Demandan frenar el adoctrinamiento ilegal en las escuelas

Diputados del PAN, PRI y PRD del Congreso de la Ciudad de México respaldaron la exigencia de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) para que la Secretaría de Educación Pública (SEP) cumpla con la resolución de la juez Yadira Medina Alcántara que le ordena que mientras no se resuelva la ilegalidad en la que fueron hechos los libros de texto gratuito este año, utilice los elaborados con los programas educativos del ciclo escolar 2022-2023.

En conferencia de prensa, en las instalaciones del Congreso capitalino los diputados Héctor Barrera Marmolejo, América Rangel Lorenzana (PAN) y Ernesto Alarcón Jiménez (PRI) expresaron su absoluto rechazo a la entrega de los libros de texto gratuitos a fin de evitar daños a los niños y a las futuras generaciones.

Rangel Lorenzana dijo que los padres de familia y los representantes de la sociedad no pueden permitir que se ideologice a los niños, ni que a pesar de existir una sentencia jurídica que prohíbe su entrega las autoridades federales pretendan distribuir los libros.

Resaltó que en varios estados como Chihuahua, Guanajuato, Querétaro y Jalisco se ha frenado la entrega de los textos, y señaló que en el caso de la Ciudad de México la ciudadanía podría presionar y lograr que no lleguen a las aulas.

Informó que desde hace unos días a través de sus redes sociales publicó un machote de amparo, público y gratuito en el cual pueden apoyarse los padres de familia para exigir que los libros no sean distribuidos en las escuelas de sus niños. 

Finalmente, América Rangel sentenció que la educación de los niños no está a negociación, toda vez que es el futuro de este gran país y el futuro de una sociedad. “Por supuesto que vamos a velar porque sus derechos sean cuidados, respetados y no se vulnere a la niñez en la Ciudad de México”, sentenció.

Por su parte, Israel Sánchez Martínez, encargado del despacho de la presidencia de la UNPF, reiteró que esta organización está a favor de que sí haya libros de texto gratuitos pero que sean de calidad y conforme a lo que marca la ley a fin de garantizar la educación de los niños, por lo que pidió a las autoridades que cumplan las resoluciones del poder judicial.

Aseguró que la UNPF se ha mantenido al margen de las descalificaciones de los libros por motivos ideológicos. Sin embargo, comparte la preocupación de diversos especialistas en educación que han señalado errores en su contenido además de que siempre estuvieron fuera de la luz pública y sin someterse a consulta, como lo dictamina la ley.

Comentó que siempre han estado atentos al proceso de la conformación del contenido de los libros de texto gratuito y decidieron actuar por la vía legal después de conocer que los que se elaboraron para el actual periodo escolar contenían más de 400 errores y contaban con una carga ideológica.

Reveló que al momento hay más de dos mil amparos, que son productos de la inconformidad de padres de familia en contra de la actuación del gobierno federal en los contenidos de los libros, y advirtió que seguirán combatiendo la ilegalidad por la vía jurídica atendiendo el sentir de los padres de familia de todo el país.

Entregan firmas de inconformidad

Posteriormente a la conferencia de prensa ofrecida en Donceles, los integrantes de la UNPF y de otras organizaciones de la sociedad civil como el Consejo Mexicano de la Familia, Iniciativa Ciudadana, Misión Rescate México, Ciudadanos por México, Consejo Cívico Ciudadano y el Frente Nacional por la Familia, se trasladaron a las instalaciones de la SEP para entregar 112 mil 591 firmas de ciudadanos –recogidas a través de la plataforma CitizenGo– quienes demandan un alto al ilegal adoctrinamiento al mismo tiempo de pedir respeto de la educación de sus hijos.

Israel Sánchez, representante de la UNPF, leyó un mensaje que acompañó a las rúbricas y en el cual acusó al gobierno federal de actuar ilegalmente al haber modificado el contenido de los libros de texto sin consultar a los padres de familia como lo marca la ley, así como al distribuirlos haciendo caso omiso a una resolución judicial.

Los padres de familia junto con otras organizaciones no gubernamentales, se pronunciaron porque el gobierno federal deje de actuar al margen de la ley, toda vez que con su actitud coloca al proceso educativo en la incertidumbre para los maestros, los maestros, pero sobre todo a los niños.

Aseguraron que “la única forma en que lograremos un país unido, reconciliado, en paz, con progreso y sobre todo con alternativas para terminar con la desigualdad es ofrecerles principios, valores y las herramientas para integrarse a un mundo global altamente desarrollado, tecnologizado y para el cuidado de la casa común, que es nuestro planeta”.

Por ello, indicaron, “procurar la mejor educación para nuestros hijos, es procurar el mejor futuro de México, por eso no podemos permitir que se les eduque ni desde la ilegalidad ni desde el error, como lo pretende el actual gobierno federal”.

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