Hasta no hace muchos años, cuando le preguntaban a los mexicanos sobre cuáles eran las instituciones mas confiables, la milicia y la marina se encontraban entre las mejor posicionadas, así lo señala la encuesta realizada por Parametría en el año 2012, cuando solo por encima de ellas se encontraban los amigos y la familia con un 91% de confiabilidad, luego la Marina Nacional con un 79% y después el Ejercito con el 75% de confianza, presentando un gran contraste con las Policías Estatales que apenas tenían un 42% de confiabilidad ciudadana y las Policías Municipales con solo el 38%.
Por otro lado, de acuerdo con el estudio “Confianza en las Instituciones 2024”, elaborado por Research Land, sabemos que en ese año el 87.4% de los mexicanos confían en la familia y los amigos, el Ejército y la Marina Nacional solo cuentan con el 71.5% de su confianza, y esa es menor en el caso de las policías estatales y municipales que cae al 37.1%.
Así podemos ver como poco a poco las instituciones que deberían ser confiables para todos los ciudadanos van en una franca caída, y la inseguridad y la corrupción se nos presentan como prácticas cotidianas en ellas.
Y lamentablemente la caída de la confianza ciudadana en las instituciones seguirá en caída libre, pues lejos de respetar e impulsarlas en el objeto de su creación, en México los gobiernos insisten en utilizar a los miembros de las Fuerzas Armadas en labores que no son de su competencia y los exponen a la corrupción rampante en los órganos de gobierno.
Día a día conocemos casos de militares y marinos involucrados en delitos, que muy frecuentemente están ligados a hechos violentos que exponen la credibilidad de las instituciones.
Como recientemente en Baja California se descubrió que el autor intelectual del ataque a golpes al comunicador Jorge Heras perpetrado por un policía municipal de Mexicali, fue nada más y nada menos que el Teniente Coronel del Ejército Mexicano Jorge Enrique Medina de Jesús quien se desempeñaba como Coordinador General Operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California. Y el problema de credibilidad se acrecienta cuando a las autoridades de justicia les basta la renuncia al cargo en vez de procesarlo penalmente.
Y otra historia que sin duda habrá de pegar fuerte a la confianza en los miembros de la Marina Nacional es la del ya famoso “huachicol fiscal”, que no es otra cosa que un entramado de delitos cometidos para el trafico de hidrocarburos con documentos alterados para evadir el pago de impuestos.
Primero, hay que considerar que los mandos de la Marina no tendrían nada que hacer en las aduanas terrestres y puertos, la función aduanera es del corte civil, e históricamente ha dependido de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero, con la llegada de la 4t al poder y la “militarización” de prácticamente todo lo posible, hoy en día las Aduanas están siendo controladas por militares y marinos que en principio de cuentas no conocen su funcionamiento y se les expone a la enorme corrupción que ahí se practica.
A raíz del descubrimiento y aseguramiento de un buque cargado de hidrocarburos en el Tamaulipas, se han desarrollado una serie de hechos que confirman la red de corrupción que lo envuelve, el asesinato de un Delegado de la Fiscalía de Tamaulipas, la captura de un Contralmirante, sobrino del Almirante Rafael Ojeda que fuese Secretario de Marina en el sexenio de López Obrador, el aparente suicidio de un Capitán de la Marina, la muerte de otro en un sospechoso accidente en una práctica de tiro, mas lo que se acumule en los próximos días, nos hace suponer que las personas vinculadas con el contrabando están muriendo y da la impresión de que desde más arriba está silenciando a quienes pudieran dar los nombres de otros involucrados de mucho más alto rango.
Y aun habremos de conocer los detalles del buque detenido en Ensenada, Baja California, en el que se involucra al cuñado de la gobernadora del estado.
En el Ejército y la Marina siempre ha habido corrupción, ¿poca, más o menos, o la misma que en la vida pública? no lo sabemos, pero es una realidad que cuando a los mandos militares les han dado facultades no propias de su función que es la defensa de la nación, la garantía de la seguridad interior y la asistencia a la población civil en caso de desastres, los hechos de corrupción se saben un día sí y otro también.
Ahí está como ejemplo la compra a precio alzado y sin licitación del balastro de mala calidad utilizado en la construcción de las vías del Tren Maya a los amigos de los hijos del entonces presidente López Obrador, en el cual están involucrados un General y dos Mayores del Ejercito mexicano. Ya saldrá a la luz publica el tamaño del daño al patrimonio de la nación, al tiempo.
Mientras nuestros militares y marinos sigan siendo utilizados en actividades no propias de su función constitucional, se seguirá exponiendo a estas instituciones al descredito social, ya basta de tenerlos como inspectores en aduanas y puertos, como administradores de aeropuertos, trenes y centros turísticos, e incluso como ingenieros o hasta albañiles en la ejecución de obras públicas.
Hay que recordar que aceptar desempeñar una función pública para la que no se está preparado, también es corrupción, y, ¿cuánto dinero pierde el país por malas administraciones cuando se necesita que la operación de las obras insignia de la 4t requieran multimillonarios subsidios para el 2026?, pues el tren maya recibirá un subsidio de 53,795 millones de pesos, el AIFA 744 millones, Mexicana de Aviación 111 millones y el centro turístico Islas Marías 30 millones, todos estos administrados por militares.
Es mi opinión, mientras la milicia y a la marina sean utilizadas para actividades no propias de su función seguiremos exponiendo a las instituciones al descredito popular, tener una formación castrense no te hace inmune a la corrupción, y menos cuando están formados para obedecer a sus superiores sin cuestionar, por eso afirmo que de seguir las cosas así, estaremos diciéndole adiós al prestigio de militares y marinos.
Urge un cambio de gobierno, en el que la función publica este en manos de ciudadanos formados en valores, que conozcan la encomienda y que demuestren, en los hechos, su honorabilidad.
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