A dos días de la votación judicial más ambiciosa en la historia de México, el Octavo Reporte Judicial de Integralia revela una serie de hallazgos alarmantes que cuestionan la legitimidad, la organización y el impacto real del proceso. La jornada del 1 de junio, en la que se elegirán miles de jueces, magistrados y ministros por voto directo, lejos de representar un avance democrático, podría configurar una regresión, marcada por la inducción del voto, la desinformación ciudadana y severas deficiencias institucionales.
Voto inducido y manipulado: ¿libertad o coacción?
Uno de los hallazgos más graves del reporte señala que una alta proporción de votantes acudirá con “acordeones” preparados por partidos o gobiernos. Es decir, se prevé que el sufragio sea movilizado y no libre, rompiendo con uno de los principios básicos de la democracia representativa.
“Nos dijeron por quién votar, nos dieron la lista y nos prometieron que si no se cumplía, no habría apoyo”, relata Teresa, trabajadora del hogar en Iztapalapa, quien recibió un instructivo de voto por parte de un promotor político. “Uno ya no sabe si votar sirve para algo”.
Además, se prevé una participación baja y un voto masivamente inducido o incluso comprado, lo cual no solo reduce la calidad democrática del proceso, sino que compromete la legitimidad de los futuros integrantes del poder judicial.
Una elección demasiado compleja: 34 votos por persona
El nivel de complejidad del proceso es sin precedentes. A nivel federal, el ciudadano promedio pasará de emitir tres votos (como en 2024) a un promedio de 34 sufragios por persona, con boletas que contienen decenas de cargos y cientos de candidaturas.
En la Ciudad de México, por ejemplo, cada boleta contendrá 51 cargos entre 293 aspirantes, lo que incrementará de manera dramática el número de votos nulos y errores de escrutinio.
“La gente no va a entender por quién está votando. Es más fácil que anulen el voto que que lo llenen bien”, advirtió el politólogo Luis Carlos Ugalde, director de Integralia Consultores.
Sin funcionarios de casilla, sin presupuesto y sin confianza
El Instituto Nacional Electoral (INE) enfrentará la elección más extensa en su historia con menos recursos y menos personal. La ausencia de funcionarios de casilla obliga a que el conteo se traslade a las oficinas distritales, un proceso que durará 10 días y que se realizará fuera del escrutinio ciudadano directo, lo que aumenta los riesgos de manipulación.
Además, los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) presentan déficits presupuestales severos: el caso de Zacatecas es emblemático, con un faltante de casi 86 millones de pesos, lo que compromete su capacidad operativa.
Cargos sin competencia y desinterés mediático
En al menos 51 cargos federales y la totalidad de los 49 en Durango, las candidaturas son únicas y ya avaladas por los tres poderes estatales, lo que transforma el proceso en una mera formalidad sin competencia real.
A pesar de que el 72% de los ciudadanos, según Enkoll, considera necesaria la elección judicial, el interés social y mediático es casi nulo. Solo unas cuantas figuras como Yasmín Esquivel, Lenia Batres o Gerardo Fernández Noroña generan algún tipo de eco en redes, mientras que el grueso de los candidatos es absolutamente desconocido.
Apenas el 7.6% de los ciudadanos se siente bien informado sobre este proceso, de acuerdo con una encuesta de Mitofsky. Aunque el conocimiento de la fecha de votación aumentó (54% en mayo frente al 34% en abril), la mayoría de las candidaturas sigue siendo una incógnita para el electorado.
Además, se reportó un incremento inusual del 807% en solicitudes de observadores electorales, lo que podría reflejar una creciente preocupación por la transparencia, aunque también pone presión sobre los mecanismos de vigilancia.
Mandatos largos, consecuencias duraderas
Una de las características más delicadas del proceso es que los cargos electos tendrán una duración de entre 8 y 11 años. Si figuras como Esquivel, Ortiz o Batres resultan electas, permanecerían en sus cargos hasta 2036 o incluso 2039, consolidando un bloque ideológico con amplia influencia sobre el sistema de justicia mexicano en el largo plazo.
El INE solo anunciará cifras preliminares de participación la noche del 1 de junio. Los cómputos oficiales y la entrega de constancias se extenderán hasta el 15 de junio, y los nuevos funcionarios judiciales tomarán posesión el 1 de septiembre.
Entre tanto, la incertidumbre sobre los resultados y la desconfianza en el proceso podrían generar una crisis de legitimidad para el sistema judicial, especialmente si los casos más polémicos son impugnados.
¿Una justicia electa o una justicia impuesta?
Más que un ejercicio democrático, el proceso de elección judicial del 1 de junio se perfila como un experimento fallido, cargado de complejidades técnicas, deficiencias logísticas y estrategias de coacción política. La posibilidad de elegir a jueces por voto directo no garantiza justicia ni independencia, sobre todo cuando se hace sin información, sin competencia real y sin condiciones de libertad.
Lo preocupante no es solo el resultado, sino el precedente: si la justicia nace de una elección viciada, su legitimidad estará manchada desde el primer día ha comentado la abogada constitucionalista Ana Laura Magaloni.
“Nunca imaginé votar por 34 personas en una misma elección. No conozco ni a tres. Me dieron una hoja con los nombres que ‘debo’ marcar y me dicen que es lo mejor para todos. ¿Eso es democracia?”, se pregunta Jorge, estudiante de Derecho en Querétaro.
¿Realmente está en juego la justicia, o solo se está firmando su sometimiento político bajo el disfraz de una elección popular?
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