En el tablero de las 17 comunidades autónomas de España, una partida silenciosa pero trascendente está cambiando el paisaje tributario: la competencia fiscal regional. Según el último informe del Tax Foundation, la Comunidad de Madrid se alza como la más competitiva en materia impositiva, mientras que la Comunidad de Cataluña aparece rezagada.
El fenómeno no es exclusivamente técnico: toca valores ligados a la justicia, la solidaridad y el sentido de comunidad, principios que también plantea la Doctrina Social de la Iglesia. ¿Debe cada región competir fiscalmente para atraer riqueza, o hay un punto en el que la autonomía fiscal erosionará la equidad entre ciudadanos de distintas autonomías?
En este reportaje exploraremos cómo Madrid alcanzó el primer puesto, por qué Cataluña queda al final de la lista, qué implicaciones tiene esta diferenciación para jóvenes de 18 a 35 años —el segmento que más movilidad y expectativas laborales tiene— y cómo todo ello dialoga con la legalidad, la autonomía autonómica y los valores de los mexicanos… perdón, en este caso de los españoles, pero con un espejo de reflexión que también puede aplicarse a otros países.
Marco teórico: autonomía fiscal y descentralización en España
El sistema tributario español otorga a las comunidades autónomas competencias para regular determinados impuestos cedidos, lo que genera diferencias notables entre regiones.
Por ejemplo, la gestión del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y del tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) está cedida en gran parte a las comunidades. Estas pueden fijar bonificaciones, deducciones o tipos propios.
Según el informe de 2022 de la Tax Foundation para España, la Comunidad de Madrid ya “ha emprendido dos reformas fiscales importantes y mejoró su puntaje en el índice regional, reforzando su primer puesto”.
Esto tiene sentido: una región que baja impuestos o incrementa bonificaciones atrae capital, empresas y personas, pero también enfrenta el desafío de sostener servicios públicos y evitar que la carga fiscal recae demasiado en quienes menos pueden.¿Dónde está el equilibrio entre competir y mantener el tejido social?
Madrid: modelo tributario estrella
La Tax Foundation publica que en su “2024 Spanish Regional Tax Competitiveness Index”, la Comunidad de Madrid ocupa el puesto 1 con una puntuación de 7,24. Asimismo, un informe del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) señala que la fiscalidad competitiva de Madrid “refuerza su posición de capitalidad” gracias a reducciones del IRPF, del impuesto de patrimonio y sucesiones. Estos datos confirman que Madrid ha construido un entorno fiscal atractivo.
Una de las claves ha sido la ampliación de la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones. En febrero de 2025, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, anunció que la bonificación pasaba del 25 % al 50 % para operaciones entre hermanos y entre tíos y sobrinos dentro del grupo III de parentesco.
Además, la exención para donaciones inferiores a 1.000 euros también fue parte de la estrategia. Según el proyecto de presupuestos de Madrid para 2025, la cifra de “beneficios fiscales” (exenciones, deducciones) alcanza los 6.124,84 millones de euros, de los cuales 4.948 millones corresponden a sucesiones y donaciones. Estas cifras ilustran una apuesta clara: reducir la carga fiscal, especialmente en herencias, para reforzar la competitividad regional.
La lógica gubernamental:
- “Consideramos que este impuesto es injusto y anacrónico y que muchos países de la UE ya lo han eliminado”, declaró Ayuso en un evento.
- Atraer personas y empresas que decidan establecer su residencia fiscal en Madrid.
- Convertir a Madrid en un “laboratorio” de liberalización fiscal y de generación de actividad económica.
Para los jóvenes de 18 a 35 años que buscan movilidad, trabajo, emprendimiento o una primera vivienda, esto puede convertirse en un factor atractivo: menores impuestos, más oportunidades, mayor competitividad de la región. Pero también plantea preguntas sobre si los servicios públicos pueden sostenerse con menos ingreso fiscal.
Desafíos y críticas
La medida no está exenta de críticas. Algunos sectores argumentan que esta estrategia supone un “dumping fiscal” regional que resta ingresos esenciales para sanidad, educación o vivienda. Por ejemplo, un artículo de Le Monde decía sobre Madrid: “un laboratorio del ultraliberalismo… muchas bonificaciones a las grandes fortunas” y advierte sobre el efecto acumulativo en desigualdad.
La economía no puede funcionar únicamente bajo la lógica de la competencia si olvida “el destino universal de los bienes” y la solidaridad entre los más vulnerables. Cuando una región celebra menor presión fiscal, ¿quién asume los costos de los servicios públicos comunes?
Cataluña: el extremo opuesto
En contraste con Madrid, Cataluña aparece con una carga fiscal más elevada. No se dispone en el informe citado de la Tax Foundation de una posición exacta para Cataluña en el ranking de 2024 (en el documento mencionado, sólo se brindan algunos datos y no aparece explícitamente la puntuación). Pero informes más antiguos sugieren seriamente que Cataluña es de las que peor puntuación obtiene.
Por ejemplo, según El Diario AS (2021), “Cataluña y Navarra tienen las tarifas más altas para el IRPF para rentas bajas y medias, mientras que Madrid y País Vasco son las regiones con menor presión fiscal”.
La normativa autonómica catalán define reducciones, coeficientes multiplicadores y tarifas específicas que tienden a resultar en mayores cargas para ciertos grupos. Por ejemplo, un análisis de 2025 sobre el impuesto en Cataluña indica que “la bonificación para los grupos de parentesco colaterales puede ser cero para herencias superiores a tres millones de euros”.
Dicho de otra manera: la herencia en Cataluña puede implicar una mayor carga tributaria, lo que ha sido criticado desde formaciones políticas autonómicas como Junts per Catalunya, que han propuesto reducir el IRPF y eliminar sucesiones y donaciones.
