Coparmex pide a legisladores no apostar por una regresión democrática

Las reformas constitucionales propuestas por el Ejecutivo se presentaron a poco más de siete meses de que concluya la presente administración en un contexto de alta polarización política y en un momento en el que simultáneamente se lleva a cabo el proceso electoral, por lo que su discusión podría verse condicionada, consideró la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

En su publicación oficial Señal, el organismo patronal advirtió que existen temas que deberían abordarse con urgencia; sin embargo, no están considerados en el paquete presentado por el presidente de la República.

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Advirtió que deberán escucharse los planteamientos de la oposición, la cual por su parte anunció que prevé proponer cambios de relevancia como el restablecimiento del Seguro Popular, las estancias infantiles o la jornada escolar de tiempo completo, las cuales consideró que serían de enorme ayuda para las familias.  

Asimismo, pidió a los legisladores no apostar por una regresión democrática mediante el desmantelamiento de instituciones, y a que discutan a fondo los temas que inquietan y preocupan a la población y no están siendo considerados en las reformas planteadas por el jefe del Ejecutivo, como son la inseguridad, el crecimiento preocupante de zonas de influencia del crimen organizado, asaltos al transporte en muchas carreteras del país, desplazamientos en comunidades, población migrante en aumento; al igual que el desabasto de agua y el de medicamentos y vacunas.

En defensa de la Constitución

La Coparmex afirmó que “la Constitución es nuestro escudo y defensa ante cualquier abuso de gobierno. Por eso es que nada ni nadie puede estar por encima de ella, y cualquier reforma o modificación que sufra debe provenir de un amplio consenso”.

En un breve análisis sobre el paquete de las reformas propuestos por el presidente de la República, el sindicato patronal las catalogó en cuatro categorías: 1. Reformas marginales; 2. Positivas y/o urgentes; 3. Preocupantes y 4. Las que requieren de un amplio debate.

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Las primeras son algunas iniciativas que consideran cambios marginales al texto constitucional o son temas ya considerados en la misma Constitución, como ejemplo mencionó el que se refiere al reconocimiento a las comunidades indígenas o afromexicanas como sujetos de derecho público, cuando desde el 9 de agosto de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma constitucional que reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas como parte integrante de la composición pluricultural de la Nación.

Entre las que consideró positivas y/o urgentes, la Coparmex dijo que desde principios de 2023, respaldó la necesidad de facultar al Congreso para poder emitir una Ley General contra la Extorsión, “respaldamos la reforma constitucional que se aprobó en comisiones a finales del año pasado al ser el primer paso necesario y exigimos, en su momento, que se llevara al Pleno de la Cámara de Diputados. Por ello, respaldamos la urgencia de que este tema se apruebe cuanto antes”, señaló.

En torno a las que consideró reformas preocupantes, indicó que en este rubro se encuentran las relativas al desmantelamiento de instituciones como el INE, el Inai, la Cofece, el Coneval, la Condusef y la IFT, entre otras, y la concentración de poder

“La reforma electoral, por ejemplo, plantea la desaparición del INE y la eliminación de los legisladores de representación proporcional que han asegurado la pluralidad en el Congreso. La elección popular de los ministros, magistrados y consejeros electorales sería un enorme riesgo dado que los cargos no los ocuparían los más capaces, sino los más populares”, apuntó.

Finalmente, en torno a las reformas que requieren de amplio debate, la Coparmex considera que se encuentran las reformas que requieren amplio debate las relativas a programas sociales, por ejemplo, requieren un amplio análisis; ya que los apoyos y becas son muy necesarios, pero no se establece con claridad de dónde saldrán los recursos para sostenerlos o ampliarlos como ocurriría si se reduce la edad para recibir la pensión de adulto mayor de 68 a 65 años de edad.

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