Congreso debe rechazar modificaciones al sistema electoral: HRW

Al alertar que los cambios al sistema electoral propuestos por el jefe del Ejecutivo “podrían socavar gravemente la independencia de las autoridades electorales y poner en riesgo la celebración de elecciones libres e imparciales”, Human Rights Watch (HRW) exhortó a los legisladores a rechazarlos toda vez que contravienen los estándares internacionales de derechos humanos.

Tyler Mattiace, investigador para México del organismo internacional, aseguró que de concretarse los cambios tal y como fueron propuestos por el presidente de la República, se “facilitarían que cualquier partido que esté en el poder coopte las instituciones electorales del país para mantenerse en el mismo”, toda vez que se eliminarían varios controles establecidos para preservar la independencia de las dos autoridades nacionales que quedarían a cargo de la supervisión de todas las elecciones en el territorio nacional.

Recordó que “conforme al derecho internacional, y a fin de proteger el derecho de los ciudadanos a votar y participar en la conducción de los asuntos públicos, los Estados deben garantizar que exista una autoridad electoral independiente que pueda supervisar las elecciones de manera justa e imparcial. Si bien, el derecho internacional no establece ningún sistema electoral en particular, los estados no deben implementar medidas que podrían debilitar la independencia o la imparcialidad de las autoridades electorales”.

HRW es uno más de los organismos internacionales que rechazan los pretendidos cambios por el Ejecutivo contra el árbitro electoral como en otro momento lo han hecho la Organización de Estados Americanos (OEA), el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y la Comisión de Venecia.

HRW apuntó que “considerando la larga historia de elecciones amañadas en México durante los más de 70 años de gobierno unipartidista, resulta sumamente alarmante que los legisladores consideren una propuesta tan regresiva que debilitaría la independencia de las autoridades electorales”.

Destacó que las numerosas salvaguardas que actualmente contiene el sistema electoral para proteger la independencia de las autoridades electorales se verían afectadas, ya que con los cambios propuestos, entre otras cuestiones, se cambiaría la forma en que se designa a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), lo que eliminaría las protecciones destinadas a asegurar su independencia del gobierno.

Asimismo, se acortarían y unificarían los mandatos de los consejeros y magistrados electorales, de modo que todos los integrantes de ambos organismos electorales serían designados al mismo tiempo y en el mismo proceso, durante cada sexenio. Actualmente, estos funcionarios desempeñan mandatos escalonados de nueve años y son designados en distintos procesos de selección, realizados por diferentes funcionarios en diferentes años, indicó.

“Al reducir la cantidad de autoridades responsables de administrar las elecciones y posibilitar el nombramiento de todos los funcionarios electorales al mismo tiempo, sería mucho más fácil que el gobierno influya en el proceso de selección, y ello debilitaría la independencia de las autoridades electorales”, explicó Human Rights Watch.

También se eliminaría el mandato constitucional de que el INE administre el padrón electoral, lo que hacía el gobierno durante la mayoría de los años del sistema unipartidista en México y quiere volverlo a hacer.

La posibilidad de que ese registro pase a estar bajo el control del gobierno podría contravenir el derecho mexicano y los estándares internacionales sobre protección de datos personales. Dichos estándares prohíben a las organizaciones que tienen información personal, como nombres, fotografías y huellas dactilares, a compartirla sin el permiso expreso de las personas cuyos datos podrían transferirse”, señaló.

Se prevé que el Congreso debata y someta a votación la iniciativa de reforma político-electoral antes de que finalice el actual período de sesiones legislativas, lo que está previsto para el 15 de diciembre.

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