerdotes y laicos vinculados a la Iglesia han sido ejecutados desde 1994. La cifra coloca a México como uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el ministerio sacerdotal fuera de contextos de guerra abierta.

“La violencia contra la Iglesia no es casual ni circunstancial; responde a la expansión territorial del crimen organizado y a la debilidad de las instituciones de seguridad”, denunció Omar Sotelo Aguilar, director del CCM. Según sus registros, ocho de cada 10 agresiones contra sacerdotes permanecen impunes, sin detenidos ni sentencias, incluso en casos de homicidio.

Los datos muestran que la violencia no se limita a asesinatos. Entre 2018 y 2025, el CCM contabilizó más de mil 300 agresiones contra la Iglesia católica, que incluyen amenazas directas, extorsiones, robos con violencia, ataques armados a templos, profanaciones, secuestros y desplazamientos forzados de sacerdotes. En promedio, se registra una agresión cada 48 horas.

El impacto territorial es claro. Guerrero, Michoacán, Guanajuato, Veracruz, Jalisco y Zacatecas concentran el mayor número de ataques, coincidiendo con zonas de disputa entre grupos criminales. “Hay regiones donde los sacerdotes celebran misa bajo vigilancia del crimen o han tenido que suspender actividades pastorales para no poner en riesgo su vida”, señaló Sotelo.

De los sacerdotes asesinados en los últimos años, la mayoría fue ejecutada con armas de fuego, algunos dentro de parroquias o en espacios comunitarios. Otros fueron atacados en retenes ilegales o tras negarse a pagar extorsiones. “No los matan por su fe, los matan porque estorban: porque acompañan víctimas, denuncian abusos y se convierten en referentes morales donde el Estado no existe”, afirmó el director del CCM.

El informe advierte que al menos 70 por ciento de los ataques están vinculados directamente al crimen organizado, mientras que el resto se relaciona con delincuencia común tolerada por la falta de control institucional. En varios casos, los sacerdotes habían denunciado amenazas previas sin recibir protección alguna. “No hay protocolos, no hay prevención y no hay reacción; la Iglesia queda sola”, acusó Sotelo.

La violencia también ha cobrado la vida de al menos 29 laicos comprometidos con actividades parroquiales en los últimos años, muchos de ellos catequistas, coordinadores comunitarios o colaboradores en labores sociales. Estos asesinatos, subraya el CCM, buscan desarticular redes comunitarias y sembrar miedo colectivo.

Más allá de las cifras, el impacto social es profundo. En cientos de comunidades rurales y zonas urbanas marginadas, la Iglesia cumple funciones que el Estado no garantiza: apoyo a migrantes, atención a víctimas, comedores comunitarios, mediación de conflictos y acompañamiento a familias desplazadas. “Cuando asesinan o expulsan a un sacerdote, la comunidad queda a la deriva y el crimen ocupa ese vacío”, advirtió Sotelo.

El contexto agrava la crisis. México cerró 2024 con más de 30 mil homicidios dolosos, y aunque el discurso oficial insiste en una contención de la violencia, los datos del CCM muestran que los ataques contra la Iglesia no han disminuido, sino que se han vuelto más visibles y más violentos.

Para Sotelo, la violencia contra sacerdotes es un termómetro del deterioro institucional. “Si el Estado no puede proteger a quienes predican la paz y trabajan en los territorios más golpeados, significa que el control criminal es más fuerte que la autoridad”, sentenció.

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