En México, desde el siglo XIX, siendo Presidente de la República Benito Juárez García, mediante las Leyes de Reforma, ha existido una clara separación Iglesia/Estado, que no es, ni debe ser, otra cosa que el ejercicio de este principio que se basa en la idea de que el Estado es y debe de ser laico, es decir, no tener una religión oficial, garantizando con ello a todos los mexicanos la libertad de creencias y la no injerencia de alguna estructura religiosa en asuntos del orden gubernamental.
Es así, que desde entonces, el Artículo 130 de la Constitución mexicana establece las bases para esta separación, prohibiendo la afiliación de partidos políticos a cualquier confesión religiosa, la no existencia de privilegios para un culto sobre otro, algunas restricciones en materia política para los ministros de culto y estableciendo en ese sentido lo que es de la competencia exclusiva del Estado; pero lo más importante, estableció la obligación a las autoridades federales, estatales y municipales de respetar y preservar el libre ejercicio de las prácticas religiosas, evitando la intolerancia.
Esta separación fundamental en el sistema político y de derechos en México, lamentablemente, no ha sido entendida cabalmente por algunos gobiernos y han caído en excesos, pues no es ni puede ser un sometimiento de las iglesias al gobierno y menos una pérdida de derechos universales para los mexicanos.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 establecía que se negaba personalidad jurídica a las iglesias, prohibía la participación del clero en política, negaba el derecho al voto a representantes de las Iglesias, también privaba a las iglesias la posesión de bienes raíces e impedía el culto público fuera de los templos.
Con ese antecedente, y como un exceso gubernamental más, con la llegada de Plutarco Elías Calles a la presidencia de la república, las acciones y ataques a las Iglesias, particularmente a la Católica, se dieron una serie de reformas penales con las que se pretendía coartar aún más la actividad de los Sacerdotes con la amenaza de ser llevados a la cárcel, estas acciones se intensificaron más en estados como Tabasco, Tamaulipas y Chihuahua a través de sus gobernadores que se declararon enemigos del catolicismo.
Esto fue el detonante para que el 3 de agosto de 1926 diera inicio la conocida como Guerra Cristera o Cristiada, enfrentando en forma armada a los cristianos que exigían poder ejercer su religión sin persecuciones, y un gobierno que con las armas pretendió desaparecer a la Iglesia Católica en México. La historia refiere la muerte de aproximadamente 250 mil mexicanos antes de que el 21 de junio de 1929 concluyeran los enfrentamientos al llegar a un acuerdo con el nuevo presidente Emilio Portes Gil.
A partir de esa fecha las relaciones de la Iglesia Católica y el Estado mexicano fueron de diálogo y respeto a la Constitución, pero con el llamado Grito de Guadalajara, pronunciado por el expresidente Calles el 21 de julio de 1934, se estuvo a punto de iniciar una segunda guerra cristera.
No solo esos hechos han puesto tensas las relaciones de las Iglesias y el gobierno, la debilidad humana y desde luego la diferencia de intereses y forma de pensar han propiciado que estas relaciones sean en ocasiones cercanas y en otras muy complicadas.
Como un elemento clave para que el gobierno de Carlos Salinas buscara legitimidad y apoyo político de la jerarquía católica, en el año 1992 se dio una reforma constitucional sobre la relación Iglesia-Estado, que otorgó personalidad jurídica a las iglesias y ministros de culto, incluyendo el derecho a votar, aunque se mantuvieron restricciones para que ocuparan cargos públicos, además de permitirles la propiedad de bienes, la celebración de cultos públicos fuera de los templos y se suprimió la prohibición de que las instituciones de beneficencia estuvieran bajo patronato de instituciones religiosas. Esta reforma eliminó prohibiciones históricas y significó una reconciliación y acercamiento entre el Estado y las iglesias.
Hoy en día, con la llegada de la 4T al gobierno, las relaciones con las Iglesias no han sido del todo respetuosas de la Constitución.
Mientras Morena y sus aliados, violando el artículo 130 constitucional y el espíritu de las Leyes de Reforma, mantienen una alianza cercana con la secta denominada Luz del Mundo, a la cual le ha otorgado espacios dentro de sus grupos parlamentarios y recientemente como Ministros, Magistrados y Jueces en el Poder Judicial, mientras que los Sacerdotes Católicos han sido víctimas de persecución por expresar públicamente su punto de vista sobre temas sociales, particularmente en materia de seguridad pública, y en no pocas ocasiones, los Diputados locales o federales de esos partidos han intentado callar la expresión de Sacerdotes y laicos católicos mediante proyectos de ley que violaría el ejercicio de derechos fundamentales.
Sin duda, para el gobierno cuatrotero es más importante contar con aliados políticos que el respeto a la libertad religiosa.
En los últimos 7 años han sido asesinados 12 Sacerdotes Católicos y 2 se encuentran desaparecidos, por ello desde hace más de 3 años, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) ha llamado a los Diálogos por la Paz, buscando alternativas para terminar con la violencia en nuestro país.
El pasado 13 de noviembre, la propia CEM hizo público un documento mediante el cual expresa las conclusiones a las que llegaron en la asamblea de todos los Obispos mexicanos reunidos en la CDMX, externando su preocupación por que lo que se dice que es un logro del gobierno en materias tan delicadas como seguridad pública, combate a la corrupción, economía, democracia y el respeto a los derechos fundamentales de las personas, no corresponde a la realidad que vivimos los mexicanos.
Finamente, los Obispos señalan no tener la solución a los problemas de México, pero reafirman su disposición de entablar un diálogo sincero con todos aquellos que amen a este país, lo que debe ser entendido como un llamado claro al gobierno para sentarse y, mediante el diálogo, encontrar juntos, opciones para el bien común.
Es mi opinión, a México le urge dejar de tener políticos que actúen en contra de la Iglesia, necesitamos un gobierno que vea en el ejercicio de la libertad religiosa un derecho fundamental de los mexicanos, y que entienda que solo escuchando a todas las voces es como se construye el bien común.
Vamos alzando la voz, fuerte, que se escuche en Palacio Nacional y en todos los rincones de la nación, pues México necesita de todos.
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