Durante más de setenta años, México vivió una contradicción insostenible: millones de personas practicaban su fe con normalidad social, pero sin reconocimiento jurídico pleno. Esa anomalía llegó a su fin en 1992, cuando el Estado mexicano reformó la Constitución y redefinió la relación Iglesia-Estado. No fue un gesto simbólico: fue el cierre legal de un conflicto abierto desde el siglo XIX.
La reforma no borró la historia de persecución, pero la reconoció implícitamente al corregirla. Treinta años después, el balance es claro: México es hoy un país religiosamente plural, con libertades reales y desafíos puntuales, pero incomparablemente más justo que en cualquier etapa previa.
El contexto político: pragmatismo y modernización
El proceso se gestó bajo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, en un momento de reconfiguración profunda del país. México buscaba insertarse en la economía global, normalizar relaciones internacionales y modernizar su marco jurídico. La relación con el Vaticano —hasta entonces inexistente— era una deuda diplomática evidente.
Salinas entendió que mantener a las iglesias fuera de la ley era anacrónico y contraproducente. Como señaló en distintos momentos, el Estado debía regular con claridad, no tolerar en la ambigüedad. El clima social también había cambiado: la visita de Juan Pablo II en 1979 y el crecimiento del pluralismo religioso habían hecho evidente que la fe era parte viva del tejido social.
La reforma constitucional de 1992: qué cambió
En enero de 1992 se aprobaron reformas clave a los artículos 3, 5, 24, 27 y 130 de la Constitución, seguidas por la promulgación de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Los cambios centrales fueron:
- Reconocimiento de personalidad jurídica a las iglesias y asociaciones religiosas.
- Restitución de derechos civiles a ministros de culto (con límites claros).
- Derecho a poseer bienes indispensables para su objeto.
- Libertad de culto público, bajo reglas generales.
- Restablecimiento de relaciones diplomáticas con la Santa Sede.
No se trató de privilegios, sino de normalización jurídica. El Estado mantuvo su carácter laico; la diferencia fue que dejó de ser hostil.
La reacción: consenso y cautela
La reforma fue recibida con amplio consenso. La jerarquía católica la celebró como un acto de justicia histórica. Iglesias protestantes y comunidades judías la vieron como una garantía largamente esperada. Incluso sectores laicistas reconocieron que la claridad legal fortalecía al Estado.
Un obispo sintetizó el espíritu del momento: “No pedimos volver al pasado, sino vivir en el presente con derechos”. La frase marcó el tono de una nueva etapa.
Impacto a 30 años: un país plural
Tres décadas después, el impacto es medible. Según datos censales recientes, México dejó de ser monolíticamente católico y se consolidó como un país plural:
- Católicos: alrededor del 77–78% de la población.
- Protestantes y evangélicos: cerca del 11–12%.
- Otras religiones (judíos, musulmanes, budistas, etc.): ~2%.
- Sin religión: alrededor del 8%.
Este pluralismo creció sin violencia generalizada, señal de una libertad religiosa funcional. Las iglesias operan escuelas, hospitales y obras sociales dentro de la ley. El diálogo interreligioso es una realidad cotidiana.
Rosa, catequista desde los años 80, recuerda el cambio: “Antes cuidábamos las palabras. Después de 1992, simplemente hicimos lo que ya hacíamos, pero sin miedo”. Para miles de personas, la reforma no creó la fe: la liberó del silencio legal.
Retos persistentes: lo local importa
Reconocer avances no implica negar desafíos. Persisten casos de intolerancia local, sobre todo en comunidades indígenas donde conversiones religiosas generan conflictos comunitarios. También existen debates sobre límites de la expresión religiosa en el espacio público.
Sin embargo, la diferencia es crucial: hoy esos conflictos se procesan jurídicamente, no por la vía de la persecución institucional. El marco legal ofrece herramientas para la mediación y la protección de derechos.
Desde la Doctrina Social, la reforma de 1992 representó un avance claro en:
- Dignidad humana: al reconocer la conciencia religiosa.
- Libertad religiosa: como derecho humano fundamental.
- Subsidiariedad: al permitir la acción social de las iglesias.
- Bien común: al reducir conflictos estructurales.
La laicidad dejó de ser confrontación y se convirtió en convivencia regulada.
La reforma de 1992 no fue un regalo político; fue el reconocimiento tardío de una realidad social y de un derecho negado durante décadas. Treinta años después, México es un país donde creer, no creer o creer distinto ya no define la relación con el Estado.
La historia de persecución religiosa en México —de la Reforma liberal a la Cristiada, de la persecución silenciosa a la normalización— deja una enseñanza central: cuando el Estado respeta la conciencia, la sociedad gana en paz.
El desafío actual es cuidar esa libertad, recordando que costó guerras, exilios y silencios. La memoria no es nostalgia: es garantía de que la historia no vuelva a repetirse.
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