En las entrañas de una crisis de seguridad que no cede, México enfrenta hoy una paradoja devastadora: mientras el país aspira a consolidarse como destino de inversión global, la delincuencia organizada erosiona sistemáticamente las bases de su crecimiento económico. Los eventos de este fin de julio han dibujado con trazos dramáticos una realidad que golpea tanto al tejido social como al empresarial: la inseguridad no es solo un problema de orden público, sino una amenaza existencial para el desarrollo económico nacional.
La magnitud del problema se revela en cifras alarmantes. La extorsión alcanzó un récord histórico con 5,887 víctimas en el primer semestre de 2025, representando un aumento del 6.9% respecto al mismo período de 2024. Este delito, que golpea especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), representa el factor que más impacta la operación empresarial y la generación de empleos. Para dimensionar su gravedad: solo el 3.3% de las extorsiones se denuncian, lo que significa que la cifra real supera los 170,000 casos anuales.
Los narcobloqueos y la violencia empresarial han escalado a niveles inéditos. Los acontecimientos en Aguascalientes del 26 de julio, donde 27 personas fueron detenidas tras el desmantelamiento de un campamento del crimen organizado, desencadenaron una ola de represalias que incluyó la quema de 20 vehículos y múltiples tiendas comerciales. Esta respuesta del crimen organizado ilustra su capacidad de paralizar la actividad económica como mecanismo de presión contra las autoridades.
En Sinaloa, la guerra entre las facciones “Los Mayos” y “Los Chapitos” ha devastado el sector empresarial: más de 15,700 empleos formales se han perdido en el último año, mientras que 7,000 patrones han sido dados de baja ante el IMSS[9]. Coparmex Sinaloa reporta que más de 1,800 negocios han cerrado, con pérdidas estimadas en 25,000 millones de pesos. El estado registró un incremento del 360% en homicidios durante junio de 2025 respecto al mismo mes de 2024.
El impacto económico de la violencia trasciende las estadísticas locales. Según el Instituto para la Economía y la Paz, la violencia le costó a México 4.5 billones de pesos en 2024, equivalentes al 18% del PIB nacional. En términos per cápita, esto representa 33,905 pesos por mexicano, una cifra superior al salario mensual promedio de un trabajador[15]. Los homicidios representan el 38% de este costo (1.7 billones de pesos), mientras que los crímenes violentos constituyen el 33% (1.5 billones de pesos).
La paralización del crecimiento económico encuentra en la inseguridad su principal catalizador. Los especialistas del sector privado apenas proyectan un crecimiento económico de 0.20% para 2025, mientras que el PIB trimestral mostró un magro 0.2% en el primer trimestre[18]. La inversión extranjera directa, aunque alcanzó un máximo histórico de 21,373 millones de dólares en el primer trimestre de 2025, en realidad representó una caída del 21% en términos reales cuando se excluyen las reinversiones y cuentas entre empresas[19].
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advierte que la confianza empresarial se encuentra en niveles similares a los de la pandemia: solo el 38.3% de los empresarios considera que es buen momento para invertir, una caída de 12.8 puntos porcentuales motivada principalmente por la inseguridad, el ambiente político y la falta de certeza jurídica.
Seis de cada diez empresas se consideran afectadas por la delincuencia, tanto común como organizada. El 41.7% de los robos a negocios (34,012 carpetas en el primer semestre de 2025) fueron cometidos con violencia[2], mientras que 124.3 mil millones de pesos tuvieron que ser invertidos por las empresas en equipos de seguridad y protección.
El panorama se agrava cuando consideramos que México destina apenas 0.7% de su PIB a seguridad pública y sistema de justicia, menos de la mitad del promedio de América Latina. Esta inversión insuficiente contrasta dramáticamente con los 633.1 mil millones de pesos que el gobierno gasta en contener la violencia, equivalentes al 12.8% del impacto económico total.
La crisis trasciende las cifras: es una crisis de confianza, de tejido social, de futuro compartido. Cuando empresarios sinaloenses migran hacia la informalidad por supervivencia, cuando comerciantes cierran por extorsión, cuando inversionistas extranjeros reconsideran sus planes por narcobloqueos, no solo se pierden empleos y divisas: se fractura la esperanza de prosperidad colectiva.
México enfrenta una encrucijada definitoria. O fortalece decididamente sus instituciones de seguridad y justicia, generando las condiciones mínimas para que florezca la inversión productiva, o seguirá pagando el costo más alto de todos: el de un futuro hipotecado por la violencia. La solidaridad, ese principio que debe inspirar la acción ciudadana, exige hoy más que nunca una respuesta coordinada entre sociedad, empresarios y gobierno para rescatar no solo la seguridad, sino la viabilidad misma del proyecto nacional de desarrollo.
La delincuencia organizada no solo asesina personas: mata oportunidades, empleos, sueños y el futuro económico de México.
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