La Fiscalía General de la República concluyó que el descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido el 28 de diciembre de 2025 y que dejó 14 personas muertas y más de un centenar de lesionadas, fue causado por exceso de velocidad. De acuerdo con el análisis de la caja negra, el convoy circulaba a 65 kilómetros por hora en una curva donde el límite permitido era de 50, y en tramos rectos alcanzó hasta 111 kilómetros por hora. La FGR descartó fallas mecánicas o problemas en la infraestructura ferroviaria y sostuvo que tanto el tren como las vías se encontraban en condiciones adecuadas al momento del accidente.
Con base en estos hallazgos, la Fiscalía determinó ejercer acción penal por homicidio culposo y lesiones culposas contra los responsables de la operación del tren, al señalar directamente al maquinista por no respetar los límites de velocidad establecidos. La dependencia también afirmó que, hasta ahora, no existen indicios de irregularidades en la construcción del proyecto ni de corrupción en su ejecución, aunque familiares de las víctimas y especialistas han exigido que la investigación se amplíe para revisar posibles omisiones en la supervisión y en los protocolos de seguridad.
A poco más de un mes del accidente del Tren Interoceánico, ocurrido el 28 de diciembre de 2025 en Asunción Ixtaltepec, Oaxaca, en el que 14 personas perdieron la vida y más de un centenar resultaron heridas, persisten dudas, opacidad y acusaciones que ya no se limitan al terreno técnico. La investigación oficial sigue sin ofrecer un dictamen público integral que explique las causas del descarrilamiento de la Línea Z del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, una de las obras emblemáticas del sexenio anterior que hoy se ha convertido en un problema político de alto impacto.
Desde el primer momento, el gobierno federal ha adoptado una postura cautelosa. La Fiscalía General de la República y la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario mantienen bajo resguardo el tramo donde ocurrió el siniestro mientras se realizan peritajes en rieles, durmientes, balasto y terreno. Sin embargo, información clave –como los registros de operación del tren, las condiciones exactas de la vía, la velocidad del convoy y el estado de los sistemas de seguridad– no ha sido hecha pública. Las autoridades no han precisado cuánto tiempo permanecerán reservados esos datos ni bajo qué criterios se determinará su eventual apertura, lo que ha alimentado la percepción de opacidad institucional.
El Tren Interoceánico no es una obra menor. Forma parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, concebido como una plataforma logística para conectar el Pacífico con el Golfo de México y detonar el desarrollo del sur-sureste del país. La rehabilitación de la Línea Z implicó una inversión pública cercana a 20 mil millones de pesos y fue puesta en operación en 2023 como símbolo de eficiencia del Estado. La obra quedó bajo control de la Secretaría de Marina, que concentró funciones de construcción, supervisión y operación a través de la empresa estatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, un esquema que desde su origen fue cuestionado por la ausencia de contrapesos técnicos independientes.
El accidente reactivó un debate que ya existía en torno a los contratos y los proveedores del proyecto. Diversas investigaciones periodísticas habían documentado que empresas ligadas a contratistas recurrentes del sexenio anterior fueron beneficiadas con adjudicaciones clave para el suministro de balasto y otros insumos ferroviarios. Tras el descarrilamiento, esos señalamientos cobraron mayor peso político, al cruzarse con denuncias de posibles redes de influencia en la asignación de recursos públicos.
En ese contexto, Latinus difundió una grabación en la que Amílcar Olán, empresario cercano al círculo del poder, habla de negocios relacionados con el suministro de balasto para obras federales y menciona el respaldo de Gonzalo “Andy” López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. A grandes rasgos, en el audio se describe cómo esa cercanía permitiría facilitar acceso a minas y contratos vinculados a proyectos estratégicos, lo que reforzó la percepción de una red de contratistas operando con respaldo político. Aunque no se trata de una prueba judicial, la grabación intensificó los cuestionamientos sobre la relación entre poder político y proveedores del Tren Interoceánico.
Durante el sexenio pasado, la participación de López Beltrán fue presentada como honoraria, sin atribuciones formales ni remuneración. No obstante, su presencia constante en el proyecto y los señalamientos sobre contratos favorecidos alimentaron la narrativa de que existió un clima de permisividad, donde las decisiones técnicas pudieron haber quedado subordinadas a intereses políticos. Para la oposición, el accidente obliga a revisar no sólo el estado de las vías, sino la cadena completa de decisiones que rodearon la obra.
Las críticas políticas se han endurecido. Legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano han hablado de negligencia, de un modelo de gestión cerrado y de la falta de auditorías independientes en una obra blindada por su carácter emblemático. Han exigido investigaciones a fondo, auditorías integrales al Corredor Interoceánico y responsabilidades administrativas y penales para funcionarios y empresas involucradas, al considerar que el discurso anticorrupción del sexenio anterior no resistió la prueba de los hechos.
En el centro del debate están las víctimas y sus familias, que reclaman algo más que apoyos económicos. Exigen conocer las causas reales del accidente, tener acceso a los peritajes completos y contar con garantías de que no se repetirá una tragedia similar en otros tramos del corredor. Para ellos, la falta de información clara y la reserva prolongada de datos técnicos refuerzan la idea de que el caso podría diluirse para evitar costos políticos.
La opacidad se ha convertido así en uno de los principales señalamientos. Registros operativos, dictámenes preliminares y resultados de la investigación permanecen bajo custodia oficial sin un calendario definido de publicación. A más de un mes del accidente, la información disponible es fragmentaria y controlada, lo que contrasta con la magnitud del proyecto y con la gravedad del saldo humano.
Para el gobierno actual, el Tren Interoceánico representa una prueba incómoda. Aunque la obra fue heredada, la responsabilidad de esclarecer los hechos y transparentar la información recae en la administración en turno. Cada silencio prolongado erosiona la confianza pública y fortalece la narrativa de encubrimiento, mientras que cualquier señalamiento directo al pasado implica un costo político interno.
El descarrilamiento dejó de ser un accidente ferroviario para convertirse en un caso emblemático sobre poder, obra pública y rendición de cuentas. La pregunta que permanece abierta no es sólo qué falló en las vías del Istmo, sino si el Estado mexicano está dispuesto a abrir completamente la información, asumir responsabilidades políticas y revisar a fondo uno de los proyectos más representativos del obradorismo. En esa respuesta se juega no sólo la memoria de las víctimas, sino la credibilidad de un modelo de gobierno que prometió hacer las cosas de manera distinta.
Te puede interesar: Generación Z, entre el repliegue y el regreso
Facebook: Yo Influyo
comentarios@yoinfluyo.com
