La captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, confirmada a inicios de enero, marca un punto de quiebre para América Latina. No se trata únicamente del final abrupto de un régimen autoritario, sino de una acción que reabre un debate profundo sobre el orden internacional, la legitimidad del uso de la fuerza y el papel de los Estados frente a gobiernos que han erosionado sistemáticamente la democracia. México no es un espectador lejano de este episodio: su postura, su economía y su responsabilidad regional están directamente implicadas .
Durante más de una década, Venezuela acumuló cifras devastadoras. La ONU estima que más de 7.7 millones de venezolanos han abandonado su país; su economía se contrajo más de 75 % desde 2013, y la inflación alcanzó niveles de colapso institucional. Estos datos explican el hartazgo internacional, pero no justifican automáticamente el método. La intervención directa de una potencia extranjera, al margen de tribunales internacionales, deja una pregunta incómoda: ¿qué queda del derecho cuando la urgencia política decide el camino? .
La reacción de América Latina ha sido profundamente dividida. Gobiernos que durante años denunciaron el autoritarismo venezolano celebraron el fin de Maduro; otros condenaron el operativo por considerarlo una violación a la soberanía. México se ubicó en una posición intermedia y cautelosa: condenó el uso de la fuerza, pero evitó respaldar al régimen depuesto. Esta postura refleja una tensión histórica de la diplomacia mexicana: la defensa del principio de no intervención frente a la obligación ética de no ser indiferentes ante la destrucción democrática .
El impacto no es solo político. Los mercados reaccionaron con prudencia; el peso mexicano inició el año fortaleciéndose frente al dólar, impulsado por expectativas de estabilidad macroeconómica y flujos de inversión relativamente sólidos, incluso en medio del ruido geopolítico regional. Sin embargo, la incertidumbre persiste. Cada crisis latinoamericana incrementa presiones migratorias, altera cadenas energéticas y obliga a México a asumir costos humanitarios que no siempre se reconocen en el debate público .
En este contexto, resuena con fuerza el mensaje del Papa León XIV al cerrar el Año Santo 2025. Desde el Vaticano, llamó a rechazar la lógica de la violencia, el descarte y la ley del más fuerte, advirtiendo que ninguna causa, por legítima que parezca, puede sostenerse sobre la negación de la dignidad humana. No fue un discurso abstracto. Fue una interpelación directa a líderes y sociedades que normalizan soluciones expeditas cuando la justicia parece lenta o ineficaz .
México enfrenta hoy un dilema que va más allá de Venezuela. Debe decidir si su política exterior se limita a principios formales o si es capaz de articular una defensa activa de la democracia, el derecho internacional y las personas concretas que sufren sus ausencias. No se trata de aplaudir intervenciones ni de justificar dictaduras, sino de fortalecer mecanismos multilaterales, tribunales internacionales y salidas políticas que eviten que la fuerza vuelva a imponerse como atajo.
La caída de Maduro no cierra la crisis venezolana. Apenas abre una etapa más compleja. Para México, el desafío es no perder su brújula moral ni su responsabilidad histórica: defender la legalidad, proteger a los más vulnerables y recordar que la paz auténtica nunca nace de la imposición, sino de la justicia.
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