En México, la inseguridad se ha convertido en un terreno de disputa política, estadística y social. Mientras el gobierno federal sostiene que los homicidios y algunos delitos de alto impacto muestran una tendencia a la baja, amplios sectores de la población, especialistas y organizaciones civiles insisten en que la violencia no sólo persiste, sino que se ha transformado y expandido hacia otras expresiones delictivas. La brecha entre los números oficiales y la experiencia cotidiana alimenta un debate que hoy atraviesa la agenda pública.
Desde el inicio de la actual administración, el discurso gubernamental ha puesto el acento en la reducción de homicidios dolosos como principal indicador del avance en materia de seguridad. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025 los homicidios intencionales disminuyeron alrededor de 30 por ciento, con reducciones significativas en algunas entidades del país. El gobierno sostiene que se trata del nivel más bajo de homicidios en casi una década.
A esta narrativa se suman cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que reportó para 2023 un total de 31 mil 62 homicidios, una baja respecto a 2022 y el registro más bajo desde 2016. El dato ha sido utilizado como prueba de una tendencia descendente sostenida, reforzada por informes oficiales que destacan una reducción diaria de víctimas y el fortalecimiento de la Estrategia Nacional de Seguridad.
Incluso organismos internacionales han reconocido ligeras mejoras. El Mexico Peace Index 2024 reportó una disminución de 5.3 por ciento en la tasa de homicidios durante 2023, el cuarto año consecutivo con descensos anuales. Sin embargo, el mismo informe advierte que México sigue siendo considerablemente más violento que hace una década y que los niveles de paz se mantienen muy por debajo de los estándares previos a 2015.
Es precisamente ahí donde comienza la disputa. Para organizaciones civiles y analistas en seguridad, centrar el debate únicamente en homicidios ofrece una fotografía incompleta del fenómeno. Señalan que delitos como extorsión, desapariciones, robos con violencia y control territorial del crimen organizado han mostrado comportamientos distintos, e incluso al alza, sin recibir el mismo énfasis oficial.
La percepción ciudadana respalda esa desconfianza. De acuerdo con encuestas del INEGI, más del 60 por ciento de la población considera inseguro vivir en su ciudad, una proporción que apenas ha variado en los últimos años, pese a la disminución estadística de homicidios. Para millones de personas, la violencia se expresa en extorsiones cotidianas, cobros de piso, asaltos o la necesidad de modificar rutinas para evitar riesgos, fenómenos que no siempre se reflejan en los indicadores de alto impacto.
México Evalúa y otros centros de análisis han advertido que las reducciones porcentuales presentadas por el gobierno pueden resultar engañosas si no se contextualizan. El uso de promedios diarios, por ejemplo, puede diluir picos de violencia regional, mientras que la comparación con años de máximo repunte —como 2019 o 2020— tiende a suavizar la lectura del problema. Además, subrayan que la violencia no es homogénea: estados como Guanajuato, Sinaloa o Baja California concentran una proporción significativa de los homicidios, lo que contrasta con regiones de menor incidencia.
Otro punto crítico es la acumulación de violencia en el largo plazo. Informes independientes señalan que en la última década México ha superado los 300 mil homicidios, una cifra que, aun con descensos recientes, mantiene al país en niveles históricamente elevados. Para los críticos, hablar de mejoras sin considerar ese contexto equivale a normalizar una violencia estructural que no ha sido revertida.
La discusión también incluye el impacto diferenciado de la violencia. Colectivos de derechos humanos y especialistas advierten que mujeres, jóvenes y comunidades vulnerables continúan enfrentando altos niveles de riesgo. Aunque algunos delitos, como el feminicidio, han mostrado ligeras reducciones en ciertos periodos, las cifras siguen siendo alarmantes y con altos niveles de subregistro.
Así, el debate sobre la inseguridad en México no se limita a una confrontación de cifras, sino a la definición misma de qué significa estar seguro. Para el gobierno, la reducción de homicidios es el principal termómetro del éxito; para amplios sectores sociales, la inseguridad se mide en la experiencia diaria, en el miedo persistente y en la violencia que no siempre deja cadáveres, pero sí marca territorios y vidas.
En ese choque de narrativas se encuentra hoy el país: entre estadísticas que apuntan a una disminución parcial de la violencia y una percepción social que sigue anclada en la incertidumbre. Mientras ambas lecturas no logren reconciliarse, la inseguridad seguirá siendo uno de los temas más disputados —y sensibles— del debate nacional.
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