El gobierno de Nuevo León incluyó en su Paquete Fiscal 2026 una medida que encendió de inmediato el debate público: el incremento del Impuesto Sobre Nómina (ISN) de tres a cuatro por ciento.
El secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado, Carlos Garza Ibarra, detalló que este aumento permitiría obtener alrededor de seis mil millones de pesos adicionales durante 2026. Explicó que los nuevos recursos se destinarían “exclusivamente a fortalecer la seguridad pública y a cubrir proyectos estratégicos de infraestructura”.
El Paquete Fiscal 2026 contempla un presupuesto total de 179 mil 494 millones de pesos, es decir, 23 mil 229 millones más que el ejercicio anterior, lo que representa un crecimiento de 14.9 por ciento. En este contexto, el incremento al ISN se presenta como una de las principales vías para reforzar los ingresos propios del estado.
La administración estatal argumenta que el impacto para los contribuyentes más pequeños será limitado. Con base en sus proyecciones, para cerca de 12 mil micro y pequeñas empresas el pago adicional sería de aproximadamente 550 pesos al año, mientras que la mayor parte de la carga recaería en empresas medianas y grandes. Para justificar la medida, el gobierno también ha señalado que otras entidades del país ya aplican tasas iguales o superiores, por ejemplo, la Ciudad de México o Quintana Roo con cuatro por ciento, o Baja California con 4.5 por ciento.
La respuesta del sector privado fue contundente y prácticamente unánime. Organizaciones como Coparmex Nuevo León, Caintra y Canaco Monterrey rechazaron el incremento argumentando que perjudicará la competitividad del estado, afectará la inversión y encarecerá la generación de empleo formal.
La directora de Coparmex Nuevo León, Cecilia Carrillo, advirtió que el aumento representa “un monto muy significativo para las empresas” y adelantó que el organismo está dispuesto a promover recursos legales si la medida se aprueba tal como fue planteada.
En un posicionamiento conjunto, diversas cámaras empresariales señalaron que “las empresas de Nuevo León no están en condiciones de asumir una mayor carga tributaria”, al subrayar que el aumento equivale a un incremento del 33 por ciento en la tasa actual. De acuerdo con sus estimaciones, este impacto sería especialmente severo para micro, pequeñas y medianas empresas, que operan con márgenes reducidos y menor capacidad de absorber costos fijos adicionales.
La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) advirtió que un ajuste de este tipo “puede derivar en efectos adversos como menor contratación formal, desincentivos a la inversión y riesgos de aumento de la informalidad”, lo que afectaría directamente la capacidad del estado para sostener su ritmo de crecimiento económico.
En el Congreso de Nuevo León la discusión también se ha tensado. Legisladores de diferentes partidos han mostrado reservas para aprobar el aumento y han pedido a la administración estatal justificar con mayor detalle la necesidad del incremento y aclarar el destino preciso de los recursos.
Desde la bancada de Morena, su coordinador Mario Soto declaró que será “imposible acompañar un aumento de estas dimensiones en las condiciones actuales”, mientras que otros diputados han sugerido que el gobierno debería comenzar por recortar gasto en dependencias antes de trasladar nuevas cargas al sector productivo.
La iniciativa del Ejecutivo ha quedado en manos de las comisiones dictaminadoras, donde se prevé una negociación intensa. Las cámaras empresariales, por su parte, preparan argumentación técnica para reforzar su postura y buscan ser escuchadas durante el análisis legislativo.
Para el sector privado, incrementarlo implica elevar de forma significativa los costos de operación y traer consecuencias indeseables en inversión, empleo y formalidad. Las cámaras empresariales también han planteado un problema de inequidad: consideran que el alza recaería únicamente sobre los empleadores cumplidos, mientras que, según han señalado, un amplio universo de empleadores opera en la informalidad sin aportar al ISN ni enfrentar supervisión o sanción.
Además, la coyuntura nacional e internacional complica aún más el escenario. Las empresas enfrentan costos operativos en ascenso, incertidumbre en cadenas de suministro y una presión inflacionaria que reduce márgenes. En este entorno, señalan que cualquier aumento fiscal tiene un efecto multiplicador sobre el costo laboral y puede impactar directamente la creación de nuevos empleos.
La propuesta del Ejecutivo estatal deberá resolverse en el Congreso en las próximas semanas. Su futuro dependerá de acuerdos políticos y de la capacidad del gobierno para demostrar que el uso de los recursos adicionales será eficiente y transparente.
Para las empresas, el desafío será incidir en la discusión con datos y análisis técnico que permitan dimensionar el impacto económico del aumento y, en su caso, proponer alternativas. Para el gobierno, la tarea será convencer a legisladores y ciudadanía de que la medida es necesaria para sostener la seguridad y la infraestructura del estado sin comprometer el dinamismo económico que distingue a Nuevo León.
El aumento al ISN, más allá de un porcentaje, se ha convertido en un reflejo de la tensión entre dos prioridades: financiar un estado con necesidades crecientes y preservar el atractivo económico que convirtió a Nuevo León en un destino clave para la inversión y el empleo formal en el norte del país.
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