Más del 80 por ciento del empleo agrícola en América Latina opera en la informalidad, afectando desproporcionadamente a mujeres, jóvenes y personas mayores rurales, revela un informe de las agencias especializadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El informe Trabajo Decente e Informalidad en el Sector Agrícola de América Latina, 2019–2023 identifica brechas estructurales en productividad, ingresos y protección social como barreras persistentes. A pesar de su rol vital en la seguridad alimentaria, el sector enfrenta bajos niveles educativos, condiciones laborales precarias y alta exposición a riesgos climáticos.
“La informalidad sigue siendo uno de los obstáculos más arraigados para la justicia social y el desarrollo sostenible en América Latina. Este informe proporciona una hoja de ruta para abordarla mediante políticas integradas con un enfoque territorial”, señaló Ana Virginia Moreira, directora regional de la OIT para América Latina y el Caribe.
“Garantizar el trabajo decente no se trata solo de mejorar condiciones laborales; es fortalecer la resiliencia de nuestros países y asegurar la seguridad alimentaria de millones”, subrayó René Orellana, representante regional de la FAO para la región quien además hizo un llamado a reforzar la digitalización rural, el financiamiento sostenido y el diálogo social inclusivo.
De acuerdo a los datos del reporte, existe una marcada desigualdad de género: la informalidad afecta al 86.4 por ciento de las mujeres, frente al 78 por ciento de los hombres. Cerca del 38.5 por ciento de las mujeres realiza trabajo familiar no remunerado, una tasa cinco veces superior a la masculina. El sector concentra el 46 por ciento del trabajo infantil regional, y más de la mitad de la mano de obra tiene baja escolaridad.
Entre 2019 y 2023, el volumen de empleo agrícola se mantuvo estable, pero sin avances en formalización. Casi la mitad de los jóvenes y la gran mayoría de las mujeres siguen en la informalidad.
El informe analiza 35 políticas públicas regionales, observando que, aunque muchas buscan aumentar la productividad, pocas abordan explícitamente la formalización laboral o incorporan una perspectiva de género.
Finalmente, se presentan 10 recomendaciones de política concretas para acelerar la transición a la formalidad, integrando desarrollo productivo, protección social, derechos laborales y diálogo social.
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