El Senado de la República recibió de la Cámara de Diputados el proyecto de decreto para reformar el artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a fin de extinguir 13 fondos y fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF) por un monto de casi 15 mil 500 millones de pesos.
En la víspera, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el decreto en lo general por 259 votos de Morena, PT y PVEM, y 205 votos en contra que sumaron PAN, PRI, MC y PRD.
En la sesión del pleno del Senado, legisladores del PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y Grupo Plural solicitaron que la minuta se analice en un Parlamento Abierto y que, además de las comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos Segunda, el documento también se turnara a las comisiones de Justicia y de Derechos Humanos.
Sin embargo, con 44 votos a favor, 39 en contra y una abstención, la Asamblea determinó que se mantuviera el turno sólo a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y a la de Estudios Legislativos Segunda.
A su vez, la presidenta de la Mesa Directiva, Ana Lilia Rivera Rivera, aclaró que para que la reforma se analice en un Parlamento Abierto les corresponde a estas comisiones pronunciarse, y en su caso, establecer el método de trabajo correspondiente, como lo indica el artículo 183 del Reglamento del Senado.
De acuerdo a la minuta aprobada por la Cámara de Diputados, establece que “en el ámbito del Poder Judicial de la Federación, no podrán ser creados ni mantenerse en operación otros fondos o fideicomisos adicionales al mencionado anteriormente”.
Asimismo, se destaca que actualmente el PJF cuenta con 14 fondos y fideicomisos, de los cuales 13 no están contemplados en la Ley Orgánica del Poder Judicial, de ellos, cinco pertenecen al Consejo de la Judicatura Federal; seis a la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y dos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
De los 14 fondos y fideicomisos, sólo uno se encuentra contemplado en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, siendo este el Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia.
Por lo que, el Fondo para la Administración de los Recursos Provenientes de Sentencias que deriven de las Acciones Colectivas Difusas, que está contemplado en el Código Federal de Procedimientos Civiles, y los 12 fondos y fideicomisos restantes no cuentan con un respaldo jurídico adecuado.
Según el documento, por ello la intención de la propuesta de los diputados es despejar la opacidad y la discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos, al promover la transparencia, la rendición de cuentas y la responsabilidad, a través de la extinción de los 13 fondos y fideicomisos bajo la jurisdicción del Poder Judicial de la Federación.
En el documento se indica que su extinción simplifica la rendición de cuentas, pues sin estos instrumentos, los fondos públicos se gestionarán directamente a través de las estructuras gubernamentales existentes, lo que hace que sea más fácil para las instituciones responsables rendir cuentas ante el público y ante los órganos de control gubernamental.
El senador Navor Alberto Rojas Mancera (Morena) acusó al bloque “opositor” de usar la discusión de la minuta con fines electoreros, además de que se manipula a los trabajadores del Poder Judicial porque se les dice que la reforma les va a afectar, cuando según él, lo único que se hará “es quitar coches blindados, alcohol, viajes al extranjero, porque no es conveniente para el país que existan dichos privilegios”.
Por su parte, Kenia López Rabadán (PAN) pidió hacer un análisis objetivo y claro para que el Senado tome su decisión en torno a la minuta remitida por la Cámara de Diputados; para lo cual propuso que el documento se turne también para su análisis a las comisiones de Justicia y de Derechos Humanos, además de establecer un Parlamento Abierto para resolver la discusión con los ciudadanos y los trabajadores del Poder Judicial.
En su turno, la senadora Claudia Edith Anaya Mota (PRI) propuso a la presienta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero, solicitar que ese órgano participe en la dictaminación de la minuta, y se sumó a la iniciativa de llevar el análisis a Parlamento Abierto ya que 55 mil trabajadores del Poder Judicial en todo el país se verían afectados con la extinción de los fideicomisos.
Por su parte, la senadora Patricia Mercado Castro, de Movimiento Ciudadano, planteó también turnar la minuta a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para que ésta emita una opinión en virtud de que la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación podría “poner en peligro” las reformas laborales impulsadas en recientes años.
Asimismo, el legislador Miguel Ángel Mancera Espinosa (PRD), opinó que más allá de un Parlamento Abierto se deben encontrar mejores vías de solución a través del debate en el Senado de la República. “Nosotros no podemos ser sólo una ventanilla o una oficialía de partes”, sostuvo, y añadió que un Poder federal no puede extinguir fideicomisos de otro sin que se afecte a la Constitución Política.
El legislador del Grupo Plural, Emilio Álvarez Icaza Longoria, consideró que si bien puede haber varias interpretaciones respecto a los fideicomisos, es importante revisarlo. “A final del día se harán las votaciones que se consideren y tendremos las posiciones que tendremos, pero es muy importante hacer saber que en el Senado estamos conscientes de la discusión pública y de las manifestaciones de los trabajadores”, enfatizó.
Trabajadores los afectados
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un comunicado en el que aseguró que “la extinción de los fideicomisos repercute en las finanzas del Poder Judicial de la Federación y en el cumplimiento de diversas obligaciones patronales respecto a derechos laborales adquiridos por parte de todas las personas trabajadoras, pero no se trata de un recorte al presupuesto que año con año se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que aprueba igualmente la Cámara de Diputados”.
Aclaró que los fideicomisos no están destinados para beneficio de 11 ministros en funciones y 22 en retiro, “ni uno solo de los 14 fideicomisos con los que cuenta el Poder Judicial de la Federación (PJF) está relacionado con gastos de ministras y ministros. Mucho menos se destinan para aspectos que tengan que ver con cuestiones personales”.
Cada fondo y fideicomiso, indicó, tiene objetivos específicos que no permiten su uso para fines distintos a los establecidos para su creación.
La SCJN dijo que al menos seis fideicomisos tienen por objeto cumplir de manera complementaria obligaciones patronales que constituyen derechos de los trabajadores, tanto laborales como de seguridad social: pensión, vivienda, cobertura de salud y retiro.
Estos derechos adquiridos están reconocidos, además en la Constitución y en la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, en otros instrumentos legales como son las Condiciones Generales de Trabajo.
Anuncian paro
Trabajadores sindicalizados del Poder Judicial de la Federación anunciaron que pararán sus labores a nivel nacional en órganos jurisdiccionales, tribunales y juzgados hasta el próximo 24 de octubre en protesta por la desaparición de los fideicomisos.
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