La nueva Iniciativa de Ley Federal de Competencia Económica, actualmente en revisión legislativa en México, busca modificar las facultades de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), redefinir conceptos como prácticas monopólicas y barreras a la competencia, y establecer nuevas formas de intervención estatal.
¿Estamos frente a un intento por devolver poder al Estado frente a los oligopolios? ¿O ante un paso más hacia la captura política del mercado? Analizar esta iniciativa desde la perspectiva neoliberal y desde la Doctrina Social de la Iglesia permite abrir una discusión sobre el tipo de economía que México necesita.
El mercado como árbitro: la visión neoliberal
Desde una lógica neoliberal, la competencia económica se entiende como un mecanismo natural de regulación. Menor intervención estatal, mayor libertad de mercado y eliminación de barreras artificiales son los pilares del modelo. Bajo esta óptica:
- Cualquier intento de concentración excesiva de poder (privado o público) debe ser limitado.
- La COFECE debe actuar con autonomía técnica y jurídica, lo cual esta iniciativa pone en entredicho al ampliar atribuciones discrecionales al Ejecutivo.
- El libre mercado no es solo un ideal: es condición de eficiencia económica.
En palabras del economista Friedrich Hayek, citado en debates parlamentarios:
“El problema fundamental de toda política económica es cómo coordinar la acción de millones de personas sin coerción central.”
Desde esta perspectiva, la iniciativa es problemática porque reduce la independencia institucional, introduce ambigüedades en la definición de “barreras a la competencia” y abre la puerta a usos políticos del poder económico, afectando la certeza jurídica y la inversión.
El mercado al servicio del ser humano: la mirada de la Doctrina Social de la Iglesia
En contraste, la Doctrina Social de la Iglesia (DSI) parte de una visión moral y comunitaria de la economía. El mercado es una herramienta útil, pero nunca un fin en sí mismo. Los principios de bien común, dignidad de la persona, solidaridad y subsidiariedad deben guiar toda legislación económica.
Como afirma Centesimus Annus, de san Juan Pablo II:
“El mercado libre es el instrumento más eficiente para utilizar los recursos y satisfacer necesidades, pero debe ser controlado y guiado por una sólida orientación ética.”
Desde esta perspectiva, la iniciativa es ambivalente:
✅ Aspectos positivos:
- Busca evitar prácticas abusivas que marginan a consumidores y pequeñas empresas.
- Reconoce la necesidad de intervenir cuando el mercado falla en garantizar el acceso equitativo.
🚫 Aspectos preocupantes:
- No hay garantías suficientes de que las nuevas atribuciones no sean utilizadas con fines políticos o ideológicos.
- No contempla mecanismos claros de participación ciudadana ni criterios éticos explícitos en la toma de decisiones regulatorias.
- No se incorpora la noción de bien común como fin último de la política económica.
Como señala el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia (§347):
“La intervención pública debe orientarse a corregir las disfunciones del mercado y a garantizar que todos puedan acceder a los bienes necesarios para una vida digna.”
Lo que está en juego: concentración, justicia y libertad
En México, los sectores energético, telecomunicaciones, alimentos y farmacéutico presentan altos niveles de concentración. Un estudio del ITAM (2023) indica que el 40% de los hogares mexicanos paga entre 10% y 30% más por productos básicos debido a prácticas anticompetitivas.
En este sentido, una ley que fortalezca los mecanismos de competencia justa es necesaria y urgente, pero debe construirse sobre criterios de imparcialidad, transparencia y ética social.
La economista Mariana Campos, de México Evalúa, advierte:
“Si se politizan las decisiones de la COFECE, se puede castigar la competencia sana y premiar los monopolios aliados.”
Luis Alberto Gutiérrez, dueño de una microempresa de insumos médicos en Querétaro, lo resume así:
“Competimos contra un par de empresas que controlan todo: distribución, precios, contratos públicos. Si el gobierno no regula eso, nosotros desaparecemos.”
Ana María Moya, voluntaria en una cooperativa en Chiapas, lo pone en términos más humanos:
“La competencia no sirve si los pequeños no tenemos con qué competir. Necesitamos reglas que cuiden al débil, no solo al más grande.”
¿Qué propone la Doctrina Social como alternativa?
La Iglesia no propone un modelo económico cerrado, pero sí ofrece criterios:
- Regular sí, pero con transparencia y sin arbitrariedad.
- Fomentar la participación de los más pobres en la vida económica, no solo proteger al consumidor.
- Evitar tanto el estatismo autoritario como el mercado sin rostro.
- Promover una economía social de mercado, con responsabilidad empresarial y justicia redistributiva.
La encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco refuerza esta visión:
“La economía no puede pretender sólo aumentar la rentabilidad reduciendo el mercado laboral y creando nuevas formas de exclusión social.”
Entre la eficiencia y la justicia
La Iniciativa de Ley Federal de Competencia Económica revela una tensión estructural entre dos visiones del mundo: una centrada en la eficiencia y la libertad económica, y otra centrada en la equidad, la inclusión y el bien común.
Desde la visión neoliberal, preocupa el debilitamiento de las instituciones técnicas y la incertidumbre jurídica. Desde la Doctrina Social de la Iglesia, preocupa que no se incorpore una visión ética explícita ni se proteja suficientemente a los más vulnerables.
La verdadera reforma debería combinar libertad económica con responsabilidad social, fortaleciendo la competencia sin sacrificar la justicia.
Facebook: Yo Influyo
