Por más de cuatro décadas, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha sido un actor beligerante, disruptivo y decisivo en el sistema educativo mexicano. Bajo la bandera de la justicia laboral y la resistencia al “neoliberalismo”, ha logrado mucho más que mejoras salariales: ha construido un enclave de poder político y territorial, especialmente en estados como Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán.
El saldo, sin embargo, es devastador. Millones de niñas y niños han tenido su derecho a la educación vulnerado por paros indefinidos, marchas masivas, cierres de escuelas, boicots a evaluaciones y programas oficiales, y una sistemática resistencia a la profesionalización docente. En 2025, la historia vuelve a repetirse, pero con un ingrediente nuevo y preocupante: la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, ha prometido regresar a la CNTE el control del sistema de pensiones del magisterio.
Orígenes de un poder paralelo
La CNTE nació en 1979 como escisión crítica del SNTE. Desde entonces, se posicionó como voz combativa y supuestamente democrática frente al corporativismo oficial. Sin embargo, su influencia fue creciendo no solo por su movilización, sino porque logró pactos de poder con los gobiernos, tanto priistas como de izquierda, que evitaron confrontarla de fondo.
En estados como Oaxaca, donde la Sección 22 domina, la CNTE estableció un control fáctico sobre el sistema educativo: designaciones a modo, plazas heredadas, supervisores militantes y un modelo pedagógico paralelo al oficial. “Durante décadas, los niños fueron rehenes de una estructura clientelar disfrazada de resistencia”, apunta el pedagogo Carlos Ornelas, experto en gobernanza educativa.
El costo humano: generaciones sin clase
El impacto de estas prácticas no es abstracto. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), antes de su desaparición, alertó en múltiples informes del rezago educativo profundo en entidades controladas por la CNTE. En Oaxaca, por ejemplo, los alumnos de secundaria obtienen resultados equivalentes al nivel de primaria alta en otras entidades.
“Mi hijo estuvo casi dos años sin clases continuas por los paros”, cuenta Leticia Morales, madre de familia en la Sierra Mixe. “Cuando regresaron, ni los maestros sabían qué hacer. Yo tuve que pagar clases por fuera con lo poco que ganamos”.
La pandemia agravó la situación, pero en estados CNTE la desconexión digital, la negativa de algunos docentes a usar plataformas oficiales y el boicot a los cuadernillos SEP generaron lo que el investigador Manuel Gil Antón llama “un colapso silencioso”.
2024-2025: las nuevas protestas, la misma estrategia
En los últimos meses, la CNTE ha retomado su agenda de presión con fuerza. Desde mayo de 2025 mantiene paros escalonados, plantones frente a Palacio Nacional y bloqueos a vías estratégicas. Sus exigencias van desde aumentos salariales hasta la abrogación total de la reforma de 2019, incluyendo la desaparición del sistema USICAMM de asignación de plazas.
Además, la CNTE exige la “restitución de derechos administrativos”, lo que en la práctica implica recuperar el control sobre procesos de contratación, promoción y, ahora, pensiones.
Claudia y la promesa de las pensiones: un pacto peligroso
Durante su campaña, Claudia Sheinbaum se comprometió públicamente ante integrantes de la CNTE a revisar la actual administración de las pensiones del magisterio, manejadas desde 2007 por el ISSSTE a través del sistema de cuentas individuales (PENSIONISSSTE). La CNTE exige que se les devuelva el control de un fondo propio, similar al extinto ISSSTE estatalizado.
“Vamos a revisar con ustedes el tema de las pensiones, como parte de la justicia laboral que ustedes han peleado”, dijo Sheinbaum en Oaxaca el 10 de mayo de 2024, en un acto rodeado de líderes sindicales.
Para algunos analistas, esto representa una alarma. “La CNTE no busca equidad, busca recuperar privilegios de opacidad y control”, advierte el politólogo Jorge Javier Romero. “Entregarles el sistema de pensiones es volver a poner miles de millones de pesos en manos de líderes sin rendición de cuentas”.
¿Diálogo o capitulación?
La respuesta del actual gobierno ha sido ambigua. Aunque en junio de 2025 se aprobó un aumento del 8.2% para el magisterio y se instalaron mesas de trabajo, la CNTE insiste en mantener los paros. La presidenta electa, por su parte, ha evitado criticar al sindicato, apostando por la continuidad del “diálogo social”.
Pero padres de familia, asociaciones civiles y expertos en educación temen que se repita el patrón de los últimos sexenios: concesiones políticas a cambio de paz temporal, mientras el sistema educativo sigue deteriorándose.
El derecho a la educación está consagrado en la Constitución. Pero en los hechos, millones de estudiantes lo pierden cada año a causa de intereses sindicales que anteponen la presión política a la vocación docente. La CNTE ha logrado mantenerse como actor relevante gracias al chantaje y la movilización.
El nuevo gobierno tiene en sus manos la decisión de seguir cediendo ante sus exigencias o recuperar el control institucional sobre el sistema educativo. En juego no están solo pensiones ni plazas, sino el futuro de generaciones enteras.
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