En un periodo extraordinario de sesiones marcado por la premura legislativa, el Congreso de la Unión aprobó una de las reformas más controvertidas del sexenio: la reforma a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario. Con 66 votos a favor, 47 en contra y una abstención, el Senado dio luz verde a la modificación legal que busca allanar el camino a proyectos de infraestructura estratégicos como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
Esta iniciativa se suma al paquete de reformas impulsadas por la administración de Andrés Manuel López Obrador en su recta final, bajo la promesa de fortalecer al Estado como rector del desarrollo y reducir las trabas burocráticas para los megaproyectos. Sin embargo, voces expertas, ambientalistas y opositores advierten de los riesgos para los ecosistemas, los derechos de las comunidades y la concentración excesiva de poder.
¿Qué dice la iniciativa?
La iniciativa de reforma, aprobada en junio de 2025, modifica la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario para otorgar al gobierno federal mayores atribuciones en la planeación, construcción, operación y administración de vías férreas.
Entre los puntos clave se incluyen:
- Facilitar la expropiación de terrenos para proyectos ferroviarios prioritarios.
- Priorizar los permisos y licencias para obras de carácter estratégico.
- Permitir que las concesiones ferroviarias puedan ser revocadas si se consideran de interés público.
- Dar mayor control al gobierno en la asignación de rutas y concesiones.
El objetivo declarado es acelerar la construcción y operación de líneas férreas que forman parte de los planes de desarrollo del gobierno, como el Tren Maya, que ya ha enfrentado múltiples suspensiones judiciales y controversias por su impacto ambiental.
¿Por qué fue impulsada?
El principal motivo detrás de la reforma es dotar de seguridad jurídica y celeridad a proyectos ferroviarios emblemáticos que, según el gobierno, dinamizarán la economía del sur-sureste del país, una de las regiones históricamente más rezagadas.
En palabras del senador de Morena Eduardo Ramírez Aguilar, “esta reforma busca garantizar que el Estado tenga la capacidad de intervenir de manera oportuna en los proyectos que beneficien a la nación, sin que intereses particulares los frenen”.
La iniciativa también responde a la visión de infraestructura nacional que ha caracterizado al sexenio de la 4T, donde el Estado retoma un papel preponderante en sectores clave, desafiando los modelos de privatización y concesión que predominaron en décadas anteriores.
Riesgos, críticas y posibles consecuencias negativas
Las críticas a la reforma no se han hecho esperar, tanto en el ámbito legislativo como en la sociedad civil. Organismos como México Evalúa y Causa Natura advierten que:
- Se abre la puerta a expropiaciones exprés, sin una consulta adecuada con comunidades indígenas o afectados.
- Se vulneran los derechos ambientales, al facilitar obras sin los estudios de impacto ambiental exhaustivos que deberían exigirse.
- Se incrementa el riesgo de corrupción al centralizar en el gobierno la toma de decisiones sobre concesiones y permisos.
- Se limita la competencia en el sector ferroviario, al favorecer potencialmente a empresas estatales o afines al poder.
Además, varios expertos en derecho constitucional, como Diego Valadés, han advertido que esta reforma puede ser impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por posibles violaciones a derechos fundamentales y principios de competencia económica.
Posibles fortalezas o beneficios
No obstante, la reforma también tiene defensores, quienes subrayan los siguientes beneficios:
- Impulso al desarrollo regional en áreas como Chiapas, Tabasco y Yucatán, con inversiones que generan empleos e infraestructura.
- Mejora de la conectividad y modernización de la red ferroviaria, lo que podría reducir el uso de transporte por carretera y, por ende, las emisiones contaminantes.
- Fortalecimiento del Estado como garante de los bienes estratégicos, en línea con una visión nacionalista de los recursos y medios de comunicación terrestre.
Para Rogelio Jiménez Pons, exdirector del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), “el Tren Maya y los proyectos ferroviarios son necesarios para llevar justicia social a regiones olvidadas por décadas”.
¿Cómo afectará esta ley a los ciudadanos?
El impacto en la vida diaria de los ciudadanos se dará en varios niveles:
- Posible pérdida de tierras y viviendas en comunidades ubicadas en los trazos de nuevos ferrocarriles, con procesos de expropiación más ágiles y menos resistencias legales.
- Cambio en la dinámica laboral, con nuevas oportunidades de empleo en la construcción y operación de líneas ferroviarias, pero también con el riesgo de desplazamiento de economías locales.
- Efectos ambientales perceptibles: aumento de la deforestación y alteración de hábitats naturales, con consecuencias en biodiversidad y calidad de vida para las comunidades.
- Incremento de gasto público, lo que podría afectar recursos destinados a salud, educación o seguridad, según advierten analistas como Valeria Moy del IMCO.
La señora Martha Mayorga, habitante de Calakmul, Campeche, compartió: “Nos dicen que traerán progreso, pero no nos preguntaron si queríamos el tren. Ya vemos cómo desaparecen árboles y animales de la zona”.
La reforma ferroviaria recientemente aprobada en México representa un paso firme en la consolidación de un modelo de desarrollo estatalista que busca impulsar grandes proyectos de infraestructura como motor económico. Sin embargo, lo hace a costa de debilitar procedimientos ambientales, consultas comunitarias y equilibrios de poder.
El país se encuentra en una encrucijada: apostar por la infraestructura como vía de crecimiento o cuidar los ecosistemas y los derechos de las comunidades que, en muchos casos, no han sido escuchadas. La discusión pública, la participación ciudadana y la vigilancia judicial serán claves para que esta reforma no se traduzca en un retroceso en libertades o en un daño irreversible al patrimonio natural.
“Las leyes se hacen en el Congreso, pero las consecuencias las vivimos todos los días los ciudadanos”, concluye Mariana Morales, activista de la Red Indígena por la Defensa de la Selva.
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