El 90 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal desdeñaron las elecciones judiciales al no presentarse a votar el 1 de junio para elegir a los nuevos ministros, jueces y magistrados del Poder Judicial, de esta manera demostraron su desacuerdo con la reforma judicial impuesta por el expresidente y los legisladores de Morena, PT y PVEM.
Al no asistir a las urnas la ciudadanía dejó un mensaje fuerte, claro y contundente, mismo que dejó el de los 12 millones 581 mil 118 personas que decidieron anular su voto, lo que corresponde al 10.8 por ciento del total de los sufragios recibidos, muchos de ellos con leyendas ofensivas a Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, y de los 14 millones 40 mil 409 votos en los que no se registró ningún número en el recuadro, lo que equivale a 12.1 por ciento.
Como resultado del “inédito” proceso electoral, como lo calificó la misma presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, se eligieron por voto popular a más de dos mil 600 funcionarios del Poder Judicial, incluyendo ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados del Tribunal Electoral y jueces de distrito.
Hugo Aguilar Ortiz, se levantó con la victoria superando a quienes ya desde la Corte abiertamente apoyaban al expresidente Andrés Manuel López Obrador, las ministras Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres, esta última no ha reconocido públicamente el resultado toda vez que pensaba que ella obtendría el mayor número de votos.
Hugo Aguilar es de origen mixteco, nació en Oaxaca y es abogado, a partir del 1 de septiembre se convertirá en el primer ministro de origen indígena que presida la SCJN en casi 170 años.
En el Tribunal de Disciplina Judicial, Morena logró un pleno al obtener los cinco puestos disponibles para candidatos afines al partido, consolidando su influencia en este nuevo órgano encargado de la vigilancia y disciplina de los organismos judiciales.
A pesar de que la dirigencia de Morena aseguró que no apoyaría a ningún candidato en estas elecciones, se distribuyeron ampliamente “acordeones” o guías de votación con los nombres de los aspirantes afines al oficialismo, lo que generó críticas sobre la imparcialidad del proceso.
La oposición, particularmente el Partido Acción Nacional (PAN), expresó su preocupación de que estas elecciones podrían abrir la puerta a la influencia del crimen organizado en el Poder Judicial, al permitir la llegada de funcionarios ligados a grupos de corrupción y con participación del crimen organizado.
Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha iniciado audiencias para analizar los efectos de la reforma judicial en los derechos humanos, ante las preocupaciones de que este cambio afecte la autonomía judicial y pueda derivar en una politización del sistema legal.
A pesar de que López Obrador afirmó que con la reforma judicial se buscaba democratizar el sistema de justicia en México, los resultados de las elecciones del 1 de junio han generado un debate sobre la verdadera independencia del Poder Judicial y la consolidación del poder de la Cuarta Transformación en este ámbito. Ahora sólo falta que tomen posición los ganadores de los comicios en sus cargos y ver si efectivamente actúan con la ley en la mano o si sus decisiones favorecen al sistema encabezado por Morena.
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