La marcha de protesta convocada por el colectivo de la llamada “Generación Z” que se realizó el sábado 15 de noviembre terminó por desbordarse en uno de sus puntos más tensos: la detención de varios jóvenes en pleno Zócalo de la Ciudad de México, en medio de escenas confusas que rápidamente escalaron a acusaciones públicas de abuso policial y desaparición temporal. El episodio abrió un conflicto de versiones entre autoridades, familias y los propios jóvenes, que aún hoy intentan recuperar su voz después de los días que pasaron bajo custodia.
La marcha avanzaba hacia Palacio Nacional cuando un grupo de encapuchados comenzó a derribar vallas metálicas colocadas como cerco de seguridad. En ese momento, elementos policiales intervinieron para dispersar a los manifestantes. Las autoridades afirmaron que, en el operativo, identificaron conductas que consideraron delictivas: agresiones contra policías, daños a propiedad pública, portación de objetos peligrosos e incluso actos que, según su interpretación, podrían encuadrarse como tentativa de homicidio. Bajo ese argumento, presentaron a cerca de treinta personas ante el Ministerio Público.
El gobierno capitalino justificó la actuación policial, a pesar de los testimonios que fueron capturados en video donde se ve cómo son golpeados jóvenes que iban completamente desarmados y no fueron los causantes del desorden, y señaló que no existió una orden de represión, sino una respuesta puntual al derribo de vallas y a los enfrentamientos registrados en la zona. Funcionarios aseguraron que todos los detenidos fueron trasladados conforme al protocolo y que su presentación ante autoridades ministeriales ocurrió dentro de los plazos legales.
Sin embargo, mientras las autoridades difundían su narrativa, en el exterior comenzaban a multiplicarse denuncias de familiares y organizaciones. Padres, hermanas, parejas y amigos empezaron a reportar que no lograban localizar a los jóvenes: no aparecían en los listados inmediatos de detenidos, no respondían el teléfono y, en los primeros minutos, no se conocía en qué agencia del Ministerio Público se encontraban. Fueron horas que muchos describieron como de “desaparición”, aunque en sentido estrictamente legal se tratara de falta de información oficial oportuna.
Ese vacío fue el detonante de la indignación. Afuera de distintas agencias, familias se congregaron buscando saber si su hijo, hija o amigo estaba ahí. Varios relataron que se enteraron de la detención a través de fotos y videos publicados en redes sociales, donde se veía a policías sometiendo a manifestantes, algunos ya en el suelo. Otros contaron que sólo supieron la ubicación de los jóvenes cuando abogados y activistas comenzaron a recorrer instalaciones para cotejar identidades.
Una vez ubicados, comenzaron a salir los primeros testimonios. La mayoría coincidió en que fueron detenciones abruptas, en ocasiones sin aviso previo y en otras cuando ya se habían replegado de la zona de tensión. Uno de los jóvenes contó a su salida que lo tomaron por la espalda mientras corría hacia una calle lateral intentando alejarse de los empujones en la valla. Otro relató que lo subieron a una camioneta en la que ya había otros detenidos, pero que durante el trayecto permanecieron sin información, sin posibilidad de avisar a sus familiares y bajo vigilancia estricta.
Las declaraciones de quienes permanecieron varios días presos también detallan golpes, empujones, amenazas verbales y un trato que describen como “de castigo”. Algunos aseguraron haber sido rapados sin explicación y que, durante las primeras horas, no se les permitió beber agua ni comunicarse con un abogado. Otros mencionaron que fueron obligados a mantenerse de pie durante largos periodos o que se les negó información sobre las imputaciones que enfrentaban.
Varias familias narraron escenas similares. Una madre contó que su hijo estuvo más de 24 horas incomunicado y que solo consiguió verlo cuando un abogado intervino para exigir su presentación formal. Una prima relató que el joven detenido en su familia presentaba moretones visibles en brazos y pecho. “No sabíamos si estaba vivo”, dijo, refiriéndose a las primeras horas de incertidumbre. Otra hermana reclamó que la detención ocurrió cuando su hermano intentó ayudar a una niña empujada por la multitud.
Los jóvenes que permanecieron más días en prisión preventiva describieron condiciones que calificaron como insalubres y un ambiente hostil. Uno afirmó que le dijeron que “por su apariencia” lo iban a procesar, aunque insistió en que no participó en actos violentos. Otro comentó que lo mantuvieron vigilado incluso cuando iba al baño y que los custodios se burlaban de ellos llamándolos “vándalos” o “revoltosos”.
Cuando finalmente comenzaron a ser liberados —algunos con medidas cautelares, otros sin cargos graves—, los testimonios adquirieron un tono de acusación directa. Varias de las declaraciones coincidieron en que la detención fue “injustificada”, “desproporcionada” y motivada más por el clima político de la protesta que por hechos puntuales. Varios jóvenes salieron entre aplausos, abrazos y lágrimas de sus familias, pero también con el temor de que las imputaciones sigan su curso en tribunales.
En contraste, el gobierno capitalino insiste en que actuó conforme a derecho y que cualquier abuso será investigado. Funcionarios aseguran que la revisión interna avanza y que, de comprobarse irregularidades, habrá sanciones. También niegan categóricamente que haya existido una desaparición, aunque reconocen que hubo fallas en la comunicación con familias durante las primeras horas.
El episodio dejó una secuela evidente: un quiebre de confianza entre los jóvenes movilizados y las instituciones de seguridad. Para muchos de ellos, la detención no solo implicó perder temporalmente la libertad; significó un mensaje sobre los riesgos de protestar. Para las familias, se trató de un recordatorio doloroso de la fragilidad de los derechos cuando el Estado no garantiza información y trato digno. Y para la autoridad, quedó abierta la obligación de demostrar que la actuación policial fue proporcional, transparente y conforme a la ley.
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