Desde 2018 cuando Morena ganó las elecciones presidenciales, México ha experimentado una transformación profunda en sus políticas públicas, especialmente en áreas clave como programas sociales, salud, obras faraónicas y políticas económicas. Estas reformas han generado tanto elogios como críticas, pero sobre todo han cambiado el rumbo por el que se conducía el país.
Uno de los pilares de la administración de Morena ha sido la expansión de los programas sociales. La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, por ejemplo, ha aumentado su cobertura cubriendo a más de 12 millones de personas en 2025. Además, se han implementado programas como la Pensión para Personas con Discapacidad y la Pensión para Mujeres Bienestar, que buscan reducir las desigualdades sociales.
Sin embargo, estas iniciativas han sido cuestionadas por su sostenibilidad financiera. México enfrenta una baja recaudación tributaria, con apenas 13 a 14 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), lo que limita la capacidad del gobierno para financiar estos programas sin recurrir al endeudamiento. Además, la expansión de estos programas ha sido criticada por su falta de una estrategia fiscal sostenible y el uso electoral del que han sido objeto.
Uno de los cambios más importantes fue la desaparición del Seguro Popular que había mostrado gran eficacia para ofrecer servicios de salud públicos a gran parte de la población carente de este beneficio, a pesar de ello la administración morenista lo desapareció y su lugar instauró un nuevo mecanismo, el IMSS-Bienestar, que de manera distinta buscaba universalizar los servicios de salud.
Este programa tiene presencia en 19 estados del país, con una población adscrita de 10.8 millones de personas. Sin embargo, esta transición ha enfrentado obstáculos significativos que han afectado a la población más vulnerable ya que, entre otras acciones, derivó en el cierre de unidades médicas urbanas, falta de infraestructura adecuada han reducido la cobertura en áreas urbanas, afectando a millones.
Desde el cambio de paradigma gubernamental la carencia de medicamentos llegó a una crisis que costó muchas vidas y que todavía es un problema no resuelto que parece no tener fecha de caducidad. Con esta y varias situaciones en este rubro no se logró tener un sistema de salud mejor que el de Dinamarca, como se prometió en el sexenio anterior, por el contrario, cayó a niveles de los países más pobres del mundo.
Proyectos como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía han sido emblemáticos de la administración de Morena. Si bien se argumenta que estas obras generarán empleo y desarrollo regional, han sido objeto de controversia por su impacto ambiental, costos elevados y falta de transparencia en su ejecución. El Tren Maya, por ejemplo, ha registrado pérdidas acumuladas de cinco mil 807 millones de pesos desde que inició operaciones. Sin contar las pérdidas irreparables de áreas naturales que fueron destruidas.
Uno de los cambios más señalados desde hace siete años, ha sido la llamada austeridad republicana, la cual ha llevado a recortes en diversas áreas del gobierno. Si bien se argumenta que estos ahorros son necesarios para redirigir recursos hacia programas sociales, algunos expertos advierten que la reducción de presupuesto en áreas como seguridad, educación y salud puede debilitar las instituciones y afectar la calidad de los servicios públicos más de lo que están dañados ahora.
En contraste a estos recortes, durante este tiempo han salido a la luz diversos escándalos de enriquecimiento inexplicable de miembros prominente de la llamada cuarta transformación.
Las políticas impulsadas por Morena han representado un giro hacia un modelo económico y social centrado en el bienestar y la justicia social. Sin embargo, la falta de una planificación fiscal adecuada, la centralización de servicios y la implementación de proyectos de alto costo sin una evaluación clara de su impacto han generado dudas sobre la sostenibilidad y efectividad de estas reformas.
El modelo de gobierno implementado por Morena ha tenido un impacto significativo en las políticas públicas de México. Si bien se han logrado avances en áreas como la expansión de programas sociales y la universalización de la salud, también han surgido desafíos relacionados con la sostenibilidad financiera, la eficiencia institucional y el impacto ambiental de las megaobras. Es fundamental que el gobierno aborde estos desafíos de manera integral para garantizar que las reformas implementadas contribuyan al desarrollo sostenible y equitativo del país.
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