Estancamiento y opacidad destacan en este gobierno: México Evalúa

Los principales programas que carecen de transparencia geográfica son también los prioritarios del gobierno, como Sembrando Vida, el Programa IMSS Bienestar, el Programa de Vivienda Social o el Programa de Microcréditos para el Bienestar.



El estancamiento de los ingresos públicos, particularmente del Impuesto Sobre la Renta (ISR), así como estancamiento en el gasto público e inversión, excepto para Petróleos Mexicanos (Pemex), son los principales resultados que identifican la mitad de la gestión del actual gobierno federal, destaca un estudio de México Evalúa.

Para lo que resta del sexenio, el análisis menciona que se anticipa una fragilidad de las finanzas públicas provocada por el agotamiento de los fondos de estabilización y el desmantelamiento del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), que se ha vuelto una herramienta clientelar más, en lugar de atender la reconstrucción en las comunidades y demás necesidades apremiantes de la población.

“Las 10 tragedias inocultables en la hacienda pública a mitad de sexenio” es el estudio en el que Mariana Campos y Jorge Cano advierten que a la mitad del sexenio ya es posible identificar cuáles han sido los éxitos y fracasos en la gestión de las finanzas públicas, así como las prioridades que el gobierno federal ha tenido y que se reflejan en el gasto público.

De esta manera, indican que en los tres años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador el avance de los ingresos no es satisfactorio, ya que en promedio han aumentado sólo uno por ciento (55.9 mil millones de pesos) en cada año de lo que va del sexenio.

El reporte destaca que cuando la economía no crece, el ISR tampoco. En este sentido, menciona que como resultado de la agresiva estrategia de fiscalización del gobierno federal el crecimiento para el ISR ha sido de 10 mil millones de pesos (uno por ciento). Sin embargo, señala que en un contexto en el que la economía se mantiene débil, no logra recuperarse a los niveles de 2018.

“Al cierre de 2018 la recaudación de este impuesto fue de 1.88 billones de pesos. En 2019, con la desaceleración económica, cayó a 1.84 billones; para 2020, con todo y pandemia, se recuperó a 1.86 billones, y en 2021, el año de la recuperación, el ISR llegó a 1.89 billones. Se puede argumentar que la fiscalización por lo menos ayudó a mantener la recaudación ante tres años de estancamiento económico, pero es innegable que el avance es nulo por donde se vea. Pero lo que debemos ver es que si la economía no hubiera decrecido en 2019, y se hubiera recuperado bien en 2022, la fiscalización agresiva”.

Asimismo, menciona que el 47 por ciento del crecimiento de los ingresos totales frente a 2018 se debe al mayor IVA y otro 49 por ciento a los no tributarios no petroleros (fideicomisos y fondos de emergencia).

En torno a la fiscalización sobre la cúpula empresarial, el estudio muestra que sólo se reflejó en 2021; sin embargo, la cifra alcanzada ese año quedó lejos de las aportaciones hechas en 2011 o 2013 cuando el sector aportó más de 80 mil millones de pesos, por lo que actualmente se puede afirmar que no existe mejora, sino sólo recuperación.

Sector salud olvidado

Uno de los aspectos que destaca el estudio es lo que corresponde al gasto en el sector de salud, el cual a pesar de ser un pilar del bienestar de la ciudadanía, y con todo y pandemia de COVID-19, “no ha sido prioridad en la actual administración”.

El análisis afirma que en 2021 este sector cerró con un aumento de sólo de 0.3 por ciento frente a 2020, además 54.8 mil millones de pesos se transfirieron a fideicomisos, es decir, al Fondo de Salud para el Bienestar, lo que implica que no hay certeza de que los recursos efectivamente hayan llegado a la gente.

El análisis se refiere a la falta de transparencia de los recursos asignados a programas sociales, en este sentido señala que pese al discurso del Ejecutivo, el gasto público en programas sociales no se ha incrementado en pesos. “Lo único que ha aumentado es la proporción de programas que no clarifican su distribución geográfica, carencia que los hace menos transparentes y da pie a actos de corrupción”, subraya.

Refiere que la caída en el gasto para programas sociales puede explicarse por el estancamiento de los ingresos tributarios o por el desplome de los ingresos petroleros. Lo que no tiene explicación es el incremento de programas sociales, que no muestran distribución geográfica o que por defecto están registrados en la Ciudad de México.

En 2018, último año de la administración pasada, sólo el 39 por ciento del total de programas sociales estaba en esta condición de opacidad. Un año después, en 2019, la proporción subió al 55 por ciento y para 2021 cerró en 58 por ciento del total, advierte.

El estudio de México Evalúa señala que entre los principales programas que carecen de transparencia geográfica son también los prioritarios del gobierno, como Sembrando Vida, el Programa IMSS Bienestar, el Programa de Vivienda Social o el Programa de Microcréditos para el Bienestar.

 

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