Para un joven de 25 años que ha conseguido un empleo o inicia un proyecto en Cataluña, el entorno impositivo puede representar un obstáculo más que un estímulo. Altos impuestos reducen el ingreso disponible, condicionan la inversión personal o familiar e incluso pueden incentivar la movilidad a otras regiones con carga menor. Esto puede tener repercusiones en la igualdad de oportunidades entre ciudadanos de distintas autonomías: “dar a cada uno lo suyo” implica asegurar que el lugar de residencia no penalice el inicio de una vida laboral o emprendedora.
El hecho de que las comunidades competan fiscalmente también genera tensiones: efecto frontera, movilización de personas hacia zonas con menor carga, debates sobre la solidaridad interterritorial y la cohesión del Estado Autonómico. En el caso catalán, la búsqueda de mayor autogobierno fiscal puede chocar con la necesidad de mantener servicios públicos adecuados y la contribución al conjunto del país.
Comparación cuantitativa y cualitativa
| Región | Posición en el índice | Medida más relevante | Efecto joven 18-35 años |
|---|---|---|---|
| Madrid | 1ª (7,24 puntos) en 2024 Index. | Bonificación del 50 % en sucesiones entre hermanos/tíos/sobrinos. | Más ingresos tras tributación, mayor atracción de empresas. |
| Cataluña | Últimas posiciones (dato aproximado según prensa especializada) | Tarifas más elevadas en sucesiones y donaciones, menos bonificaciones. | Mayor carga fiscal, menor ingreso disponible, posible fuga de talento. |
Más allá de los números, la diferencia de modelos impacta en cómo los ciudadanos perciben su región: “¿Estoy en el lugar que me impulsa o me limita?” se preguntan muchos jóvenes.
Además, desde el punto de vista legal, esta divergencia se apoya en el marco autonómico: las comunidades tienen competencias para modificar reducciones, bonificaciones y tarifas del impuesto, dentro del marco establecido por la legislación estatal.
La clave está en favorecer el desarrollo integral de la persona y la justicia social. Desde ese enfoque, un sistema fiscal que “premia” a unos territorios y “penaliza” a otros plantea un dilema de equidad. ¿Puede el federalismo fiscal respetar la igualdad de ciudadanos ante el impuesto?
Reflexiones éticas y de valores
La competencia fiscal exige que las comunidades actúen dentro de los márgenes legales y de transparencia. La ciudadanía joven debe conocer qué impuestos paga, cómo se descuentan bonificaciones, y qué efectos tienen. Un modelo fiscal que no se comunica o que genera desconfianza deriva en erosión del contrato social. La actividad económica y tributaria ha de favorecer el bien común, la participación y la justicia distributiva.
La descentralización tributaria permite adaptar la cultura fiscal a las realidades de cada región, pero también exige mecanismos de solidaridad entre territorios. Si Madrid atrae recursos gracias a su fiscalidad ventajosa, ¿cómo se compensa la región que pierde talento o base fiscal? El bien común exige que los servicios públicos estén bien financiados en todas las regiones para que el lugar de nacimiento o residencia no condicione las oportunidades.
Para los jóvenes, el modelo tributario se traduce en mano libre o mano pesada. Menores impuestos pueden significar más ahorro, más capacidad de emprender, más vivienda propia. Pero también menor financiación de servicios públicos que les importan: educación, transporte, vivienda asequible. Así, los valores de dignidad humana y participación imploran que las condiciones permitan tanto la libertad de elección como la garantía de acceso a bienes comunes.
Propuestas de mejora
- Hacia un mayor equilibrio fiscal autonómico que minimice las grandes diferencias entre comunidades y asegure que nadie quede en “zona penalizada”.
- Fomentar una transparencia plena de los efectos reales de bonificaciones y rebajas de impuestos, especialmente para jóvenes emprendedores.
- Crear mecanismos de evaluación de impacto de las políticas fiscales sobre la movilidad juvenil interregional, para evaluar si la estrategia de competencia fiscal está generando fuga de talento o desigualdad.
- Promover una cultura de solidaridad territorial: si algunas comunidades prosperan mucho más gracias a ventajas fiscales, que contribuyan a fondos de cohesión que fortalezcan servicios en otras.
El contraste entre la Comunidad de Madrid, que lidera el ranking fiscal gracias a sus rebajas impositivas, y la Comunidad de Cataluña, que se encuentra en los escalones bajos, revela algo más que números: muestra cómo la descentralización tributaria está teniendo efectos reales en la vida de las personas, especialmente los jóvenes.
Desde la perspectiva humanista estas diferencias plantean preguntas fundamentales: ¿Cómo garantizar que la libertad fiscal regional no socave la equidad entre ciudadanos? ¿Cómo asegurar que la competencia por atraer personas y capital no implique vulnerar los servicios públicos de los menos favorecidos?
Para los Millennials y Centennials que viven en España o valoran moverse entre comunidades, estos modelos importan: sueldos, impuestos, oportunidades de vivienda y emprendimiento dependen también de la región. El llamado es a entender que el impuesto no es solo un coste, sino una herramienta de convivencia, de solidaridad intergeneracional y de desarrollo humano integral.
En definitiva: el modelo fiscal madrileño muestra las ventajas de la competencia tributaria, pero también sus desafíos éticos. El caso catalán recuerda que una carga alta puede frenar dinámicas emprendedoras y juventud. El reto —y la oportunidad— está en construir un federalismo fiscal que, libre sí, pero también justo, permita que una persona joven de 20 años —sin importar la comunidad en la que viva— tenga las mismas posibilidades de crecer, contribuir y prosperar. Porque al final, la tributación no es solo “cuánto pago”, sino “cómo contribuimos todos para que nadie se quede atrás”.
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