La historia de Iberdrola en México comenzó con entusiasmo y promesas de modernización, pero termina con discreción, tensiones y una millonaria reconfiguración. La salida paulatina de esta gigante energética española no solo pone fin a una era de fuerte inversión extranjera en el sector eléctrico, sino que revela también las grietas estructurales de la política energética mexicana actual.
Un arranque con expectativas: la llegada de Iberdrola
La empresa Iberdrola desembarcó en México a finales de los años noventa, en medio de la creciente apertura energética impulsada por las reformas estructurales del entonces presidente Ernesto Zedillo. Su presencia se consolidó durante los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, periodo en el que la inversión privada se percibía como una palanca para compensar la ineficiencia de la CFE y la falta de infraestructura moderna en el sector.
Para 2013, con la reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto, Iberdrola se convirtió en uno de los principales protagonistas del nuevo modelo: apostó por la generación de electricidad bajo esquemas de autoabastecimiento, ciclos combinados y energías renovables, con proyectos en más de 15 estados. Según datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en 2018 Iberdrola generaba cerca del 15% de la electricidad total del país.
“Era una relación mutuamente conveniente: México necesitaba inversión y modernización; Iberdrola veía un mercado atractivo y un marco regulatorio flexible”, explica la economista Ana Lilia Moreno, experta en energía y competencia económica.
La ruptura: tensiones con la 4T y cambio de reglas
Todo cambió en 2018 con la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador. Desde el primer momento, su gobierno colocó a las empresas privadas del sector energético en el centro de la crítica, enarbolando el discurso de soberanía energética y acusando a las firmas extranjeras —especialmente a Iberdrola— de prácticas abusivas, contratos lesivos y una supuesta “privatización encubierta”.
En 2020, el presidente acusó públicamente a Iberdrola de haber “capturado” a funcionarios públicos, entre ellos al expresidente Calderón, quien fue consejero de la firma. También se cancelaron permisos para nuevas centrales, se frenaron trámites y se promovieron reformas legales para dar prioridad a la CFE sobre los generadores privados en el despacho eléctrico.
No es un entorno confiable para invertir. Las reglas cambiaron, se judicializaron contratos y se mandó una señal clara de que el gobierno quiere un monopolio estatal
La salida silenciosa: venta de activos al Estado
En abril de 2023, Iberdrola sorprendió al anunciar la venta de 13 de sus plantas en México —12 de ciclo combinado y una eólica— al Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), por un monto cercano a los 6,000 millones de dólares. La operación fue presentada por el presidente como una “nueva nacionalización”.
Aunque Iberdrola aclaró que no se retiraba completamente del país y que mantendría operaciones en renovables, la venta significó en la práctica su repliegue masivo del mercado eléctrico mexicano. Hoy, la empresa mantiene solo una fracción de su capacidad instalada original.
“Fue una salida pactada, elegante, pero muy significativa. Significa que el gobierno ya no quiere socios, sino subordinados”, señaló Lourdes Melgar.
Pedro Hernández, ingeniero eléctrico en una planta de Iberdrola en Tamaulipas —una de las que fue vendida al Fonadin—, describe el ambiente con una mezcla de nostalgia y frustración.
“Durante años trabajamos con estándares europeos, con equipos modernos y procesos eficientes. Sabíamos que hacíamos bien las cosas. Pero desde 2019 todo empezó a complicarse: auditorías constantes, retrasos en permisos, incertidumbre. Muchos compañeros se fueron. Y ahora estamos en transición, sin saber si el nuevo operador mantendrá el mismo nivel de exigencia”, cuenta.
Para Pedro, no se trata solo de un cambio de dueño: “Es la sensación de que el país se está cerrando otra vez al mundo”.
Las consecuencias: menos competencia, menos inversión
La salida de Iberdrola —al menos en su dimensión anterior— se suma a un clima generalizado de escepticismo entre inversionistas extranjeros. De acuerdo con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), las inversiones extranjeras directas en el sector energético cayeron un 85% entre 2019 y 2023.
Además, el retroceso en la participación privada ha generado preocupaciones ambientales y de eficiencia: “Al limitar la entrada de renovables y favorecer plantas viejas de CFE, México está comprometiendo su transición energética”, alerta la ONG México Evalúa.
La Doctrina Social de la Iglesia: subsidiariedad, legalidad y bien común
Desde la perspectiva de la Doctrina Social de la Iglesia, el repliegue de Iberdrola evidencia una ruptura con el principio de subsidiariedad: en lugar de permitir que actores privados aporten donde el Estado no tiene capacidad, se optó por concentrar el control. Esto contraviene también el respeto a la legalidad, al modificarse unilateralmente las reglas del juego.
El bien común —entendido como el acceso confiable, limpio y asequible a la energía— no puede ser alcanzado con decisiones ideológicas ni con expulsión de talento e inversión, sino mediante diálogo, planeación y corresponsabilidad.
¿Y ahora qué?: propuestas y ruta posible
Frente a este panorama, diversos expertos coinciden en la necesidad de reconstruir la confianza en el sector energético, sin renunciar al papel rector del Estado, pero respetando la pluralidad de actores. Algunas propuestas:
- Diseñar una política energética con metas climáticas claras, en la que CFE y privados colaboren bajo reglas transparentes.
- Reinstaurar la certeza jurídica, respetando contratos vigentes y evitando cambios retroactivos en las leyes.
- Fomentar inversiones en renovables, tanto estatales como privadas, para garantizar una transición energética justa.
Cuando se apaga una oportunidad
La posible retirada de Iberdrola no es solo una anécdota empresarial. Es un síntoma de una tendencia preocupante: el aislamiento progresivo de México en sectores estratégicos. La energía no es solo electricidad; es desarrollo, bienestar y futuro. Apagar la competencia no enciende la soberanía. Solo una política incluyente, sostenible y legalmente sólida podrá devolverle al país la luz que comienza a extinguirse.
Facebook: Yo Influyo
comentarios@yoinfluyo.com
